Dubón dijo ayer a Prensa Libre que el plan educacional de la empresa Pisa no fue efectivo, lo que pudo haber generado que los pacientes sufrieran peritonitis —infección en la cavidad abdominal—.
Según el portavoz de la institución, “después de revisar todas las actuaciones, Junta Directiva tomó la decisión de rescindir el contrato. Se determinó que el plan educacional que ellos brindaban no era adecuado y por lo tanto los pacientes hacían mal su procedimiento”.
Para evitar que los pacientes dejen de recibir el servicio, serán referidos a la empresa Baxter —que daba el tratamiento antes— y a la que se le comprará en forma directa.
CGC recomendó
Pese a que Dubón asegura que la decisión se tomó por deficiencia de la empresa, el 4 de mayo la Contraloría General de Cuentas (CGC) envió al gerente del IGSS, Óscar García Muñoz, un oficio en que se le indica que, con base en la evaluación efectuada al contrato con Pisa, “se han detectado deficiencias en el proceso de adjudicación”.
El órgano contralor del Estado subrayó que mientras termina la auditoría “se recomienda que de manera inmediata se rescinda dicho contrato”.
La entidad también urgió al IGSS a que “de manera urgente” inicie las gestiones para efectuar el proceso de cotización o licitación que considere conveniente.
Los costos
Según Dubón, tomar la decisión de rescindir el contrato llevó tiempo porque había que verificar la situación.
“Se comprobó que les estaban dando capacitación un día y la gente no terminó de comprender el procedimiento para limpiar la línea. Eso es una causal para rescindir el contrato; el resto estaba bien”, afirmó el citado funcionario.
Hasta ayer, la Asociación de Pacientes de Diálisis Peritoneal del IGSS registró 95 pacientes infectados y 13 fallecidos.
El contrato entre el IGSS y Pisa fue por Q116 millones 227 mil 35, según el portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, donde anoche se adjuntaron los documentos con los que se cancela el contrato.
El miércoles pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió una resolución en que señala que las autoridades del IGSS violaron los derechos humanos a la vida y la salud, “por su manifiesta falta de interés desde que se adjudicó el contrato”.
Las muertes de los pacientes provocaron que familiares y enfermos, acompañados por la organización Acción Ciudadana (AC), denunciaran en el Ministerio Público (MP) a las autoridades del IGSS y de Pisa, acusados de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
Indemnización
Zorayda Macz, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Pacientes de Diálisis Peritoneal del IGSS, aseguró que los afectados están satisfechos y contentos porque “se respetó el derecho a la vida y a la salud”.
La paciente refirió que seguirán el proceso de la denuncia que se presentó en el MP, en memoria de todos los pacientes muertos.
“Queremos pedir que se agilice el proceso para la indemnización a las familias de los fallecidos”, dijo Macz. La demanda para la compensación es contra el IGSS, por su responsabilidad al firmar el contrato.
“Estos pacientes fallecidos dejaron un vacío en sus familias; con un pago no van a recuperar a sus seres queridos, pero es lo mínimo que se puede hacer, por respeto a los hijos y familias”, subrayó Macz.
Hasta anoche, el IGSS no había notificado a los pacientes sobre el proceso para adquirir el nuevo tratamiento.
Andrea Castro, otra paciente renal, manifestó que está agradecida con Dios porque podrá regresar al tratamiento anterior. “El lunes voy a buscar al médico para que me refiera a Baxter y mañana pediré mi cambio de línea”, indicó.
Castro expuso que “el tratamiento anterior también tiene su riesgo, pero con él no tuve complicaciones por alguna infección”.
Beberly Tzepet, paciente renal de 20 años y que luego del cambio de línea sufrió dos peritonitis, no ha sido informada sobre la decisión del IGSS debido a que su temor por ser trasladada a hemodiálisis —lo que implica estar conectada a una máquina— se hizo realidad el jueves.
Abogados analizan
Ramiro Lorenzana, director general de Pisa para Guatemala, advirtió de que los abogados de la empresa en México ya fueron notificados de la cancelación del contrato y este fin de semana viajarán al país para evaluar la situación y, de ser necesario, entablar algún proceso contra esa orden.
Lorenzana explicó que en la notificación el IGSS ordena dejar de prestar el servicio en forma inmediata. “Nos preocupan los pacientes porque es como si los tiráramos; un paciente es una vida y se tiene que hacer algo”, acotó.
AC dijo que la labor que hicieron los pacientes ya dio los primeros resultados y debido a que se trató de un contrato ilegal ya no podía ser justificado por el IGSS.
La organización considera que se sienta un precedente con la resolución de la PDH y que fue positiva la intervención de la CGC y ahora seguirán atentos a que se garantice la continuidad de atención al paciente.
Sobre la posible acción legal de Pisa, AC afirmó que pueden activar los mecanismos que consideren pertinentes, pero quedaron demostradas las deficiencias y negligencias del servicio.
