Para luego retirarles la inmunidad a cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad siendo estos Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía a quienes el pasado viernes la Corte Suprema de Justicia integrada con magistrados suplentes algunos de ellos señalados de haberse reunido o haber tenido algún tipo de comunicación con Gustavo Alejos, autorizó el trámite de solicitud de antejuicio.
Algunos diputados, señalan que incluso cuentan con el voto del diputado Armando Melgar Padilla y que lo llevarían en silla de ruedas.
El tercer vicepresidente del Congreso e integrante de la Comisión Permanente, Armando Catillo indicó que ellos lo que han hecho hasta este día es cumplir con lo que la ley manda, que es elegir una comisión pesquisidora.
“Nosotros creemos que estamos cumpliendo con la ley, no podemos cometer actos ilegales, si alguna Corte los está cometiendo es asunto de ellos, nosotros como comisión permanente no podemos cometer actos ilegales, nosotros esperamos que esto tenga un desenlace favorable”, dijo Castillo.
El parlamentario manifestó que esto sucede en el momento en el que los guatemaltecos están preocupados por los colapsos en los hospitales, y preocupados por la pandemia, y todos deberíamos de trabajar unidos para sacar adelante, esperamos que los magistrados recapaciten y que entiendan no pueden autoampararse y que esto se resuelva de la mejor manera posible.
“El expediente original lo tiene la Comisión Pesquisidora, eso se hizo en el trámite legal lo que la ley nos indica a nosotros. Hay un momento en la vida en el que los guatemaltecos lo debemos afrontar con valentía y creo que este es uno de estos momentos, de parte de mi representación de Viva en la Comisión Permanente no es venganza, sino que es en función en respeto al estado de Derecho si los impartidores de justicia pueden cometer algún ilícito y juzgarse ellos mismos creo que es un mal mensaje”, refirió.
Castillo añadió que a los magistrados no se les está condenando, y que el pleno solo debe determinar si hay un hecho ilícito. Considero que ellos debieron haberse inhibido de conocer un asunto que les afectaba a ellos, no puede alguien ser juez y parte, también del lado de la CSJ también debieron haberse inhibido algunos magistrados porque tenía interese en el asunto, todos debemos de recuperar la confianza al sistema de justicia.
Mientras que el diputado Luis Rosales del bloque Valor, integrante de la comisión permanente y de la Comisión Pesquisidora indicó que ellos van a continuar con la pesquisa en contra de los cuatro magistrados.
“Somos congruentes con la posición que hemos asumido los diputados que conformamos la comisión permanente, por supuesto que tenemos el expediente porque sobre el debemos de trabajar, la comisión pesquisidora se mantiene en firme, está trabajando y vamos a hacer lo que dice la Ley en Materia de Antejuicio, vamos a velar por el debido proceso, derecho de defensa, vamos a velar por las garantías que otras cortes no lo han hecho”, dijo el diputado.
Rosales dijo que por el momento no han recibido otra notificación, sabemos que la Corte remitió lo conducente, entiendo que ese es el procedimiento.
La denuncia que presentaron los magistrados de la CC, la conocerá la fiscalía de Delitos Administrativos.
Con la frase de Marco Tulio Cicerón: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes”, explicó su postura el jefe de bancada del partido Humanista, Rudio Lecsan Mérida.
Mérida manifestó que ellos están del lado de la Constitución y del estado de Derecho, y lo que está sucediendo es que se estableció un poder más allá de la Constitución y la Ley que creen que pueden atentar contra la propia constitución.
“El autoamparo es un delito que se llama prevaricato, nadie puede ser juez y parte porque todos pueden ser sometidos al imperio de la ley. Cunado un juez o un magistrado utiliza el cargo para protegerse así mismo es un delito. Aunque la CC haya resuelto en otro tiempo lo mismo, el error no es fuente de derecho y mi posición es defender la Constitución, yo juré defenderla”, dijo Mérida.
Añadió: “Estoy dispuesto a votar para retirarles la inmunidad. Lo que quiero aclarar es que no estamos en una crisis constitucional. Los magistrados actuaron a título personal utilizando el cargo”.
Mientras que el jefe de bancada de Creo, no quiso referirse si van o no apoyar en retirarles la inmunidad a los magistrados de la CC y que su mayor preocupación es la reactivación económica.
“Vemos con mucha preocupación este pleito entre abogados que representan el Poder Judicial, que nos va afectar a todos los guatemaltecos quienes queremos una justicia objetiva y clara, pero en este momento nuestra prioridad debe ser la reactivación económica. Según los análisis jurídicos que hemos visto, las decisiones de la CC pueden ser legales, no necesariamente son éticas por haberse autoamparado”, indicó Neutze.
Sin embargo, diputados de la bancada Creo podrían votar a favor de retirarles la inmunidad a los magistrados de la CC.
Guardan distancia
Por aparte, los bloques legislativos Bien -tres diputados- Winaq, Semilla, PAN -1 diputado- UNE -31 diputados-, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urgn) rechazaron las actuaciones de la Comisión Permanente y piden a la Organización de Estado Americanos que acompañe la crisis política para hacer vales la carta democrática ante las amenazas de rompimiento del orden constitucional.
Sin embargo, los 50 diputados que firmaron la carta no son suficientes para frenar lo que intentan hacer los parlamentarios aliados al bloque oficialista, ya que contarían con 110 votos para retirarles la inmunidad a los magistrados, lo mínimo que necesitaban con 107 votos.
En la carta que le enviaron a Almagro los diputados, le exponen que en el marco del esfuerzo por contrarrestar la cooptación de las instituciones nacionales por parte de redes de corrupción, se ha desarrollado un conflicto entre poderes del Estado en el que se está atentando contra la independencia judicial y se recurre a la persecución política de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
“Esta persecución amenaza el orden constitucional, la vigencia del estado de Derecho y la naturaleza democrática de nuestras instituciones”, exponen en la carta.
También que lo hacen en ejercicio de la responsabilidad que tiene como representantes políticos de la ciudadanía por lo que le solicitan iniciar gestiones para que de manera más urgente y en el marco de lo establecido en la Carta Democrática Interamericana proceda a hacer un análisis de la situación que atraviesa Guatemala en estos momentos.
El politólogo Jahir Dabroy indicó que acá hay una disputa de relación de poderes, cuando hay una interpretación constitucional de este tipo, lo que está detrás más allá del debate jurídico está el debate político.
“Los actores que están tratando de activar la Comisión Pesquisidora en contra de los magistrados, en buena medida lo que están buscando es aprovechar la coyuntura -pandemia- y la poca fiscalización a los diputados para tratar tener una readecuación en el tema de corte, para ellos es el momento perfecto para realizarla” refirió el politólogo.
Dabroy añadió que la poca institucionalidad que hay en el país está a punto de derrumbarse. Es importante que el presidente Alejandro Giammattei se pronuncie como líder de la unidad nacional, esto más allá de un debate jurídico es un debate de relaciones de poder.
