Diez años después, una auditoría de la Contraloría General de Cuentas notificó de varios hallazgos que pueden alcanzar implicaciones penales en contra de la corporación municipal.
Pedro René Escobar Alvizures fue quien suscribió el cuestionado contrato con la empresa Bienes Corporativos (Bienco). El político ahora volverá a competir por la alcaldía escuintleca por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), mientras la Contraloría aún no presenta las denuncias penales por los hallazgos consignados en su propia auditoría.
De acuerdo con la actual administración municipal de Escuintla, la forma en cómo el exalcalde pactó el pago es ilegal por varias razones, entre estas porque el convenio de pago se suscribió sin autorización del concejo municipal, además que se aceptó que las mensualidades se pagarían con fondos provenientes del Iva-Paz, del aporte del situado constitucional, excedentes de la tasa municipal de alumbrado público que se pagan a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Eegsa), Impuesto Único Sobre el Inmuebles, Impuesto de Circulación de Vehículos y fondos recibidos por canon de agua, entre otros ingresos.
La comuna de Escuintla ha insistido que esta deuda que se adquirió ha lesionado las finanzas municipales de los últimos ocho años.
Fue la comuna quien solicitó una auditoría especial a la Contraloría General de Cuentas, para revisar el fideicomiso que se creó para el proyecto de agua potable, hace más de una década.
La auditoría que hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC), identificada con el número DAS-10-0011-2022, en efecto señala en su hallazgo número tres que “”se determinó que la Municipalidad de Escuintla no tenía las facultades para autorizar la exoneración del pago de impuestos”.
Entre otros hallazgos, la CGC señala que las atribuciones que tomó el entonces alcalde “no competen a la municipalidad, como la exoneración de impuestos”, tampoco permitir que la empresa Bienco emitiera recibos simples por los pagos realizados, por lo que se dejó de pagar los impuestos respectivos.
En total fueron Q3.4 millones en 29 pagos que la comuna de Escuintla realizó entre diciembre del 2013 a enero de 2016, antes que Escobar Alvizures perdiera el control de la municipalidad. La nueva administración, que tomó posesión el 14 de enero de 2016, denunció el contrato y suspendió los pagos, situación que se ha mantenido hasta ahora.
Son cinco hallazgos los que figuran en el informe de auditoría que tuvo a la vista Prensa Libre. Ahí el equipo de auditores nombrados por la CGC señala que “se vulneró flagrantemente el principio de capacidad de pago de la municipalidad, afectando y comprometiendo el patrimonio y las finanzas municipales”.
También señala que se violó el artículo 239 constitucional, al atribuirse facultades que no le competen a un gobierno municipal, como la exoneración de impuestos y redirigir los recursos provenientes de recaudación hacia otros fines no contemplados en la ley.
Sin denuncias
La auditoría se realizó en junio del año pasado, sin embargo, hasta ahora la CGC no ha presentado las denuncias penales que sugiere el informe emitido por la Dirección de Auditoría a Fideicomisos.
En el borrador de denuncia que acompaña el informe de auditoría se señala como denunciados a la corporación municipal del período 2012-2016, entre ellos Escobar Alvizures, que ya recibió sus credenciales como candidato a alcalde.
El borrador de denuncia consigna que en la auditoría “se determinaron deficiencias” en el contrato de arrendamiento con opción a compra que se suscribió con la empresa Bienco por el proyecto de agua potable para Escuintla.
También agrega que la celebración del contrato de arrendamiento carecía de validez porque la corporación municipal no tenía competencia para suscribirlo. Tampoco destinar el situado constitucional para pago de la deuda adquirida.
El borrador de denuncia, fechado el 14 de marzo pasado, pide que se abra la investigación correspondiente para determinar los delitos que habría cometido la corporación municipal.
La CGC sobre el tema, señaló que el departamento jurídico mantiene bajo evaluación las recomendaciones de los auditores, sin embargo “no es posible proporcionar información por encontrarse en proceso la auditoría”.
Mientras que el candidato a alcalde de Escuintla, Pedro Escobar Alvizures, señaló que el responsable de ese contrato en este momento es el actual alcalde, Abraham Rivera.
“La escritura firmada por mi persona en mi periodo como alcalde en el 2013 fue conforme a sentencia de primera y segunda instancia, casación de la Corte Suprema de Justicia y amparo por la Corte de Constitucionalidad”, dijo a través de un mensaje de texto.
Según Escobar Alvizures, en los resultados de la auditoría “hay un trasfondo político que podría afectar mi candidatura, no es coincidencia que el mismo tema ya juzgado y resuelto sea maliciosamente activado cuando recién iniciamos campaña política”.
El candidato de la UNE insistió en que la actual administración debió darle cumplimiento al convenio que él suscribió, el mismo que cuestiona la Contraloría, porque por eso ahora la deuda podría alcanzar los Q100 millones con la empresa Bienco.
