La iniciativa, presentada por Juan Ramón Lau, del bloque Todos, establece varios motivos por los cuales se puede indemnizar a las personas que fueran absueltas en el proceso y quienes su proceso quede sobreseído.
Además, varias instituciones analizan regular la aplicación de la prisión preventiva para evitar la violación de derechos humanos y reducir el hacinamiento en cárceles.
Los funcionarios consideran que actualmente el Estado está abusando de la prisión preventiva y hay casos que incluso pueden parecer “irreales”, por lo cual es urgente abordar la problemática de una manera objetiva y seria.
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, indicó que comparten la preocupación por la situación de la prisión preventiva que, indicó, “no es de hoy y se ha venido acumulando”.
“Hay que tomar en cuenta que quien decide si se da una medida sustitutiva o no son los jueces pues ellos son quienes conocen y resuelven. Las partes y el Ministerio Público pueden pedir, pero cada juzgador es el que tiene que aplicar su criterio y esperamos que cada vez sea menos la prisión preventiva”, señaló el procurador.
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Rodas aseveró que “es importante trabajar una reforma en el tema” y que la PDH, Ministerio Público, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala hacen “un esfuerzo conjunto para presentar alguna propuesta en ese sentido.
“No tenemos iniciativa de ley, pero se podría canalizar y ayudar para que este flagelo se termine. Hay que reformar el Código Procesal Penal para que los jueces tengan mejores herramientas para la aplicación de la justicia en ese sentido de la prisión preventiva”, señaló.
Rodas indicó que aún se está en proceso de análisis y que aún no se decide a qué delitos se puede aplicar o no, así como los plazos que se propondrían, pero lo que sí es seguro es que se va a presentar en cuento se tenga una propuesta en común.
“Hay distintos criterios entre las instituciones que estamos en la mesa, pero estamos tratando de consensuarlos para poder hacer una propuesta en conjunto. Aún tenemos diferencias no solo en cuento a plazos sino a los delitos también”, puntualizó el magistrado de conciencia.
Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, indicó que tienen preocupación por la situación que se vive en las cárceles debido a la alta población de la prisión preventiva.
“De 24 mil privados de libertad, unos 13 mil están en prisión preventiva, algo exagerado. Dentro de las cárceles es una situación bastante difícil y nosotros tenemos que velar por los derechos humanos”, afirmó el legislador.
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Arango indicó que esta es una problemática que se tiene que legislar y citó como ejemplo que en la mayoría de países donde está legislado un tiempo límite de la prisión preventiva oscila entre un año y año y medio, sin embargo, en Guatemala hay casos donde pasan nueve años.
“Tengo entendido que hay dos casos de personas que tienen 18 años de prisión preventiva, esto es completamente fuera de la realidad y lo tenemos que cortar.
Agregó que que “hay cientos de personas humildes que por diferentes delitos están en prisión preventiva y a quienes se les está violentando sus derechos”.
Arango señaló que la necesidad de hacer reformas para que las personas con enfermedades terminales puedan salir de la cárcel y ser atendidas en sus casas.
Agregó que con los demás casos de prisión provisional se debe hacer un estudio para determinar qué es lo mejor para el país.
“Vamos a citar a todos los sectores para que se aborde todo de una manera seria y que podamos hacer una iniciativa objetiva donde se utilizado el derecho penal comparado y que podamos ser objetivos al presentar la iniciativa”, señaló el legislador.
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Otros esfuerzosRonald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, indicó que tienen “mucha preocupación por la situación que se vive en las cárceles debido a la alta población de la prisión preventiva”.
“De 24 mil privados de libertad unos 13 mil están en prisión preventiva, algo exagerado. Dentro de las cárceles es una situación bastante difícil y nosotros tenemos que velar por los Derechos Humanos”, afirmó el legislador.
Arango indicó que esta es una problemática que se tiene que legislar y citó como ejemplo que “en la mayoría de países donde está legislado un tiempo límite de la previsión preventiva oscilan entre un año y año y medio, sin embargo, en Guatemala hay casos donde pasan nueve años”.
“Tengo entendido que hay dos casos de personas que tienen 18 años de prisión preventiva, esto es completamente fuera de la realidad y lo tenemos que cortar. Está el caso capitán Chiroy, un militar que tiene seis años de previsión preventiva, cuando el delito por el cual se le acusa se pena con tres”, afirmó el legislador.
Agregó que estos son solo tres casos pero que “hay cientos de personas humildes que por diferentes delitos están en prisión preventiva y a quienes se les está violentada por el sus Derechos Humanos”.
“Esto se tiene que abordar con seriedad. Vamos a presentar una reforma al Sistema Penitenciario, para que las personas con enfermedades terminales o especializada puedan salir de la cárcel y ser atendidas en sus casas”, indicó Arango.
Agregó que con los demás casos de prisión provisional se debe hacer un estudio para determinar qué es lo mejor para el país.
“Vamos a citar a todos los sectores para que se aborde todo de una manera seria y que podamos hacer una iniciativa objetiva donde se utilizado el derecho penal comparado y que podamos ser objetivos al presentar la iniciativa”, señaló el legislador.
No se debe abusar
Carlos Solórzano, relator contra la Tortura, al ser consultado sobre el tema indicó que es primordial que “no se abuse de la prisión preventiva y bajar el hacinamiento”.
“El hacinamiento no va a bajar a medida que no se den medidas sustitutivas, arresto domiciliario y que las personas puedan llevar desde su casa el proceso”, señaló.
Agregó que por su cuenta han intentado tener acercamientos con el Primer Viceministerio de Gobernación Nosotros que es la institución que lleva el tema de los brazaletes para el control telemático de los privados de libertad.
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“Esto es una ley y la implementación tiene un plazo, si ellos no cumplen con ese plazo hay instituciones que deberán denunciar y exigir que se cumpla”, señaló Solórzano.
Agregó que el problema no lo puede resolver una sola institución porque este es algo donde convergen muchas instituciones y cada una tiene su rol que cumplir para alcanzar las metas.
“El abuso de la prisión preventiva se da porque no se respete el derecho que tienen las personas a solicitar medidas sustitutivas y siempre se les da prorrogas o se les está negando las audiencias o excusas”, afirmó el relator.
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