Según el comunicado de prensa de Cicig, el actual alcalde Ricardo Quiñónez y el ministro de Finanzas, Victor Martínez, habrían autorizado el uso de recursos públicos en el periodo 2011-2015 para favorecer las actividades de campaña del PU cuando ambos integraban el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, FAPU.
Quiñónez y Martínez son señalados de los delitos de financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado. Según la imputación, habrían autorizado el pago de una consultoría por alrededor de Q1 millón a un asesor político de origen mexicano, Jesús Gómez Espejel, para diseñar una estrategia de campaña, entre 2012 y 2015, para promover el voto de los vecinos de Guatemala por el alcalde Álvaro Arzú, en el denominado “Plan Hormiga”.
Plan Hormiga
Según la investigación “el enlace con la Municipalidad para gestionar las capacitaciones y cobros era Ricardo Quiñonez Lemus y la señora Luisa María Salas Bedoya; ambos sabían la verdadera labor que realizaba el consultor”. Para el MP y Cicig la contratación de servicios de Gómez Espejel por casi Q1 millón “fue simulada como ´Capacitaciones sobre Liderazgo, Motivación y Desarrollo Personal del Recurso Humano de la Municipalidad de Guatemala”.
Entre los principales elementos de la investigación se encuentran los correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de la municipalidad para coordinar actividades, que según la imputación, corresponde a actividades proselitistas del Partido Unionistas financiadas con recursos públicos.
Uno de los documentos incautados en los allanamientos y citados en la investigación tiene por descripción: “Capacitación de Campaña Electoral” y fue impartido por el consultor mexicano en julio de 2012. Según la acusación los elementos básicos del Plan Hormiga eran “desarrollo e implementación de técnicas electoralistas y de proselitismo (…) bajo la apariencia de capacitaciones de liderazgo”.
Dentro del Plan Hormiga, los documentos incautados señalan una estrategia que incluye la división del municipio de Guatemala en cuatro zonas identificadas con las siglas: A.R.Z.U., según la acusación recibía el nombre de “Hormiga” porque buscaba que los empleados municipales captaran seguidores para el partido.
Plan 8
La otra presunta estrategia electoral, evaluada según el comunicado de Cicig, fue el denominado “Plan 8” el cual se habría ejecutado ocho meses antes de los comicios de 2015. “El Plan 8 había surgido de la “identificación” de cierto desapego entre los trabajadores municipales hacia la institución municipal, la figura de Álvaro Arzú y el partido Unionista” detalla la publicación. Entre los presuntos pagos realizados con fondos públicos de FAPU para la actividades del Plan 8 se encuentra la contratación de equipos de sonido por Q12 mil, compra de comida por Q15 mil y el alquiler de toldos por Q12 mil según los registros evaluados por el ente investigador.
También fueron citados por este caso otros funcionarios de la municipalidad e integrantes del PU en este periodo: Carlos Alejandro Miranda, organizador de actividades proselitistas del partido; Luisa María Salas Bedoya, detenida por el Caso Pandora en 2017; y Pedro Licinio Ruano Roldán director financiero de FAPU. Además fueron capturados Luis Pedro Villanueva Mirón, vocal del Comité Técnico del FAPU; y Héctor Cifuentes Mendoza, ex secretario general del PU.
Los recursos de la municipalidad, según los documentos incautados durante la investigación, también se utilizaron en 2015 para una serie de capacitaciones a empleados municipales para incentivar el voto por el PU, en las anteriores elecciones. Esta estrategia fue conocida como Plan 8.
La investigación arrancó luego de los allanamientos en 2017 por el Caso Caja de Pandora, e incluye alrededor de ocho mil presentaciones de Power Point, actas del Comité Técnico de FAPU, facturas y otra documentación de empleados de la Municipalidad de Guatemala, además de testimonios de trabajadores de la comuna.
Mensaje del alcalde Ricardo Quiñónez, luego del anuncio del caso:
“Estas acciones tienen un fin y un propósito, y ese fin y ese propósito tiene que ver con afectar, a 48 horas de la realización de las elecciones el proceso electoral, y esto es algo que no es aceptable, también hay que decir las cosas como son, se está utilizando de una manera irregular la infraestructura judicial para trata de afectar una campaña electoral. Con esto se demuestra que se esta utilizando espuriamente el sistema de justicia para dañar las elecciones, no sé si en beneficio de candidatos o en beneficio de intereses, pero el hecho es que a todos nos causa sorpresa, indignación, que estos hechos se den a pocas horas del proceso electoral, que perjudican no solo a una organización política, si no a la democracia, al país y a las elecciones”.
Entre las conclusiones generales del caso publicadas por Cicig sobre el caso se encuentran:
Para que los fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana fluyesen sin restricciones, se utilizó el engaño disfrazando los pagos de bienes y servicios para el Partido Unionista (facturas falsas). Así mismo, se colocó en el Comité Técnico del fideicomiso a personeros municipales de alto nivel, quienes a su vez iban en las planillas para el Concejo Municipal en distintos cargos por el Partido Unionista. Es decir, ellos mismos “autorizaban” sus gastos de campaña electoral.
Aquí puede encontrar el informe completo de Cicig sobre este caso.
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