El lunes 12 de febrero serán publicadas las listas de postulantes en el portal del Ministerio de Gobernación, y la ciudadanía tiene tres días para presentar objeciones contra los candidatos.
Las comisiones designadas por los representantes no gubernamentales de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codede) son los encargados de calificar y enviar cada terna al mandatario, quien hará la designación.
Denuncias
Menos de 10 días después del inicio del proceso, se conocieron varias denuncias que vinculan a personas con la administración anterior. Por ejemplo, la comunidad chortí solicitó al presidente, Bernardo Arévalo, que destituya al gobernardor de Chiquimula, Ferlandy Cáceres Palma, porque es primo del diputado Boris España de la bancada Vamos.
“Por existir la amenaza real de manipular la elección de la terna titular y suplente para gobernador departamental”, se lee en la carta enviada al despacho del presidente.
Además, piden que también se remueva a Dina Hernández de Pinto, directora ejecutiva del Codede y esposa del nuevo alcalde de Chiquimula, René Pinto, electo por Vamos.
Agregan que presuntamente Cáceres ha manipulado las elecciones de representatividad en los Codedes y que hay preocupación de que Hernández sea influenciada por el jefe edil.
Las organizaciones pidieron que “se revise la legalidad de en la elección de los representantes de los sectores no gubernamentales o más conocidos como sociedad civil, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a la terna titular y suplente”.
La comunicación es firmada por el Consejo Indígena Maya Chortí del municipio de Olopa, y autoridades ancestrales de San Juan Ermita, Camotán, Jocotán y vecinos del departamento.
Hasta ayer la Secretaría Privada de la Presidencia no informó si han recibido más denuncias o quejas por escrito relacionadas con el proceso de selección de candidatos a gobernadores.
Por otro lado, se conoció que diputados de la bancada Vamos sostuvieron una reunión privada la semana pasada con un grupo de gobernadores, aunque el gobernador de Guatemala, Jorge Luis Gramajo, negó tal extremo.
De acuerdo con las palabras de Gramajo, el proceso en el departamento de Guatemala avanza con normalidad y la comisión receptora ya ha recibido algunos expedientes.
“Como dice la ley, se confomó ya la comisión receptora de expedientes para los que deseen aplicar al puesto de gobernador. Esta comisión está constituida por miembros de la sociedad civil, con representación en el Codede”, aseguró.
La otra denuncia señala que un integrante de la comisión receptora de expedientes de Sacatepéquez, Efraín Paredes Gerónimo, del sector Campesinos ante los Codedes, podría influenciar en la terna que se envíe al presidente. Medios locales reportaron que Paredes Gerónimo logró la representación en el Codede por la Asociación de Desarrollo Integral Amigos por la Paz.
En 2012 fue alcalde de Sumpango, electo por el extinto Partido Patriota y se reeligió en 2015 con el partido Líder. En 2019 participó nuevamente para la jefatura edil, pero no lo consiguió. En el último evento electoral volvió a participar con Vamos, con los mismos resultados.
En Quiché se reporta que los representantes de la sociedad civil no han realizado la convocatoria. Señalan que en Totonicapán la sociedad civil está realizando cobros de hasta Q20 mil para ser incluidos en las ternas que enviarán al presidente. El cobro sube a Q100 mil si el postulante quiere que se le coloque como “opción a elegir”.
Asimismo, cuando se anunció el proceso de designación de gobernadores, un grupo de representantes de la sociedad civil se pronunció en rechazo al sistema de nominaciones impuesto por el Ejecutivo.
Entre los firmantes del comunicado se encuentra, Hori Salanic, quien tiene más de 12 años de representar oenegés y es afin a los diputados de Vamos, Duay Martínez y Erick Tzun electos, por Quetzaltenango.
Debió destituirlos
El consultor en temas de gobiernos locales, Edy Cifuentes, considera que Arévalo debió destituir a los gobernadores actuales para que el proceso de conformación de terna de postulantes pudiera desarrollarse sin señalamientos de cobros ilegales o influencia de funcionarios locales.
“Lo primero hubiera sido, antes de la convocatoria, destituir a los gobernadores, para quitarles ese ese ese poder, esa incidencia que todavía tienen sobre los poderes locales”, indica.
Según Cifuentes, los gobiernos locales son de interés para las personas que siempre se han beneficiado de los proyectos y obras, pues se manejan fondos millonarios en cada departamento. Sumado a eso, considera que los diputados departamentales de oposición pondrán resistencia ante el proceso por intereses propios.
El presupuesto 2024 fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad y entró en vigencia el del año pasado. Esto dejó fuera los compromisos o injerencias que podrían haber tenido los diputados de oposición en sus territorios.
“Sí van a van a dar pelea en el sentido de emplear a los gobernadores como operadores para tener incidencias sobre la sociedad civil”, alertó Cifuentes.
Además, critica que en la mayoría de las organzaciones de la sociedad civil no se elige al representante ante el Codede de manera democrática.
“Hubiera sido sano que el presidente Arévalo se reuniera con los sectores representados en la sociedad civil para exhortarlos realmente a que que la representación fuera legítima en el seno de los Consejos”, comentó el experto.
