El fin de semana los diputados debatieron la medida en dos sesiones, durante largas horas, y ayer intentaron, por segunda ocasión, votar de urgencia nacional, pero no lo consiguieron. Al final de la tarde, el congresista Antonio Arenales, de la bancada Valor, interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del pleno del Congreso para que se suspenda el proceso de tres lecturas del estado de Calamidad y se apruebe o impruebe en una sesión.
Si bien muchos legisladores están de acuerdo en que el estado de Calamidad permite hacer restricciones en la movilización de la población, el tema de compras sigue siendo el motivo de discordia y que podría entrampar la aprobación del decreto 8-2021.
La semana recién pasada, un grupo de facultativos encabezado por el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, Jorge Ranero; el epidemiólogo Edwin Calgua y la infectóloga Iris Cazali presentó una serie de propuestas a Giammattei y los jefes de bloque del Congreso que priorizaba la necesidad de un toque de queda que estuviera vigente a partir de las siete de la noche, con el llamado a que los fines de semana fuera más restrictivo.
Los directores de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt también se reunieron con la comisión de Previsión Social del Congreso y explicaron que un estado de excepción para comprar medicamentos no sería la solución ya que hay un desabastecimiento a nivel mundial.
Por esto, al recibir el decreto del Ejecutivo, los legisladores no parecieron sastisfechos aunque, a diferencia del decreto anterior, que improbaron en agosto pasado, en esta ocasión se agregó un apartado que aseguraría la transparencia en la adquisición de compras.
“Sabemos que hay una urgente necesidad porque hemos hablado con los directores de los hospitales y con los médicos que llegaron al Congreso”, dijo la diputada del partido Valor, Lucrecia Palomo quien vio con buenos ojos que este decreto incluya en el artículo 15 a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para generar verificaciones y fiscalizaciones en los procesos de compra.
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Artículo ocho
Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue tajante al decir que no apoyan al estado de Calamidad, aunque se hagan modificaciones. “Ya es una medida tardía, no incluye muchas de las recomendaciones que los médicos plantearon, se limita a compras sin control y restringe garantías”, dijo.
En el artículo 8 del decreto 08-2021 se autoriza al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) la compra o contratación de bienes, obras de ampliación y acondicionamiento de hospitales en funcionamiento, servicios y suministros exclusivamente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria motivada en el país por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes.
Según detalla, las compras y contrataciones se realizarán de forma competitiva, solicitando ofertas electrónicas por medio del sistema de Guatecompras. Si en el plazo de 24 horas no se reciben ofertas, puede realizarse una adquisición directa.
El listado básico de bienes, servicios y suministros que permiten comprar bajo esta modalidad va de medicamentos como Tocilizumab y Remdisivir, que se usan para el tratamiento del covid-19, hasta servicios de publicidad en medios de comunicación.
Además, se plantean brigadas de detección y vacunación masiva -que comenzaron el viernes pasado-, entrega de kits a la población y masificación de las pruebas de diagnóstico.
“No necesitan un estado de calamidad para hacer eso”, respondió la diputada por el partido Bien, Evelyn Morataya,
La parlamentaria agregó que este decreto no incluye medidas económicas para proteger al sector turismo, a la micro y mediana empresa ni a la economía informal.
“El confinamiento que pidieron los médicos no están reflejados en el estado de Calamidad, ellos no pidieron estado de excepción para compras. Tampoco se habla de restricciones de fiestas patrias, no se mencionó nada respecto a antorchas”, agregó.
Óscar Chinchilla, congresista de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), agregó que discutirán modificaciones para asegurar que lo aprobado no sea modificado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
“Hay que poner mucho énfasis en el reglamento, porque después se va al ministerio de Finanzas y ahí modifican muchas de las cosas que van en el decreto. Además es importante tener un tope de precios”, precisó.
Lucrecia Hernández Mack, parlamentaria de la bancada Semilla, coincidió en que el fortalecimiento del plan de vacunación a través de las brigadas anunciadas que también estarán testeando a quienes presenten síntomas de covid son “medidas de relleno” que pueden implementarse sin necesidad de implementar un estado de emergencia.
“Coincidimos en que estamos dispuestos a apoyar las medidas de restricción, aunque creemos que son insuficientes, porque quedó todavía muy tarde. En lo que no estamos de acuerdo es en el artículo 8 porque es un desorden, es un planteamiento confuso y que abre la puerta para el saqueo” explicó.
Para Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, el artículo en mención sigue siendo ambiguo. “El tema de compras es un tema bastante complejo en los estados de calamidad porque es ahí el factor que produce dudas, son focos de corrupción, no nos genera confianza dada la poca credibilidad que tiene la propia institución a cargo que en este caso es el ministerio de Salud”, indicó.
