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Se trata de 12 personas que fueron designadas para representar al país embajadas, consulados e instancias permanentes en el extranjero.
El departamento de Comunicación Social de la Cancillería afirmó que aún no se tiene previsto el tiempo que tomará concretar los cambios, pero que las autoridades de la cartera trabajan “a toda marcha” para concretar los cambios.
Giammattei advirtió el 15 de enero, horas después de la toma de posesión, que revertirá los nombramientos efectuados por la actual administración y, aunque no indicó de quiénes se trata, sí dijo que son 12 los designados a último momento.
Entre los favorecidos por Jovel y Morales figura el exdiputado Luis Hernández Azmitia, quien fue designado ministro consejero de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, EE. UU.
Según información a la que tuvo acceso elPeriódico, la Cancillería no solicitará el estatus de diplomático para el exdiputado.
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Además, fueron designados como embajadores los tres viceministros que trabajaron con Jovel y candidatos que no obtuvieron un cargo en las elecciones pero que son afines al partido oficial.
Cuando se cuestionó a Jovel por esos nombramientos aseguró que el de Hernández Azmitia fue una decisión política -ordenada por Morales- y que su experiencia en temas de familia le permitirían defender esa postura en la OEA.
Otro nombre que figura en la lista de favorecidos por Jovel es Billy Toshiko Lam Padilla, quien será primer secretario de la Embajada de Guatemala en Indonesia. El nuevo funcionario tiene los mismos apellidos que Luis Antonio Lam Padilla, abogado del presidente Jimmy Morales que en agosto de este año fue nombrado como embajador de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas.
Además, Franklin Smile Flores Mayorga, excandidato a diputado, fue nombrado como primer secretario y cónsul de Guatemala en Israel, un puesto importante para quien no tiene carrera diplomática.
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Junto con los nombramientos, Jovel también firmó un acuerdo ministerial con el que se intentaba proteger a los funcionarios durante un periodo de un año sin que pudieran ser removidos de sus puestos.
El documento, que era contrario a la Constitución y a la Ley Orgánica del Servicio Diplomático, establecía que para hacer efectivas las rotaciones o traslados, será el Minex, junto con el Consejo de la Cancillería, quienes evalúen cada año los movimientos que se consideren necesarios y para ello tomarán en cuenta el desempeño, récord laboral, formación y experiencia. Además, quien sea removido o trasladado debe ser notificado con un mínimo de tres meses de anticipación.
Se anunció que el acuerdo tampoco será ratificado por el nuevo gobierno.
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