Debido a más de un centenar de incumplimientos desde el 2008, funcionarios del Foguavi han presentado 88 denuncias contra las constructoras, por los delitos de estafa, apropiación y retención indebida.
Como consecuencia de esas acusaciones en los tribunales, se ha capturado a ocho empresarios, mientras otros seis tienen orden de detención, según el reporte que presentó Guillermo Castillo, ministro de Comunicaciones, a la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la semana recién pasada.
Incumplimientos
La mayoría de las obras inconclusas son proyectos para personas que perdieron sus viviendas tras desastres naturales, o como parte de los programas de descentralización del Foguavi.
El reporte indica que hasta el 12 de julio último, la mayoría de las obras sin terminar se concentran en cinco departamentos: 22 en Alta Verapaz, 15 en Huehuetenango, 15 en Jutiapa, 14 en Guatemala y 13 en Sololá, aunque las estafas se registran en todas las regiones del país.
Un caso emblemático es el proyecto Construyendo mi barrio, en Canalitos, Guatemala, donde, según el expediente, la constructora Jireh debía entregar la construcción antes del 25 de febrero del 2009, lo cual no cumplió.
Estos trabajos fueron abandonados con un avance del 34.6 por ciento, mientras que a la empresa se le pagaron Q1 millón 227 mil 600, de los Q2 millones 46 mil comprometidos.
Esta constructora también fue denunciada por incumplimiento del contrato en otro proyecto en Santa Catarina Pinula, Guatemala, el cual debía ser entregado en diciembre del 2007, pero quedó abandonado con menos de un tercio de avance.
Por esta obra se había pagado Q1 millón 34 mil, de Q3 millones 448 mil acordados. Ambos casos fueron denunciados a la justicia, de acuerdo con el Foguavi.
Jaime Ramón Aparicio, representante de la constructora Jireh, argumentó que el sistema utilizado por el Foguavi es complicado. Dijo que existen aspectos técnicos y económicos que limitan los cumplimientos.
El constructor asegura que el proyecto en Canalitos no está abandonado, sino que los beneficiarios no han pagado, por lo que solo se ha ejecutado la construcción de las viviendas de quienes han cancelado sus cuotas.
En el caso de Santa Catarina Pinula, también a cargo de Jireh, Aparicio explica: “Allí el problema que se dio, y está documentado, es que los lotes donde se debían construir las casas no daban las medidas para hacer el diseño de Foguavi, por lo que hicimos uno nuevo, que les enviamos, pero ellos nunca lo aprobaron. Aún esperamos la respuesta”.
Varios de los casos denunciados han llevado a la captura de ocho propietarios de constructoras, mientras que seis no han sido detenidos.
Un sueño sin ventanas
Isaías Felipe Lucas, agricultor y vecino de La Máquina, Suchitepéquez, fue uno de los miles de guatemaltecos que perdieron prácticamente todo tras las inundaciones por la tormenta Stan, en el 2005.
Lucas recordó que el Gobierno ofreció en ese entonces donar 52 viviendas en una zona más alta y segura. Para tal propósito, el Foguavi asignó la obra a Distribuidora y Constructora El Éxito.
Según Lucas, se construyeron 21 casas, que se entregaron de manera apresurada a sus nuevos propietarios.
Sin embargo, al poco tiempo el proyecto quedó abandonado, aunque fue retomado a mediados del 2007, en plena campaña electoral. Otras 16 viviendas fueron entregadas, pero no tenían puertas ni ventanas. Lucas, quien vive con sus padres, de 76 y 74 años, no tuvo más remedio que aceptar la en esas condiciones.
Actualmente, el proyecto de La Máquina es uno más de los 123 que más de 60 empresas abandonaron, pese a que el Gobierno les ha pagado casi Q92 millones.
Francisco Valenzuela, representante de Distribuidora y Constructora El Éxito, afirmó que han conversado con los beneficiarios, para concluir las obras de acuerdo con los pagos efectuados por el Foguavi.
A la lista negra
Pero no todas las empresas demandadas han dado señales de querer cumplir los compromisos. Al menos siete de estas presentaron fianzas falsas, lo cual dificulta que el Foguavi presente el reclamo.
El ministro Castillo aseguró a los diputados de la URNG que las empresas cuestionadas serán colocadas en una lista negra y no les volverán a asignar proyectos.
Para corregir los abusos, Susana Portillo, portavoz del Foguavi, afirma que se ha modificado la forma de entregar anticipos. La funcionaria explicó que ahora se entrega el 30 por ciento al inicio de los trabajos, 30 por ciento en la segunda etapa, y el 40 por ciento restante al entregar el proyecto terminado.
“Esto permite mejor control y no dar en la segunda etapa el 50 por ciento como ocurría antes cuando las empresas recibían el pago y desaparecían”, afirmó.
La diputada Rosa María de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, dijo en forma tajante: “Se debe prohibir el pago de adelantos y anticipos, porque al final el Estado resulta siendo estafado”.
“Estamos de acuerdo en que las personas tengan acceso a vivienda digna, pero los procesos de adquisición deben ser controlados; allí se ha notado la debilidad de la Contraloría General de Cuentas, porque no hay verificación y auditoría del avance de los pagos”, señaló.
La Bancada Guatemala, a la que pertenece De Frade, propuso varias enmiendas a la Ley del Foguavi, para prohibir los pagos por adelantado.
Según Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, “las denuncias del Foguavi contra las empresas son la dolencia de una enfermedad que afecta al sistema de compras y contrataciones”.
“Ese sistema está incapacitado para seleccionar a las empresas eficaces, porque no hay un proceso transparente; entonces, el anticipo sirve para hacer crecer empresas de reciente creación a costas del Estado, que luego es estafado y robado”, expresó.
