La ampliación tuvo el apoyo de 21 diputados disidentes de la UNE. que dirige el diputado Estuardo Vargas: Todos, 6; Vamos, 17; Visión con Valores, 7; Valor, 9; Unión del Cambio Nacional, 11; Podemos, 1; Prosperidad Ciudadana, 3; Partido de Avanzada Nacional, 1; Bienestar Nacional, 4; Partido Humanista, 5; Victoria, 2; Compromiso, Renovación y Orden, 4, y Frente de Convergencia Nacional, 7.
Pero tuvo la oposición presencial de seis diputados del bloque Semilla y la ausencia de 56 parlamentarios. Por no haber consensos con todos los bloques legislativos, tuvieron que extender las sesiones para fin de semana.
Deuda y pactos colectivos
La ampliación presupuestaria le otorga Q150 millones al Ministerio de Gobernación como complemento al incremento salarial de los agentes de la PNC. Para el Ministerio de Educación van Q500 millones para complementar la nómina e incremento salarial por el pacto colectivo.
En el Ministerio de Comunicaciones se otorgaron Q724 millones distribuidos de la siguiente forma: Q58 millones para remozamiento de hospitales, Q35 millones para el programa Piso Digno, Q23 millones para muros de contención, Q140 millones para la limpieza de derecho de vía, Q243 millones para mantenimiento de infraestructura, Q94 millones a la Dirección General de Caminos, Q30 millones para el Insivumeh, Q92 millones para remozamiento y ampliación de centros educativos, y Q9 millones para el programa de cocinas dignas.
También otorgaron Q40 millones al Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, institución que dirige la exdiputada Alejandra Carillo desde 20 de diciembre del año pasado, cuando fue juramentada por el entonces presidente Jimmy Morales, luego de que el Congreso aprobara reformas a esa entidad. Quedaron pendientes de otorgarle a ese instituto Q10 millones porque no se ha definido la fuente de financiamiento.
Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Cocodes) obtuvieron Q600 millones, recursos que servirán para la ejecución de obra nueva con el fin de reactivar la economía.
Otros recursos
- Q1 mil 200 millones de deuda pública
- Q120 millones para la Contraloría General de Cuentas para pago de salarios
- Q22 millones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
- Q42 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal
- Q10 millones Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura
- Q200 millones para incentivos forestales
- Q294.9 millones para el Ministerio Público
- Q100 millones para el Fondo de Vivienda
- Q350 millones para el Organismo Judicial
Más recursos para Comunicación Social
La ampliación le permitirá a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aumentar su presupuesto, mismo que esta vigente en Q38 millones 285 mil 538, y se podrán disminuir asignaciones a los ministerios de Salud y de Educación, ya que fueron derogados los artículos 33, 34 y 111 del decreto 25-2018 Ley del Presupuesto 2019 y que se encuentra vigente para el ejercicio 2020, al no aprobarse un nuevo plan de gasto.
La derogación de esos artículos también permitirá la contratación de más personal 029 y del subgrupo 18 de servicios técnicos y profesionales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), así como la modificación de las asignaciones de los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Prestamos también financiarán ampliación
Los recursos para financiar la ampliación presupuestaria provendrán de los cinco préstamos que ya habían sido aprobados por el Congreso y que servirían para la construcción de hospitales y modernización al sector justicia.
El presidente Alejandro Giammattei, durante un mensaje a la nación el sábado a mediodía, recriminó a los diputados por no querer aprobar la ampliación presupuestaria que serviría para la construcción de nuevos hospitales que servirían para enfrentar la crisis por coronavirus.
Sin embargo, el 100 por ciento de lo aprobado en los préstamos no servirán para lo que fueron gestionados, ya que el artículo 2 de cada uno de los decretos de los créditos establece que pueden ser modificados los destinos de los recursos.
Aunque el monto general de los cinco préstamos suma US$803 millones, unos Q6 mil 191 millones, el 4.83 por ciento, equivalente a Q298.6 millones, financiara la ampliación presupuestaria aprobada el domingo pasado.
Sin embargo, el crédito destinado para el fortalecimiento y modernización del Ministerio Público tiene una rebaja significativa, ya que Q104.6 millones de los Q462.4 millones financian la ampliación.
Para la emergencia
De los Q5 mil 138.9 millones aprobados de ampliación, solo el 16.42 por ciento, equivalente a Q844 millones, va dirigido a atender la emergencia por el covid-19, el 84 por ciento restante es para obras nuevas y pago de compromisos adquiridos como pactos colectivos en Educación e incremento salarial de los agentes de la Policía Nacional Civil.
Los Q844 millones se desglosan de la siguiente manera: Q360 millones para subsidio a la energía eléctrica, que lo manejara el Instituto Nacional de Electrificación; Q58 millones para remozamiento de hospitales por parte del Ministerio de Comunicaciones; Q30 millones para equipar hospitales, Q26 millones como bono de riesgo para los trabajadores de Salud que estén expuestos al covid-19, y Q370 millones para la adquisición de ventiladores y más pruebas para covid-19 a cargo de la cartera de Salud.
No era urgente
El economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, indicó que muchas de estas ampliaciones tenían mucho sentido, ya que eran las que estaba buscando el Ministerio de Finanzas al no aprobarse el presupuesto para este ejercicio fiscal.
El experto señaló que mucho de lo que estaba en la ampliación pasaba a formar parte de la normalidad que debió ser aprobado para que el Gobierno alcanzara el funcionamiento que estaba previsto antes de que entrara la emergencia por el coronavirus.
“Si bien es cierto mucho era parte de la normalidad que el Gobierno esperaba, también es cierto que mucho de eso no era necesario aprobarlo de urgencia en este momento, ya que el Estado tiene los suficientes recursos, incluso sin esa aprobación tenían recursos para poder trabajar durante todos estos meses, y que la ampliación se pudo haber solicitado dos meses antes de terminar el año”, explicó el economista.
