La petición canalizada por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) indica que esos recursos serán para pagar exclusivamente los proyectos de los Codedes que hasta el 31 de diciembre del 2019 cuenten con convenios y contratos firmados y avance físico registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip).
La lista de proyectos elegibles será validada mediante un inventario realizado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación y la Secretaría de Coordinación de Ejecutiva de la Presidencia, quienes certificarán el avance físico. “En ningún caso la ampliación puede superar el 50 por ciento de su asignación nacional total disponible para el 2020”.
Los ediles proponen que el monto sea de hasta Q650 millones, suma que corresponde, aproximadamente, el 50 por ciento de lo que se proyecta no se ejecutará al concluir el presente ejercicio fiscal, el cual asciende a Q1, 375 millones799 mil 095.
La solicitud presentada ante la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda del Congreso de la República se debe a que los Consejos de Desarrollo han ejecutado hasta el 25 octubre solo Q728 millones 309 mil 917 (26.83 por ciento) de los Q2 mil 616 millones 414 mil 860 asignados para el 2019.
El departamento de Guatemala es el que menos ha ejecutado, pues solamente lo ha hecho con Q32 millones 738 mil 872 (10 por ciento) de los Q328 millones 741 mil 291 asignados, mientras que Escuintla es el que más a aprovechando estos fondos pues ha ejecutado Q67 millones 267 mil 091 (64 por ciento).
Es un sistema perverso
Según el presidente de la Anam, Edwin Escobar, el sistema de Consejos de Desarrollo se pervirtió desde el 2012 cuando a la expresidenta Roxana Baldetti “se le ocurrió que la gestión fuera por resultados porque se convirtió en una consigna para ponerle trabas y requisitos a las obras y así el Gobierno Central recorte los recursos de los gobiernos locales.
“Las obras que no logran terminar de ejecutarse física o financieramente hasta el 31 de diciembre de cada año, su saldo lo tiran a la caja del renglón 12 que el Ejecutivo emplea para gastos de funcionamiento. Con esos recursos compran lo que quieren como aviones y buques, porque no tienen por qué rendirle cuentas al Congreso”, afirma Escobar.
El presidente de la Anam asegura que de los Q2, mil 600 millones que se asignaron a los Consejos de Desarrollo se han desembolsado Q1 mil 200, por lo que la diferencia de Q1 mil 400 millones pasarían a la caja del Gobierno para gastar en lo que quieran.
Escobar dijo que durante los cuatro años de su gestión como presidente de la Anam han logrado que el Congreso les asignen en el Presupuesto General de Gastos los fondos que han solicitado para cancelar la deuda de arrastre, por lo que espera que ahora se los aprueben nuevamente.
El presidente de la Anam dijo que de no aprobarse el proyecto se van a paralizar las obras que actualmente se ejecutan el 31 de diciembre y serán reprogramadas para finales de abril con los fondos del presupuesto del 2020 o con los fondos propios de las municipalidades.
Recursos muy opacos
Renzo Rosal, exsubsecretario Ejecutivo de la Presidencia para la Descentralización durante el gobierno de Óscar Berger, dice que los problemas de baja ejecución de los Codedes siempre han existido debido a que el sistema ofrece trámites muy engorrosos para ejecutar.
Sin embargo, resalta que también incide la incapacidad de los gobiernos locales para presentar “proyectos decentes con criterios técnicos mínimos para ser sujetos de financiamiento, a lo cual se debe de agregar la intromisión de estructuras de proveedores y contratistas de obra que meten que alteran la dinámica de alineación de los recursos.
En cuanto a la solicitud de la Anam de Q650 millones Rosal dice que no corresponde porque solamente es un paliativo en los momentos de transición política para suplantar la baja ejecución y no contribuye para que los Codedes tengan mejor capacidad de ejecución y planificación las municipalidades sean más responsables.
El exsubsecretario del Ejecutivo considera que esos paliativos de cuidar la obra de arrastre constituyen una medida inefectiva y muy opaca porque la obra de arrastre no se sabe si se ejecutó y cuál es su calidad. Solo pagar porque sea deuda no es una justificación. “Esta opacidad están muy cerca de la corrupción, no se solucionan con planteamientos como los de la Anam”.
Es una petición inviable
La exjefa de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Karin Slowing, considera que la petición municipal es inviable, porque debe ser aprobada por el Congreso de la República y que “en principio no se puede pasar deuda para el siguiente ejercicio fiscal”.
Slowing dice que para cumplir con esta petición se requiere de una acción extraordinaria del Parlamento, y que aunque en este Congreso puede pasar cualquier cosa, prevé que no le pondrán atención debido a que no existen condiciones para discutirlo porque solo queda un mes para que sea aprobado el Presupuesto 2020. “Los diputados están ocupados en otras cosas, menos en el bienestar del país”.
En cuanto a la gestión por resultados, Slowing dice que esto requiere de un acondicionamiento institucional que ni los ministerios tienen. “Nadie ha tomado en serio los problemas de gestión para resolverlos, pues es una cadena que también involucra al Ministerio de Finanzas, Segeplán, los Codedes y las municipalidades”.
Se debe capacitar al personal
El experto en temas de poder local Edy Cifuentes considera que la solicitud de 650 millones es enviable, porque es un tema que ha politizado el presidente de Anam, Edwin Escobar. “Habrá que pensar seriamente en cambiar procesos, pero en esencial impulsar una carrera administrativa municipal”.
En la misma línea, el asesor en temas ediles dice que es “urgente dotar a los municipios de herramientas administrativas, pero que básicamente se debe capacitar a los cuadros técnicos y en este sentido han estado ausentes la Anam, el Instituto Nacional de Fomento Municipal y hasta el Instituto Nacional de Administración Pública.
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