Mientras el debate continuaba comenzó a circular una enmienda nueva, propuesta por el diputado Argueta, la cual busca eliminar el poder que actualmente tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cancelar partidos políticos que incurran en faltas a la Ley Electoral.
Ese literal establece: “El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de las sanciones administrativas o penales que determine la ley, tanto para las organizaciones políticas, como para los secretarios nacionales, departamentales o municipales, personas que realicen aportes, quienes las reciban y los candidatos que se beneficien de ellas, incluida la cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva por parte del Registro de Ciudadanos o el Tribunal Supremo Electoral. La declaratoria de cancelación de la personalidad jurídica de la organización de que se trate procederá de oficio y sin haber suspendido previamente a la organización”.
El cambio sugerido por Argueta y que se podría discutir en la sesión del próximo miércoles, también beneficia a los secretarios generales de los partidos políticos que incurran en financiamiento ilícito que no podrían ser sancionados por el TSE.
Actualmente, el presidente Jimmy Morales y los diputados Nineth Montenegro, Orlando Blanco y Roberto Villate, enfrentan procesos electorales y penales por financiamiento ilícito de sus respectivos partidos políticos, donde ostentaron la secretaría general.
La sesión fue suspendida sin que se discutiera la propuesta de Argueta, quien abandonó el Hemiciclo y el Palacio Legislativo de manera apresurada, por lo que, hasta ahora, no ha sido posible obtener su versión sobre la propuesta que firmó.
Descargo
El diputado Argueta argumentó que con la derogatoria de la literal k del artículo 21 Ter no le está quitando al TSE la posibilidad de sancionar a los partidos que incumplan con las reglas de financiamiento electoral.
Señaló que el artículo 90 incisos g, h, i y ñ, precisan las multas que se le pueden imponer a los partidos que incumplan con las reglas de financiamiento electoral, las cuales van de US$50 mil a US$250 mil.
“Existe la sanción y el procedimiento, pero en el inciso k del artículo 21 Ter ni siquiera habla de ley sino norma en términos generales y dice cualquier incumplimiento en observancia a las normas deriva en la cancelación”, aseguró el diputado.
Argumentó que este artículo es tan amplio que pudiera darse el caso que un alcalde no observe las normas acerca del financiamiento lo cual podría llevar a la cancelación del partido.
“¿Se tiene que cancelar el partido por culpa de un alcalde? A un partido que tiene 37 mil o 90 mil afiliados, la reforma tenía como propósito la institucionalidad de los partidos políticos, no se puede crear institucionalidad con este tipo de ley”, declaró Argueta.
El congresista detalló que para eso ya existen las sanciones pecuniarias que son “muy fuertes” lo cual le da toda la facultad al TSE de “revisar, sancionar, pero también dan el derecho de defensa”.
“A eso se le llama debido proceso, se llama certeza jurídica, sabía que me iban a dar palo, pero también sé que estoy haciendo las cosas correctas, toca pagar el costo por lo que uno cree”, afirmó el legislador.
Ante la pregunta de si mantendrá la moción el próximo martes para que se discuta y vote en el pleno respondió: “No, porque como partido no tenemos ningún problema y por querer dar al sistema la estabilidad que necesita los rivales aprovecharon para querer dar palo”.
“Entonces si no quieren, pues no, yo no tengo problemas con eso. A mí me revisaron, me hicieron auditoria y salí sin siquiera llamada de atención”, precisó Argueta.
Al preguntarle que ese mismo artículo también exculpa a secretarios y las personas que entregan el financiamiento declaró: “una cosa es la Ley Electoral y otra el Código Penal, ahí están mezclando peras con manzanas”.
José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señaló que la reforma que planteaba el diputado Argueta lo que hacía era debilitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque es una herramienta de control y fiscalización.
“Lo que hay que hacer es poner sobre la mesa la capacidad de los partidos políticos para que a lo interno mejoren sus controles y se responsabilicen que cometen sus miembros y en este caso por el manejo de recursos”, aseveró el experto.
Agregó que el problema no es el artículo sino los mismos partidos y lo que en verdad se requiere es que estos se fortalezcan y tengan un verdadero control y mecanismos para autorregularse.
“Esa norma es positiva porque le da fuerza al TSE porque le da capacidad ante un sistema que se caracteriza por no estar regulado y ser bastante opaco y una reforma como la que se propuso sería reducir los impactos que tuvo la reforma del año 2016”, aseguró Sanabria.
Para el experto “es normal” que los partidos busquen este tipo de reformas para evitar sanciones, pero recalcó que lo ideal sería que buscaran fortalecerse para evitar que estas situaciones los afecten.
Confusión de enmiendas
El diputado oficialista Víctor Cruz Clavería había presentado en el proyecto de enmiendas una que elimina cualquier cambio al poder de sanción del TSE, sin embargo, al no leer antes qué había firmado, confundió su propuesta con la del diputado Argueta y pidió disculpas por querer restarle poder al TSE.
Cruz Clavería, diputado distrital de FCN-Nación por Escuintla, en una improvisada conferencia de prensa explicó a periodistas que por la carga de trabajo no pudo leer la enmienda que firmaba, pero sí esta de acuerdo con que el TSE pueda aplicar sanciones a los partidos políticos.
Sin avances
La sesión para aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no registró gran avance en la sesión plenaria de este miércoles.
La semana pasada los diputados detuvieron la discusión en el artículo 5 del pliego de reformas el cual habla de reformas al artículo 21 Bis de la Ley Electoral y que trata del financiamiento público a las organizaciones políticas.
Los diputados se enfrascaron en una discusión sobre los beneficios y desventajas de aprobar el artículo y sobre la opinión que envió la Corte de Constitucionalidad (CC).
En principio se votó una enmienda por sustitución total para dejar vigente el artículo según lo que había opinado la Corte, pero esta no recibió el apoyo de los parlamentarios.
Inmediatamente después se votó otra enmienda al mismo artículo, pero esta vez hecha por la bancada UNE que mantenía los aportes y distribución como se había propuesto en un principio, también fue rechazada por los diputados.
Debido a esta situación, algunos diputados de la UNE razonaron su voto e indicaron que la reforma fortalecía el sistema democrático, pero de la misma forma los integrantes de esa bancada comenzaron a desmarcarse.
Eso provocó que el quórum de 105 diputados —necesarios para seguir la discusión de la Ley Electoral— se rompiera.
Al no haber el número de diputados necesario para seguir con la discusión de la Ley Electoral el presidente del Congreso pasó al punto de mociones y proposiciones.
Este momento fue aprovechado por la diputado Delia Bac, del bloque Alianza Ciudadana, quien argumentó que para evitar que los diputados distritales hicieran el viaje a la capital “por gusto” pedía que se agendara para la discusión en tercer debate de la iniciativa 5300.
La iniciativa 5300 es la que busca reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, la cual ha sufrido duras críticas porque diputados porque da control a los diputados sobre los antejuicios presentados contra funcionarios que están a cargo de la revisión del Congreso.
Por este tema diputados, exmagistrados y juristas, consideran negativo que se quite el filtro de la Corte Suprema de Justicia ya que se podría prestar para chantajes políticos.
Sin embargo, la votación de la moción no superó los 53 diputados a favor y de hecho el periodo de votación quedó abierto mucho más tiempo del que normalmente se hace.
Al no conseguir los votos necesarios, la Junta Directiva rompió quórum por lo que el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar levantó la sesión.
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