Sin embargo, a la vez temen que, inevitablemente, el anuncio también puede representar repercusiones negativas para Guatemala debido a que se señala a una de las partes más importantes del Estado de ser cómplice de la corrupción.
El pasado 27 de diciembre, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de Compromiso Mejorado para el Triángulo Norte de Centroamérica en la cual se incluye la obligación del Departamento de Estado de elaborar un listado de personas que hayan participado en corrupción, obstrucción significativa de las investigaciones sobre tales actos, o bien sea en procesos que socaven las instituciones democráticas.
Porras se unió a los primeros 20 guatemaltecos que el pasado 1 de julio inauguraron esta lista, que incluyó desde diputados, abogados, exjueces, exfuncionarios, un empresario y un exalcalde, hasta magistrados y el expresidente Álvaro Colom.
Según EE. UU., Porras obstruyó investigaciones de actos de corrupción al destituir al exfiscal Juan Francisco Sandoval y a otros, a quienes también despidió o los cambió de fiscalía.
La Ley de Compromiso Mejorado de EE. UU. señala que quienes sean parte de la lista no serán elegibles para ingresar a EE. UU. y aquellos que ya cuenten con visa que les permite el ingreso les será retirada.
Aunque la norma no especifica otras sanciones, funcionarios estadounidenses han indicado en ocasiones anteriores que la lista Engel es solo una de tantas herramientas que su país tiene para luchar contra la corrupción y la impunidad.
Señalamiento grave
Los analistas consultados consideran que el señalamiento a Porras es grave y un mensaje que envían a aquellos actores políticos y del sector justicia que aún pueden ser persuadidos a actuar en contra de la corrupción.
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El primer mensaje que se deprende de este señalamiento, que ha roto con cualquier protocolo de diplomacia puesto que se ha hecho con mucho ruido, es que la actual fiscal no puede ser reelecta en el cargo, dice el analista político Christians Castillo.
Desde el presidente Alejandro Giammattei, que es el que en última instancia deberá escoger al sucesor de Porras, pasando los actores de justicia y todos aquellos que están involucrados en el proceso de elección tendrían que leer el mensaje, agregó.
Con una campaña en medios de comunicación donde destaca sus logros, se intuye que la fiscal general pretende buscar su reelección, pero con el anuncio, EE. UU. “dice de Consuelo Porras puede ser una amenaza y que el combate al crimen regional puede estar un riesgo”, añadió Castillo.
El exembajador Luis Padilla expuso que “la preocupación de EE. UU. es muy seria para incluir a la propia fiscal en una lista” de personajes señalados de corrupción y dijo que lo que hace ese país al dar ese mensaje a los guatemaltecos de que “su democracia no funciona”, lo cual es grave. “Nos están diciendo que ellos —EE. UU.— no confían en que Guatemala sea un país sea democrático”, señaló.
Padilla reconoce que el anuncio se da en respuesta a la destitución de Juan Francisco Sandoval, extitular de la Fiscalía contra al Impunidad (Feci) y hombre de mucha confianza de EE. UU.
No obstante, sospecha que el temor de este país puede estar en la presunta intención que había del Gobierno de Guatemala de entregar un área de la Portuaria Santo Tomás a Rusia, un enemigo nuclear de EE. UU., para lo cual, ha afirmado Sandoval, el país euroasiático habría intentado sobornar al propio Giammattie.
“Lo tienen que ver con mucha preocupación, porque se trataba de darle un área del puerto a los rusos, eso es gravísimo porque la investigación del supuesto soborno que inició Sandoval fue la causa de su reemplazo, aseveró el exembajador.
No hay un caso claro
El internacionalista y profesor universitario Roberto Wagner, considera que la acción de EE. UU. es una clara respuesta a la destitución del extitular de la Feci y no porque exista algún caso puntual en contra de Porras, aunque no se sabe “hasta que punto el exfiscal Sandoval haya revelado cierta información”.
Wagner coincide con que la inclusión de porras en la lista Engel es más un mensaje para el gremio de abogados y demás actores involucrados en elegir a los actores del sector justicia. “Es un mensaje muy directo, pero para las autoridades y organismos del Estado”, expuso.
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Por su parte la licenciada en Relaciones Internacionales Daphe Posadas opina que el anuncio confirma que EE. UU. tiene la percepción de que las instituciones de los países del Triángulo Norte de Centroamérica “no responden a los valores democráticos de transparencia, confianza, división de poderes y estado de derecho”.
Con el anuncio, Washington esperaría que cambios en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, Posadas señala que estos “no resuelven los problemas de fondo que enfrenta el país cuando de corrupción se trata”.
“Los cambios que se necesitan hacer no pueden hacerse por parte de actores internacionales, sino deben hacerse por actores dentro del mismo sistema político”, puntualizó la analista, quien citó como ejemplos de cambios urgentes, reformas a la Ley Electoral, de Servicio Civil, de Compras y Contrataciones, así como hacer cambios en el sistema judicial, lo cual debe estar acompañado de una ciudadanía más activa y fiscalizadora.
Reacción
Aunque el anuncio es muy fuerte, el internacionalista Williams Álvarez cree que difícilmente el Gobierno de Guatemala reaccionará. “Esa es la gran pregunta, ¿se va a hacer el loco o va a atacar de vuelta?”, cuestiona.
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“El problema es que el Gobierno de Guatemala juega al descaro y al cinismo y siguen operando como si nada, es mucha falta de vergüenza, pero ahí están haciendo justamente eso”, señaló.
En años anteriores, un anuncio de esta clase hubiera sido el acabose político para alguien “pero desde que el cinismo se volvió parte de la política” las alianzas siguen operando, agregó.
Los analistas coinciden en que la designación de Porras también constituye un duro golpe a la imagen del país puesto que lo que EE. UU. dice es que los guatemaltecos están indefensos ante la criminalidad.
Para los inversionistas, por ejemplo, es un aviso de que el riesgo es mayor puesto que dentro de sus costos tendrían que incluir la cooptación del sistema de justicia. “El anuncio es lapidario para la credibilidad de nuestro sistema de derecho, sobre todo en pandemia cuando estamos tratando de recuperar los empleos que se han perdido”, precisó Castillo.
