Los avances en las investigaciones que emprendió la Fiscalía de Delitos Económicos establecieron que Geovanni Marroquín, asesor de la empresa Tres Puertos; el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco; el exintendente Jurídico Alfonso Castillo y el exintendente de Fiscalización Ariel Guerra, tendrían una línea propia de negocios ilícitos.
Los hallazgos indican a los fiscales que unas 20 empresas podrían haber utilizado los servicios de este grupo para gestionar más rápido la devolución del crédito fiscal o evitar auditorías. Entre esas firmas se encuentran compañías de hule, azúcar, gas, palma africana, chatarra y hierro.
Los negocios manejados con estas entidades podrían haber alcanzado los Q300 millones, monto por el cual Marroquín recibió en concepto de sobornos Q34.5 millones, que se repartió con Franco, Guerra y Castillo.
Forma de operar
Marroquín era el enlace principal entre los clientes y los funcionarios de la SAT.
“Con ayuda de un intermediario, contactaban a las empresas para darles las negociaciones disfrazadas de asesorías”, se explicó en la Fiscalía a cargo de la investigación.
La mayoría de solicitudes estaban relacionadas con la devolución del crédito fiscal, que según afirmaron, son procedimientos en los que la SAT se tarda hasta cuatro años para hacerlos efectivos, debido a la cantidad de peticiones que llegan a la entidad tributaria.
En el desarrollo de los acuerdos, Marroquín requería a sus clientes el 11.5 por ciento del total de la devolución fiscal que la empresa solicitaba.
Una vez llegaban a un acuerdo con Marroquín, él llamaba a sus contactos en la SAT —Franco y otros funcionarios de alto rango— para informar que su cliente necesitaba un procedimiento.
Los entonces funcionarios de la SAT gestionaban la aceleración, si se trataba de una devolución fiscal, o bien cancelaban alguna de las auditorías que estuviera programada para hacer.
“En esta parte se considera que estaban las irregularidades, ya que los funcionarios ordenaban que la empresa del cliente se ahorrara una cola que tardaba hasta cuatro años y su trámite fuera en dos años o menos”, se ejemplificó en la Fiscalía.
Se agregó: “Para comprobar esas acciones ilícitas encontraron que tres empresas hicieron la solicitud de la devolución; dos de ellas siguen a la espera de que la SAT las audite para que puedan recibir su dinero, mientras la que asesoró Marroquín recibió el dinero en menos de dos años”.
Pagos y facturas
Con las resoluciones listas informaban a Marroquín, quien de inmediato avisaba al “cliente” que ya podía ir al Banco de Guatemala a retirar el dinero.
Después cobraba la comisión, que era pagada en cheques a nombre de al menos cinco compañías relacionadas con él.
“Marroquín emitía facturas por estos servicios, aunque en realidad correspondían al cobro de las comisiones”, revelaron las fuentes.
Los cheques eran cobrados por su asistente y el efectivo, después, era entregado a personas cercanas a los entonces funcionarios.
Por medio de un testimonio, la Fiscalía constató que el asistente de Marroquín le entregó dinero en “concepto de soborno” al piloto de Ariel Guerra y, además, que parte de las “comisiones” fueron utilizadas para pagar las tarjetas de crédito a nombre de Franco.
Otras de las pruebas encontradas a Marroquín y que sustentan esa red, son cuadros de controles de los pagos pendientes que tenía con los funcionarios de la SAT.
Aceros
El 10 de junio último, la fiscalía de Delitos Económicos entregó la acusación formal al Juzgado de Mayor Riesgo B, contra 15 personas señaladas en dicha red.
La investigación preliminar reveló que Aceros de Guatemala es una de las empresas que, por medio de Marroquín, buscó los servicios de Tres Puertos, los cuales eran disfrazados de asesorías contables para crear un blindaje tributario.
“El servicio que brindaba era evitar las auditorías de la SAT y que se agilizara el pago de devolución del crédito fiscal de la empresa acerera”, se indicó.
Marroquín gestionó tres devoluciones del crédito fiscal a Aceros de Guatemala, valoradas en Q21.2 millones por los que recibió una comisión del 11.5 por ciento, que significó Q2.4 millones, según las investigaciones de la Fiscalía.
“Las tres negociaciones fueron por Q11.8 millones, Q9 millones y Q1.3 millones”, se detalló.
La Fiscalía a cargo de las pesquisas no ha podido establecer de forma precisa en qué momento Marroquín y los exfuncionarios de la SAT comenzaron a promover este tipo de negocios ilícitos.
Asimismo, se sospecha que el número de las empresas que en teoría asesoró la organización de defraudación podría crecer, pues los investigadores sospechan que el ex superintendente Franco manejaba su propia “cartera de clientes”.
De comprobarse, el dato de las comisiones también podría variar.
Embargan 16 bienes
Seis inmuebles y 10 vehículos de diferentes marcas, a nombre de empresas relacionadas a Geovanni Marroquín podrían pasar al Estado, luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera la inmovilización.
En la Fiscalía de Delitos Económicos del MP se informó que la petición fue requerida el pasado jueves al juzgado, para que se investigue si fueron adquiridos con dinero lícito.
Algunos de los bienes inmovilizados eran las empresas que prestaban servicios de los negocios ilícitos disfrazados de asesorías contables.
Cuentas
Además, se informó que también se pidió el embargo de varias cuentas bancarias, sin mencionar la cantidad y a quién correspondían.
No se descartó que se embarguen bienes de los otros implicados en el proceso penal que se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo B.
Antecedentes
El 12 de febrero último, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desarticularon una estructura de defraudación.
Por este caso, conocido como Impunidad y Defraudación, están ligadas a proceso 15 personas entre exfuncionarios y auditores de la SAT y particulares relacionados a dichas empresas.
La acusación formal del caso fue presentada el pasado 10 de junio y cuatro días después se tenía programada la audiencia de fase intermedia —audiencia en la que el juez decide si envía a juicio oral y público a una persona—, aunque se suspendió por el desarrollo de otras audiencias programadas.
Ligados a proceso
En el caso Impunidad y Defraudación hay 15 personas señaladas, lo que incluye a la empresa Aceros de Guatemala, estas son:
- Álvaro Omar Franco
- Élder Fuentes García
- Geovanni Marroquín
- Ariel de Jesús Guerra
- José Mangandi Ortiz
- Alfonso Romeo Castillo
- Evelin Yulisa Gómez
- Alicia López Paiz
- Osmin Ronaldo Ceijas
- Giovani Estefan Reyes
- Nidia Verónica Espina
- Julio Ernesto Román
- Pedro J. Raúl Paiz
- Alfredo M. Ledocarrillo
- Rigoberto Chacaj Soc
- Frank M. Trujillo, el abogado de Aceros de Guatemala no había sido ligado y fue hasta mayo que el juzgado lo vinculó.
