Se actualizaron los marcos legales de la electricidad y telecomunicaciones para lograr competencia y eficiencia en ambos sectores. La apertura económica y la inversión lograron la generación de más empleos y crecimiento económico. Se podría afirmar que Guatemala se encaminaba a la senda del desarrollo.
Lamentablemente, durante los siguientes 20 años no se continuó con esta dinámica. El gobierno del FRG se concentró en cooptar la institucionalidad y llevar a su candidato a la presidencia. Luego, cuando ganó la alianza Gana, tuvo dificultad para rescatar la gobernabilidad provocada por el antecesor. Pese a ello mejoraron los índices de salud y educación, bajó la pobreza y se invirtió en infraestructura.
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También se trabajó en la recuperación de la seguridad ciudadana y en ganarse de nuevo la confianza de la población. De hecho, el 2007 es recordado como récord en el crecimiento económico (6.3%) en la era democrática. Luego el gobierno de la UNE buscó perpetuarse en el poder con los programas clientelares como Cohesión Social. El país llegó a tener en el 2009 la tasa de homicidios más alta de nuestra historia (45.4 por cien mil habitantes).
Lejos de seguir modernizando los servicios e ir adaptando la institucionalidad a los requerimientos del mundo, desviaron recursos para asegurar la próxima elección, mantenerse en el poder y hacerse de riqueza.
El Partido Patriota, con un discurso anticorrupción, generación de más empleos y brindar seguridad, durante los primeros años consiguió recuperar la economía, mejorar la seguridad y trató de introducir cambios en los sistemas sociales, pero la ambición de poder y lujos llevaron al país a una de las épocas de mayor corrupción de la historia. Los guatemaltecos, indignados por los incesantes escándalos de corrupción, respaldaron la persecución penal y dimisión del presidente y la vicepresidenta.
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En el 2016 se visualizaba una época de cambio, los guatemaltecos buscaban “la nueva política”. El gobierno de FCN-Nación capitalizó ese anhelo; sin embargo, llegó con muchos inexpertos e incapaces de fortalecer y transformar las instituciones. Los sindicatos públicos, con sus pactos colectivos y privilegios, dominaban al Gobierno y resultaban un obstáculo para mejorar los servicios. Ejecutar recursos se convirtió en una tarea titánica. Un gobierno que se dedicó a defenderse de quienes pretendían usurparle el poder y enfrentar a una Corte de Constitucionalidad convertida en rectora de los asuntos económicos, internacionales, políticos, legislativos, mas no en defensa del orden constitucional.
Llegó el gobierno del partido Vamos y el primer desafío que encontró apenas al tomar posesión fue la pandemia. El 2020 resultó difícil no solo para Guatemala, sino para el mundo. Muchas personas han muerto y a pesar de que se desarrollaron las vacunas persisten distintas cepas que tienen otro alcance. Aquí es donde se devela la disfuncionalidad del modelo de gobierno, una gestión pública obsoleta e inservible, sin sistemas de información, logística y control.
Lo clave en este punto es cambiar la ruta para transformar el destino de Guatemala en beneficio de sus habitantes. El Cien ve una ventana de oportunidad para realizar reformas que permitan la modernización del país. El año pasado, en julio, a raíz de la pandemia, se trabajó una propuesta que incluye recomendaciones de corto, mediano y largo plazo en los temas de Salud y Nutrición, Educación y Tecnología, Economía e Infraestructura, Seguridad Ciudadana y Justicia Criminal, así como reformas necesarias de la Gestión Pública: Servicio Civil, Adquisiciones Públicas, Contraloría de Cuentas y Presupuesto.
La vía
Para implementar con éxito los cambios es necesario trabajar un eje horizontal: la transformación hacia un gobierno digital. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramienta para mejorar los servicios públicos es indispensable. Además de diseñar una hoja de ruta con colaboración de distintos sectores, deben concretarse las acciones prioritarias: identidad digital, datos abiertos, acceso a internet, capacitación para los ciudadanos, mejora de procedimientos y colocación del usuario en el centro de los cambios que se realicen.
Para lograr eficiencia y transparencia se requiere, además de voluntad política, cambiar la gestión pública. Sobre todo, los trámites deben reducirse y los procesos deben rediseñarse para facilitar los servicios públicos a los guatemaltecos. El cambio debe abarcar prioridades como actualizar los sistemas administrativos del Gobierno: abordar el Presupuesto General de forma integral, hacer eficiente el sistema de adquisiciones públicas, modernizar la Contraloría General de Cuentas y fundar el Servicio Civil con base en el mérito y la excelencia. Este último requerirá una revisión profunda de los pactos colectivos en el sector público.
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En el área de salud, utilizar la transformación digital sería como la orientación y reingeniería que requiere el Ministerio de Salud, pues urge definir canastas de atención estratificadas con sus respectivas plataformas de entrega de estos servicios. En educación se debe contar con una estrategia de mejora de la educación con el uso de las nuevas tecnologías, incluyendo la capacitación de los docentes y al mismo tiempo fortalecer a los directores de centro y las organizaciones de padres de familia.
En economía, debe alinearse la política fiscal, monetaria y comercial para crear condiciones que faciliten la atracción de inversión y creación de empleo. Asimismo, asegurar una mayor flexibilidad en el mercado laboral es fundamental para apoyar la conservación de puestos de trabajo. Respecto de seguridad ciudadana, será definir una estrategia para la Policía Nacional Civil que permita prevenir delitos, aprovechar la tecnología para contar con datos y realizar análisis oportunos. Debe contarse con un plan para construir nueva infraestructura en el sistema penitenciario e ir cambiando el modelo de gestión. Es importante mejorar la coordinación interinstitucional del sistema de justicia criminal, superar los cuellos de botella y usar la tecnología. Urgente elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones.
Es momento de trabajar juntos y unidos por una Guatemala mejor. Se debe aprovechar la tecnología de futuro, aprendiendo de la sabiduría del pasado, para co-crear un presente en armonía buscando el bienestar de todos.
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María del Carmen Aceña es vicepresidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
