El juez Kenneth Benjamin, presidente del máximo tribunal de Belice, acogió el recurso de amparo presentado por el opositor Partido del Pueblo Unido (PUP, en inglés), que cuestionó la constitucionalidad del referendo.
La decisión del juez implica la suspensión temporal de la consulta mientras se resuelven los cuestionamientos de fondo al referendo.
El PUP argumentó que la consulta contraviene la Constitución de Belice por cuanto concede autoridad a la CIJ para redefinir las fronteras del país, las cuales están definidas en la carta magna.
El primer ministro Dean Barrow, en una conferencia improvisada, anunció que el gobierno acudirá el lunes próximo a una audiencia con el juez Benjamin para pedirle que revierta su decisión.
Paralelamente, dijo que el 4 de abril presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones para que permita celebrar el refendo el miércoles 10, como estaba previsto.
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Barrow dijo estar confiado en que el lunes próximo, o a más tardar martes, habrá una decisión que permita celebrar el referendo el 10 de abril.
“Tengo confianza en que esto se resolverá de una manera u otra. En la eventualidad de que no lo logremos, estamos confiados en que este aplazamiento será de corto plazo, y que habrá un desenlace que permita al pueblo de este país ejercer su derecho de tomar una decisión” sobre la disputa fronteriza, dijo Barrow.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que está a la espera de una comunicación oficial de parte de Belice y que se mantendrá atención en el desarrollo de las cuestiones legales de aquel país.
Se indicó, además, que Guatemala es respetuosa de los procesos que se desarrollan a lo interno de Belice.
Guatemala reclama a Belice unos 11 mil 30 km² de territorio, así como centenares de islas e islotes.
La disputa se remonta a 1783, cuando España -que entonces colonizaba lo que hoy es Guatemala- dio esos territorios en concesión a Inglaterra para que explotara madera.
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