Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la CIDH, señaló que la sensación general es que Guatemala vive una especie de encrucijada, en la que su gobierno y sociedad tienen que decidir si avanzan para superar factores estructurales que generaron mucho tiempo atrás un conflicto armado, o se retrocede o estanca, pero subsisten los problemas.
“Lo avanzado en algunos aspectos es incipiente; es positivo, pero en general nuestra visión recogida es que muchos de los problemas estructurales subsisten, que en muchos de ellos se ha avanzado poco”, indicó.
La sensación en general es que hay avances leves en algunos temas, pero persisten peligrosamente poderes paralelos en lo económico, militar, social y un pronunciado racismo y discriminación en la sociedad hacia mujeres, sectores indígenas, afrodescendientes y personas de la diversidad sexual.
Eguiguren dijo que Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad en donde perdura la pobreza y desnutrición infantil.
Justicia
Eguiguren señaló que la lucha contra la impunidad y la corrupción es fundamental, pero ven con alarma que muchas de las instituciones que reúnen a jueces, fiscales y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) son objeto de ataques, amenazas, presiones, hostigamiento, e incluso ponen en riesgo la vida de estos y sus familias.
Agregó que la independencia judicial es fundamental, por ello se debe garantizar un sistema de nombramientos judiciales que garantice el respecto a los méritos y las calidades de las personas que se escogen y no sistemas politizados de nombramientos en base a acuerdos políticos. Para ello ven necesaria la Reforma Constitucional al Sector Justicia.
Luis Vargas, comisionado y relator de los derechos migrantes y unidad sobre personas con discapacidad, señaló que se estigmatiza a jueces, fiscales y al comisionado de Cicig que son guerrilleros o extremistas.
Migrantes y desplazados
Vargas indicó que han advertido problemas muy complejos en migración, desplazamiento interno y desalojos.
En el tránsito de personas migrantes estas son víctimas de cantidades enormes de abusos e incluso de desapariciones que no ha sido investigadas.
“Las deportaciones masivas desde otros países de la región plantean un gran desafío, un enorme problema por venir en materia de derechos humanos para las personas que han sido deportadas, el Estado y la sociedad guatemalteca deben estar mucho más pendientes”, afirmó.
¿Está de acuerdo?
Refirió que en el caso de los migrantes internos e internacionales están en una alta vulnerabilidad porque no tienen acceso a la justicia por las condiciones en que se encuentran.
En ese sentido, la CIDH recomienda adoptar medidas para prevenir las causas que generan la migración forzada de personas, así como medidas de protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas para personas desplazadas internamente y garantizar el derecho a salir del territorio de migrantes y personas con necesidades de protección internacional.
Vargas comentó que recopilaron información sobre los despojos de las comunidades, la aplicación de los delitos de usurpación y una modalidad agravada que se ha establecido, así como la criminalización de integrantes y representantes de comunidades campesinas e indígenas en departamentos como Petén, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.
Indicó que fueron testigos de “una tragedia inconmensurable” de unas dimensiones que no habían visto en ninguna parte, “de personas que fueron víctimas de desalojos en Laguna Larga, Petén, y que nos parece que han sido estigmatizados”.
El relator expresó que cree, y lo hace con respeto, que el cumplimiento de una ley no debe implicar violar los derechos humanos y la dignidad en personas vulnerables, en donde viven decenas de niños. Agregó que las personas desalojadas reciben ayuda de organismos internacionales y de México, pero no de parte del Estado de Guatemala.
Otro tema que mencionó Vargas es que personas indígenas, mujeres y niños están expuestos a la trata con fines de explotación sexual y laboral, lo cual les preocupa.
Cárceles
Uno de los temas fuertes de la Comisión fue la situación de los privados de libertad. Vargas comentó que con las visitas a cárceles establecieron un grave problema, principalmente en el hacinamiento, ya que la cantidad de internos triplica la capacidad.
“Eso genera una cantidad de situaciones de violación de derechos humanos. Hay un uso excesivo de la prisión preventiva, más del 50 por ciento de la población está así”, señaló.
“El retraso en las decisiones de la justicia agrava las deplorables condiciones de detención, hay altísimos niveles de violencia y de corrupción en los centros carcelarios, hay una falta de control efectivo de las autoridades en el interior de los centros de reclusión, e incluso se ha llegado a la utilización de recintos miliares y policiales como centros de detención permanente”, resaltó.
Agregó que saben de los esfuerzos estatales dirigidos a racionalizar el uso de la prisión preventiva.
Resaltó el uso desmedido de la reclusiones de castigo con que se sanciona a personas, de exponerlas a encierros donde no ven la luz natural más que una hora al día. También señaló que en el Hospital Nacional de Salud Mental
Federico Mora no se refleja la inversión de US$7 millones, además que es un sitio donde el 75 por ciento de la población no debería estar.
Cuidar a la niñez
La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño señaló que el tema de niñez en Guatemala es una situación que hay que tomar en serio. “Hay que enfocar cuál es la repuesta que estamos dando a los derechos de los niños y adolescentes de este país”, dijo.
Refirió que la tragedia del Hogar Seguro fue la evidencia clara, contundente e inaceptable que muestra la situación de vulneración de los derechos de los menores. Señaló que la CIDH determinó que las víctimas de la tragedia y sus familias no están recibiendo atención integral.
En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, la relatora señaló que la situación es terrible.
Afirmó que en el caso que sea indispensable colocarlos en centros de privación de libertad es necesario que estos cumplan con los estándares internacionales que permitan su reinserción productiva.
Arosemena de Troitiño enfatizó que el sistema de protección a la infancia que tiene el país no funciona.
El presidente de la CIDH resaltó que dentro de tres meses presentarán el informe en donde se harán recomendaciones puntuales y concretas, pero la razón de estar no es elaborar un informe de denuncia, ni una visión destructiva, sino de voluntad y compromiso a ayudar al país.
Discriminación
La relatora Margarette May Mcaulay señaló que una de las grandes causas de impunidad es la discriminación que existe en el país, en especial hacia los pueblos indígenas. Refirió que los niveles de discriminación que existen en Guatemala son inauditos, los cuales nunca había encontrado.
“Analizaremos con detenimiento el informe de la CIDH para buscar mejorar las condiciones en materia de derechos humanos del pueblo guatemalteco. Agradecemos la aceptación de la invitación realizada por el Gobierno del presidente Morales quien ratifica su compromiso por la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del país”.
Resaltó que la discriminación es un problema muy serio, que ha dividido a la población. “Si ustedes tienen una sociedad polarizada no van a tener un país fuerte, siempre va a ser débil”, afirmó. Además, resaltó que otro problema fuerte es la violencia contra la mujer.
Desnutrición
La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño refirió que la desnutrición infantil alcanza casi el 50 por ciento, una cifra de alarma, porque esto no se trata del futuro, sino de hoy.
“Eso no es realmente aceptable, porque están en juego hoy los derechos de esos niños, pero esté en juego la nación guatemalteca, la expectativa de vida de la población guatemalteca”, indicó.
La CIDH recomienda continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, en especial, adoptar medidas urgentes para eliminar la desnutrición infantil.
Prensa
Según el relator Edison Lanza, en libertad de expresión se tienen desafíos, en particular la situación de violencia contra los periodistas, ya que se reportan más de 30 asesinatos en los últimos años.
“En días pasados el presidente del Organismo Judicial, Nery Medina, explicó que por el momento no es recomendable emitir un pronunciamiento concreto respecto de las actividades que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace en el país, porque todavía no se tiene un resultado específico de las labores que realiza”.
Señaló que se reunieron con el presidente Jimmy Morales, quien les manifestó que están decididos a avanzar en la instalación de un mecanismo de protección para periodistas.
También se reunieron con el Superintendente de Telecomunicaciones con quien hablaron sobre la importancia de facilitar el proceso de la televisión análoga a la digital, y que haya más pluralismo en medios informativos.
