De estos recursos, casi el 40 por ciento se invertirán en los cinco departamentos que suman la mayor cantidad de empadronados y que son, Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché. Para estos distritos se asignaron Q1 mil 292 millones.
Respecto a los rubros en que se prevé invertir, Q815 millones se destinarán a proyectos de abastecimiento de agua. En transporte por carreteras, Q729 millones, y para la ordenación de aguas residuales, Q665 millones.
Asimismo, también se contemplan obras relacionadas a educación preprimaria, primaria, básica y diversificado; gestión de desastres; servicios hospitalarios; ordenación de desechos; agricultura; educación no atribuible a ningún nivel escolarizado y otros servicios generales.
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, considera que en año electoral es complejo que los recursos destinados a los Codedes se utilicen de forma transparente y se inviertan en las necesidades que hay en los distintos.
“De por sí en épocas no electorales es complicado que esos recursos se ejecuten de forma transparente porque siempre intervienen en los proyectos diputados distritales y los presidentes de los Codedes, que son los gobernadores de cada departamento nombrados por el presidente de la República. Ahorita en época electoral esto ocurrirá con mayor razón porque hay una estrategia del partido oficial de ganarse —la simpatía de— 200 alcaldes para generar buena cantidad de votos. Es difícil que esos recursos se ejecuten de forma transparente y despolitizada”, dijo Flores.
Asimismo, explicó que a menudo la ejecución de estos fondos se demora, ya que los Codedes como tal no son unidades ejecutoras. De esa cuenta, deben formalizar convenios con las municipalidades para que estas ejecuten los proyectos que demanda la ciudadanía.
El pasado 2 de enero Prensa Libre publicó un reportaje que revela cómo el partido oficial busca mantener el apoyo de un aproximado de 200 alcaldes con el fin de mantener el poder en el Ejecutivo ya que le garantizarían 200 mil votos.
Otros 200 mil saldrían de los programas sociales que impulsan los Ministerios de Desarrollo, Agricultura y Defensa Nacional, así como de los proyectos generados por medio de los Codedes. Si en caso la estrategia resulta exitosa, Vamos pasaría a segunda vuelta presidencial.
Durante la actual administración de Gobierno, ha habido un aumento constante de los aportes a los Codedes. En 2020, se desembolsaron Q2 mil 702 millones; en 2021 fueron Q2 mil 701 millones y en 2022 estos se dispararon hasta Q3 mil 295 millones.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), coincide en que los recursos que se ejecutan por medio de los Codedes a menudo son mal utilizados debido a la corrupción. Además, se suelen invertir en asuntos que no siempre son prioritarios.
“Muchas veces, los costos que se reportan no son los reales. Los recursos no siempre se utilizan o destinan a proyectos que sean para atender las necesidades básicas de la población”, advierte Linares.
Como ejemplo de esto, cita el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales. El reglamento 236-2006 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) establece como una obligación de los gobiernos locales construir dos plantas en cada municipio, pero su cumplimiento se ha prorrogado al menos en cinco ocasiones.
“A las municipalidades, desde el 2007 les vienen prorrogando el plazo para construir plantas de tratamiento de aguas residuales y siempre aducen que no tienen dinero, sin embargo, de este aporte (de Codedes) que cada año se incrementa deberían destinar una parte significativa de esos recursos a plantas de tratamiento. Tenemos un enorme déficit y el resultado es que todos los ríos de Guatemala están contaminados”, explica.
“Obras son planificadas”
Álvaro Díaz, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), explicó que los proyectos que se contemplan por medio de los Codedes han sido planificados desde el seno de los consejos comunitarios de desarrollo, razón por la cual, afirma, no son improvisados.
“No hay improvisación porque recuerde que cada proyecto que priorizan los Cocodes conlleva una obligación de las municipalidades de poder conseguir los avales de dichos proyectos. Si soy alcalde y voy a ejecutar una escuela que un Cocode solicitó, debo primero tramitar licencias o avales y el Ministerio de Educación, tramitar el diseño, si va a ser a nivel primario o preprimario. Además, el diseño es diferente si es para el área de la costa o altiplano”, dijo.
Asegura que no hay ningún riesgo de que los recursos se vayan a utilizar con tintes clientelares. “Hay delegaciones de la Scep en los municipios que supervisan cómo va la ejecución. Es el Ministerio de Finanzas el que envía los recursos a los gobernadores. Esos recursos están en el sistema bancario y de acuerdo con el convenio que firme el gobernador con la municipalidad, se transfieren”, explicó.
Obras multianuales
En junio del año pasado el Congreso aprobó el decreto 30-2022 que reforma el Presupuesto General del Estado. Este avala que los proyectos que los Codedes no lograron finalizar el año pasado puedan continuarse este año.
