El pasado 25 de octubre, el titular del CIV, Javier Maldonado, emitió una resolución mediante la cual avalaba la decisión de la junta de licitación de adjudicar a D&D Ramírez, propiedad de José Ramírez Andrés, un contrato por Q89 millones 600 mil para que supervisara los trabajos de construcción del Puente Belice 2.
No obstante, el pasado 28 de diciembre se publicó un oficio en el portal de Guatecompras en el que se indica que la empresa presentó el 19 de diciembre la fianza de cumplimiento. Dicha fecha se encontraba fuera de plazo y, según la resolución, ello impidió que el contrato se pudiera aprobar en tiempo.
El puente Belice 2 contempla la construcción de infraestructura de hasta 5.1 kilómetros que incluyen pistas de aproximación hacia la estructura principal, una planta baja para transporte público y una superior con cinco carriles. De estos, cuatro son para vehículos y uno para servicios.
La construcción estará a cargo del Grupo Muratori S.A. y el contrato asciende a Q1 mil 785 millones.
Empresa sin experiencia
Según publicó este matutino el pasado 21 de noviembre, D&D Ramírez es contratista del Estado desde 2014, pero en su historial no hay un solo trabajo por supervisión de proyectos de carreteras o puentes vehiculares que estén finiquitados. A la fecha, su experiencia se limita a trabajos de mejoramiento de calles con distintas municipalidades, venta de materiales de construcción, trabajos de líneas eléctricas de distribución y algunos contratos privados de construcción de puentes y pasos peatonales.
No obstante, el pasado cuatro de octubre la junta de licitación, conformada por Ana Karina Zebadúa, Kellers Cecilio Recinos y Juan Pascual Hernández, decidieron adjudicarle la supervisión del puente Belice 2.
Lo paradójico fue que ocho días después, el 12 de octubre, esta misma junta de licitación rechazó adjudicar a D&D Ramírez un contrato para supervisar el proyecto de construcción de la carretera “Libramiento de Sayaxché”, en Petén.
En esa ocasión D&D ofertó Q2 millones 162 mil 500, pero el criterio de los integrantes de la junta fue que no cumplían con los requisitos establecidos en el numeral 9.5.2 de las bases de licitación. Este apartado establece que el oferente debe acreditar, como mínimo, que ha prestado servicios de supervisión en dos proyectos similares al que se pretende contratar.
Ocho días después de la publicación, Acción Ciudadana presentó una denuncia en el Ministerio Público donde señala la inexperiencia de la empresa y manifiesta su preocupación por los riesgos de corrupción en este evento.
“Lo preocupante es que la empresa supervisora que fue contratada por Q89 millones no tiene ninguna experiencia con supervisión y tampoco en construcción, de hecho, para este año esta empresa, con sede en una aldea en El Tejar, Chimaltenango, tiene contratos con el Estado por Q122 millones y de estos Q89 millones corresponden a la supervisión del puente”, dijo Marvin Flores, de Acción Ciudadana.
