“Reconocemos los retos en materia de certeza jurídica y Estado de derecho y la importancia de continuar procurando su fortalecimiento. Hemos sido testigos de los grandes desafíos que representa la débil institucionalidad del país, la impunidad y la falta de aplicación de la Ley a quienes cometen delitos flagrantes y violaciones a los ddhh de la mayoría de los ciudadanos como es el caso de invasiones a la propiedad, bloqueos a la libre locomoción, entre otros”, señala un comunicado de Camagro.
Añade que “desde 1985 a la fecha en Guatemala se han vivido procesos democráticos que garantizan la altemancia en el poder. Todos ellos han sido observados y avalados por observadores intencionales, incluyendo misiones de la Unión Europea. Como sector hemos sido y seguiremos siendo vigilantes de los procesos democráticos, la independencia de poderes y el Estado de Derecho”.
Por lo anterior, Camagro señala que “exhortamos a las distintas instituciones de la Unión Europea y Estados miembro que previo a emitir este tipo de resoluciones, amplíen su información sobre Guatemala, sus sectores y el resto de las instituciones. De tal manera que les permita una aproximación más integral a partir de un diálogo abierto verdaderamente inclusivo que tome en cuenta a todos los actores de la sociedad de la que también las empresas y los productores somos parte”.
En tanto, el Gobierno de Guatemala manifestó el jueves último su “rechazo” a la resolución del Parlamento Europeo.
“El Gobierno de Guatemala expresa su total rechazo a la resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Guatemala”, aseguró el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, en un mensaje divulgado por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, la resolución “no abarca todas las posturas que resaltaron el trabajo hecho en el combate a la corrupción”.
Búcaro añadió que el anuncio del Parlamento Europeo “no es vinculante para Guatemala” y argumentó que en el país “hay democracia y hay Estado de Derecho”.
El canciller guatemalteco también resaltó que la nación ha “participado” de “la mano de la Unión Europea” en “un papel activo en el liderazgo de la invasión contra Ucrania”.
La resolución del Parlamento Europeo fue divulgada ese mismo jueves y enfatiza su “preocupación” por el “deterioro del Estado de Derecho”.
Además, el enunciado del organismo regional “condena la criminalización y el acoso contra defensores de los derechos humanos y periodistas”.
El lunes, el periodista guatemalteco Juan Luis Font, director de un programa radial crítico del Gobierno del presidente Giammattei, informó que dejaba temporalmente el país por denuncias “espurias” en su contra.
El comunicador, exdirector de la revista política ContraPoder, indicó en su programa de radio “Con Criterio” que “en este momento de tanta tensión, provocada por denuncias espurias, he optado por poner distancia”.
Font, de 55 años, había sido arraigado en 2021 por un caso que se encuentra bajo reserva y del cual el Ministerio Público (MP) no ha facilitado información.
La salida de Font del país es la primera de un periodista reciente, pero se suma a las de 15 juristas, entre fiscales y jueces, que han dejado Guatemala en los últimos meses y años debido a la persecución política en su contra por su protagonismo en la lucha anticorrupción entre 2014 y 2020.
La mayoría de ellos ha señalado la persecución judicial de la fiscal general y jefa del Ministerio Público guatemalteco, Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos con el retiro de su visa acusada de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto.
“La Cámara critica las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general de Guatemala contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas”, apostilló este jueves el Parlamento Europeo.
Además de Font, en las últimas semanas tuvo que salir del país la reconocida jueza Erika Aifán, quien llevaba varios casos de alto perfil en un tribunal de máximo riesgo debido a hostigamiento de todo tipo en su contra, según afirmó en reiteradas ocasiones desde 2019.
La corrupción y el deterioro del estado de derecho en Guatemala profundizan en la desigualdad y la pobreza. Restaurar la democracia pasa por promover la justicia social. La mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. @PDE_EDP @RenewEuropa @eajpnv pic.twitter.com/A31FHdgTr4
— Izaskun Bilbao (@IzaskunBilbaoB) April 6, 2022
Con información de EFE
