A través de un comunicado de prensa en ocasión del cumplimiento de los primeros tres años de gobierno, la APG dijo que las acciones del Gobierno y sus aliados dejaron en ese lapso, 404 ataques y limitaciones de libertad a la prensa, entre los que se cuentan, limitaciones en las coberturas, dos casis de exilio y muchos de acoso judicial a la prensa.
En este último, la APG dijo que el acoso a los periodistas se concreta a través de los órganos jurisdiccionales “mediante la interposición de denuncias espurias, censura judicial para evitar las publicaciones de determinados temas” o citaciones a periodistas por desarrollar su labor.
Dentro de los casos, el comunicado menciona la “criminalización” de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, cuyo fin sería el cierre del medio. También el caso de Robinson Ortega, periodista de Santa Lucía Cotzumalguapa, quien fue víctima de violencia policial pero el Ministerio Público en lugar de investigar a los agresores, procuró que el reportero fuera acusado y ligado a proceso por “atentado”.
Respecto a las limitaciones en la cobertura, la APG indicó que existen “reiteradas” denuncias de acoso cuando periodistas hacen grabaciones en el Palacio Nacional de la Cultura. Enfatizó en que hace unos meses la seguridad presidencial dijo a un periodista que debía solicitar permiso para hacer tomas.
También denunció que han existido limitaciones en las coberturas relacionadas al proceso legal que enfrenta la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango Virginia Laparra, e incluso señalamientos de que la Prensa tergiversa la información para pedir la reserva del caso.
Estas acciones “contrastan con el discurso del gobierno sobre un presunto respeto a la libertad de expresión”, precisó la Asociación.
La APG también mostró preocupación porque este clima de acoso a los periodistas, por ejemplo, con discursos que estigmaticen a la prensa como “enemiga de la democracia”, empeore en el año electoral como, asegura, ha ocurrido en procesos anteriores.
El comunicado finalizado con un llamado a la comunidad internacional a vigilar de cerca a Guatemala que “podría padecer retrocesos más graves en los últimos meses del actual Gobierno”, en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
