La deuda que enfrenta es por la adquisición de tres radares con la empresa española Indra por un valor de US$36.9 millones -unos Q288 millones-, compra que fue hecha hace tres años.
La modificación presupuestaria hecha por el Ministerio de Finanzas y hecha oficial este miércoles en el Diario de Centro América, permitirá empezar a regularizar los compromisos de pago adquiridos con el banco español.
El equipamiento, que sería utilizado en la lucha contra el narcotráfico, fue instalado en el Puerto de San José, Escuintla, Puerto Barrios, Izabal, y en Flores, Petén. Los tres son lugares cercanos a la frontera con México y Belice.
Justifican gasto
Durante una conferencia de prensa llevada a cabo esta tarde funcionarios de los ministerios de Finanzas Públicas (Minfin) y de la Defensa Nacional (Mindef), justificaron el gasto de los tres radares adquiridos por el Ejército.
Rosa María Ortega, jefa de crédito público del Minfin, detalló que la ampliación presupuestaria otorgada al Mindef de Q150 millones, es para pagar el crédito otorgado por el BBVA para la adquisición de los radares, cuyo monto asciende a US$36.96 millones.
El viceministro de la Defensa, Estuardo Coccio, explicó que previo al otorgamiento de la ampliación presupuestaria se hizo una consulta a la Procuraduría General de la Nación (PGN), por el hecho que existe una investigación a raíz de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas de la Nación por supuestas irregularidades.
Agregó que la PGN indicó que se tenía que hacer un análisis de riesgo por parte de tres direcciones del Minfin y que luego de emitir su dictamen el Ministerio de Finanzas tomó la decisión de otorgar la ampliación presupuestaria para el pago del crédito para la compra de los tres radares.
Williams Mansilla, ministro de la Defensa, presentó el Centro de Operaciones Aéreas ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) en donde se ubica el monitoreo y las pantallas de los radares que tienen 77 días de estar funcionando.
Compra cuestionada
En agosto de este año el Ministerio Público reveló que investiga a los exministros de la Defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio por la adquisición de tres radares.
Las pesquisas provienen de una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas.
La adquisición de los tres radares tiene varias irregularidades, entre las que se encuentra que el contrato que se firmó el 12 de diciembre del 2012 entre el Ministerio de la Defensa e Indra Sistemas, S. A., de España, se hizo bajo la legislación de ese país y, por ende, las controversias que puedan surgir en orden a la interpretación o cumplimiento del contrato se hará bajo la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.
El contrato incumple con las leyes aplicables en Guatemala, por lo que se priva al Estado de cualquier derecho o reclamo que surja durante su ejecución.
La compra de los radares está contemplada en el decreto 28-2012 del Congreso, con el que se aprobó el crédito de US$36 millones 964 mil 870 con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. De ese monto se destinaron US$33 millones 220 mil “para el suministro, instalación, puesta a punto y pruebas en campo, en estado operativo de tres radares ARSR-10D3LR3D en banda L”, y la prima de la póliza de seguro emitida por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A., por US$3 millones 744 mil 874.
El decreto autoriza al Ministerio de la Defensa a suscribir un contrato comercial, pero no indica que deba hacerse bajo una legislación diferente a la guatemalteca, por lo que se debieron respetar las leyes del país.
¿Para qué sirven?
Los radares ubicados en Petén, Izabal y el puerto de San José, Escuintla, son utilizados para la detección de aeronaves que posiblemente trasladen ilícitos por el territorio nacional, indicó Mansilla.
También mencionó que la capacidad de los radares es mayor de los que utiliza la Dirección General de Aeronáutica Civil, y que detectan objetos mayores a un metro cuadrado.
*Con información de EFE
