Según el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, la idea es que los congresistas tengan conocimiento del avance de las discusiones “porque será en el Legislativo donde finalmente se decidirá si avanzan o no los cambios a la Constitución”, antes de que sea sometida a una consulta popular.
Los primeros en recibir la información fueron los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque las reuniones se desarrollarán todos los días, hasta el 22 de julio, con los demás bloques.
La propuesta
Además de Velásquez, en la reunión participaron el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque; el presidente del OJ, Rafael Rojas; Alberto Brunori, representante para Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Osvaldo Lapuente, de las Naciones Unidas, y autoridades del MP.
La presentación estuvo a cargo de Rotman Pérez, secretario de Política Criminal de la Fiscalía, y a diferencia de otras actividades que se han desarrollado en el Congreso, los diputados escucharon atentos.
Pérez dio detalles de los cinco pilares en los que se fundamenta la propuesta: se busca independencia e imparcialidad de los jueces y de los magistrados, reconocimiento del pluralismo jurídico, fortalecimiento a la carrera profesional del MP, acceso a la justicia y establecimiento de normas para la inmunidad de los funcionarios.
“Hay rechazo generalizado a que los organismos tengan en su mano la elección de magistrados”, manifestó Pérez.
Durante la socialización a escala nacional, que se inició el 25 de abril, se han agregado nuevos aspectos. Uno de los que sobresalen es el incremento del presupuesto para el OJ y el sistema de justicia.
Los legisladores estuvieron de acuerdo con la necesidad de recursos, aunque advirtieron de que se depende de los ingresos que perciba el Estado.
En la socialización también se ha solicitado agregar una regulación de los amparos judiciales, para que no sirvan como un tropiezo para alcanzar justicia. Se propone crear mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y que se establezca un enfoque de género, de pertenencia cultural y lingüística, de acceso a las personas con discapacidad y a homosexuales.
De acuerdo con Pérez, muchas personas han hecho la observación de la limitación de acceso a la justicia que tienen personas que hablan un idioma diferente, por lo que se ha solicitado que se privilegie en los juzgados a quienes conozcan la comunidad, y preferiblemente que sean nativos.
Otra propuesta es ampliar el número de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que estos no se limiten a representantes de los organismos del Estado. La idea es que haya participación de otros sectores, para que pueda haber más representatividad, dijo Pérez.
Respecto de la elección del fiscal general, se está solicitando que esta no dependa del presidente de la República, con el propósito de garantizar la independencia.
Complicados
Uno de los puntos más comentados por los diputados de la UNE fue la eliminación del derecho de antejuicio a los gobernadores y a los alcaldes.
Orlando Blanco, jefe de ese bloque, aseguró que están de acuerdo con retirarles la inmunidad a los gobernadores porque no son electos de manera democrática en las urnas, sino que son nombrados por el presidente. Sin embargo, rechazó que se haga lo mismo con los alcaldes.
“Se corre el riesgo de que haya abusos, que se denuncie a los alcaldes por casos que no ameriten. Creo que se debería hacer una diferenciación de lo que amerita o no; es un aspecto que debe analizarse y discutirse más”, manifestó.
Pérez explicó que la preocupación ha sido generalizada en relación con el antejuicio, y hay quienes se inclinan a dejarlo sin cambios; otros piensan que debe haber una eliminación total de la figura, aunque también hay propuestas de que la supresión sea parcial y se pueda delimitar el alcance y contenido.
Ausencias
Aunque la propuesta no está concluida, los diputados de la UNE consideran que faltan varios puntos. No obstante, aclararon que están en la disponibilidad de apoyar. Asimismo, se mostraron de acuerdo con la separación de funciones de la Corte Suprema de Justicia, pero recomendaron que se establezca un vínculo.
Blanco aseguró que esperaba ver mecanismos para fortalecer a la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación. Tampoco le pareció que no se incluyera lo relacionado a las consultas populares.
El jefe de la Cicig reconoció que estos puntos no están en la propuesta, y aclaró que es porque desde que se inició la discusión se indicó que sería únicamente para modificar lo relacionado con el sistema de justicia.
Velásquez no descartó que al concluir esta ronda de socialización haya más reuniones con diputados.
Indicó que antes de culminar la iniciativa y presentarla en agosto se prevé presentar los cambios a los legisladores.
Cicig
Justifica propuesta
Congreso
Prevé apoyo
Según Taracena, la presentación de la iniciativa se hará en acto público.
