Pero se trata de una ley que no se tiene que ver de manera aislada, por el contrario, es una de cuatro proyectos jurídicos que la actual legislatura ha impulsado de forma gradual y sistemática.
A criterio de organizaciones de Derechos Humanos, el avance y aprobación de estos proyectos han golpeado a grupos históricamente vulnerables entre los que destacan a las mujeres, la juventud y las comunidades de la diversidad sexual.
Pero fue justo con una mujer presidiendo el Congreso que la novena legislatura arremetió contra estos sectores aprobando la iniciativa 5272 que criminalizaba a las mujeres, que aumenta el estigma social y que prohíbe la educación sexual. Tuvieron que dar marcha atrás luego que el mismo presidente amenazó con vetarla.
Esta norma recién archivada por el Congreso penalizaba el aborto, prohibía el matrimonio igualitario y restringía el acceso a la educación sexual integral.
Incluso para esta ley tan solo eran válidas y tomadas como familias aquellas compuestas por padre, madre e hijos; excluyendo a aquellas que han perdido a algunos de sus miembros por la violencia, la migración o la misma pandemia.
Pero el anulado decreto 18-2022 es solo uno de una serie de proyectos sistemáticos encaminados a la censura, a la represión y al estigma, según la lectura de un grupo de expertos que advierten más intentos del Congreso por legislar leyes en la misma temática.
Iniciativas en bloque
El 8 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pleno del Congreso aprobó la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, pero esta no fue la primera iniciativa del paquete.
Antes el Legislativo había decretado la celebración cada 9 de marzo como el Día de la Vida y la Familia, en la misma fecha del cumpleaños del presidente Alejandro Giammattei.
Pero para ciertos sectores, el inicio de este plan legislativo de censura y restricción de derechos comenzó en el 2020, con la aprobación de las reformas a la Ley de Oenegés, le siguió la aprobación del Día de la Vida y la Familia y la fallida Ley para la Protección de la Vida y la Familia.
En el camino aún está una cuarta iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable y está a la espera de ingresar al pleno y que podría ser igual o, según el análisis de algunas organizaciones, peor que las anteriores.
5940: Propuesta oficialista
La iniciativa restante del paquete es una calificada de regresiva, inconstitucional y hasta cruel, según criterios jurídicos y psicológicos consultados.
Se trata de la ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género, presentada por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.
La propuesta ingresó a Dirección Legislativa el 12 de julio del año pasado, fue presentada al pleno y enviada a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Educación, esta última ya emitió dictamen.
La iniciativa está casi lista para ser incluida en las sesiones legislativas para comenzar su aprobación, de enfrentar un abordaje ordinaria necesitaría tres debates y su redacción final o bien, si el interés del oficialismo es grande podrían activar la aplanadora legislativa y omitir los debates y conocerla de urgencia nacional.
El documento detalla en sus siete artículos una serie de reformas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, mejor conocida como la Ley Pina.
Pero es una forma sutil que pretende violar derechos fundamentales, crear intolerancia, torturar seres humanos y hasta censurar los medios de comunicación, redes sociales y textos educativos, según el análisis de los expertos.
Violan Derechos Humanos
Para el abogado Héctor Reyes, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), esta propuesta de ley es de manera general una serie de cambios a la Ley Pina.
Pero que al evaluar la iniciativa 5940 se presenta un tema fondo crucial, “siempre en base a la ideología de género que ellos han manejado. Esta iniciativa de ley igual que la anterior tiene muchas inconstitucionalidades que vulneran los Derechos Humanos”.
Parte de los derechos que más ataca son una serie de artículos relativos a la libertad de expresión, ya que no se puede hablar o difundir ideas relativas a la identidad de género en ninguna plataforma audio visual.
“Este es un paquete de leyes conservaduristas que no reflejan la realidad de estos temas que son muy profundos, son temas que Guatemala no los puede dejar de ver porque son temas que sí o sí se deben conocer, regularizarlos y normarlos como una práctica común”.
Reyes estima que aprobar una ley de este tipo sería como dar el tiro de gracia a los Derechos Humanos en Guatemala. “No podemos seguir invisibilizando la lucha que han hecho las mujeres y los grupos de la diversidad sexual, hay una agenda regresiva y fundamentalista que no nos va a llevar a ningún camino para grandes soluciones en Guatemala”.
Intolerancia social
Anneliza Tobar, doctora en ciencias sociales e integrante de la organización Familias por la Diversidad, explicó que la 5272 era una ley peligrosa pero no tanta como la 5940 que ha pasado casi inadvertida.
“Si la anterior indigna está nos espantó como familiares, es un panfleto propio del siglo 19, le da la espalda a cualquier avance científico y a los consensos académicos que hay en el mundo de la medicina y que es la identidad de género”.
Cree que esto hará que existan mayores casos de intolerancia, “familias de personas trans lo que hacen es retirarlos del sistema educativo para evitarles violencia y acoso, todo esto sucede sin que exista una ley que lo promueva, imagínese que pasará con una ley que estigmatiza a las personas transgénero”.
Tobar añadió que un niño o adolescente transexual no tiene nada de malo, tan solamente es alguien que también aspira a ser un profesional y tener una vida feliz.
“No son casos de conspiración, son casos de diversidad. Así como nacen niños con algún grado de discapacidad en alguna familia, en otros hogares nos nacen niños diversos y ya, no se para el mundo, nacieron distintos y nos toca venir a comprender y apoyar porque son tan normales como cualquiera de nosotros”, explicó Tobar.
Tortura y abusos
El temor que tiene Alejandro Villafuerte, psicólogo, es que con esta ley los profesionales de la salud mental se vean obligados a rechazar pacientes y dejar tratamientos a medias.
“Al leer el titulo estamos hablando de un trastorno mental el cual se caracteriza como una alteración de la normalidad que provoca malestares clínicamente significativos, al leer el titulo nos damos cuenta de que hay una enfermedad que los niños y adolescentes están en peligro de poder contraerlo, cuando vemos el título de la iniciativa esto se compara como con un virus”, comentó.
Considera que quizás hay personas que no entienden la magnitud y peligros que tiene esta iniciativa, “si un padre de familia se entera que su hijo tiene una identidad trans tiene la obligación de llevarlo a terapia de manera inmediata, luego los profesionales tenemos la obligación de empezar a aplicar las terapias de conversión que son condenadas por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Villafuerte explicó que “los tratamientos de conversión son aquellos que se hacen desde la salud mental, que en Guatemala lo lidera el sector religioso, que tengamos que regresar a la persona a su heterosexualidad a través de métodos aversivos como asociar elementos de dolor o desagrado al placer homosexual; la castración o los retiros espirituales donde se ve a la persona como pecadora o que se va a ir al infierno”.
Censura a los medios
Mario Fuentes Destarac, constitucionalista, considera que la iniciativa impone una censura a los medios porque se busca evitar cualquier contenido relacionado a la identidad de género.
“La libertad de expresión de ideas es irrestricta, incluso la Constitución establece que la censura previa está totalmente prohibida. La iniciativa se impone a los medios de comunicación con una serie de obligaciones, dice que deberán hacer parámetros en el objetivo de la ley, a mi opinión es inconstitucional”, dijo el profesional del Derecho.
Los alcances de la ley son tan generales que podría prohibirse a los medios de comunicación transmitir series o programas que hablen de la identidad de género, evitar la divulgación de noticias y hasta frenar columnas de opinión del mismo tema, advirtió.
“Esta iniciativa impone a los medios de comunicación una serie de restricciones y obligaciones, sin duda el tema del análisis y la información u opinión, incluso imponerles a los medios que censuren a sus propios opinantes, todo es parte del libre juego de opiniones que no solo son regulados por la Constitución, sino por los acuerdos internacionales en Derechos Humanos”, señaló Destarac.
La forma en que esta ley impulsada por el partido oficial busca callar a la prensa y a cualquier otro esfuerzo de divulgación no es ajeno a las redes sociales, según el análisis de Destarac.
“En las redes sociales hay medios de comunicación electrónicos que se expresan a través de las redes sociales, hay impresos, televisivos, radio visuales, esto abarca a todos”, insistió.
