Los Codedes se han caracterizado en los últimos años por la deficiente y en algunos casos pésima ejecución presupuestaria. Esto, sumado a que la distribución que plantearon los consejos para la distribución aún es objeto de litigio en la Corte de Constitucionalidad (CC), que por estos días enfrenta batallas legales en contra de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, hace pensar que tendrá que pasar mucho tiempo para que se utilicen esos millonarios recursos.
El pasado 5 de abril, el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria por Q5 mil 138 millones, dentro de estos se incluyeron Q600 millones para los Codedes. En la ley los legisladores no establecieron criterios para su distribución, solo que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), que coordina a los Codedes, es la coordinar y desarrollo de las obras.
A finales de junio, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunciaron que había una intención de repartir los Q600 millones solo entre algunos Codedes y que para tal fin estos habrían aprobado sus propios criterio de repartición.
Por esa acción, presentaron un amparo en la CC para que quede sin efecto la distribución de los recursos de acuerdo con los criterios aprobados en los Codedes.
Contradicciones
El diputado Carlos Barreda, uno de los ponentes de la acción legal, considera que hay buenas probabilidades de que le otorguen el amparo, y cita que las instituciones involucradas evidenciaron contradicciones en los informes circunstanciados que enviaron a la Corte.
Por ejemplo, la Presidencia argumenta que Segeplan no ha recibido oficialmente por parte de los Codedes el listado de proyectos, sino solo información de las actas suscritas, por lo cual no puede emitir una opinión técnica y que, en todo caso, quienes han incurrido en omisiones que “eventualmente vulneran derechos constitucionales, son los Codedes”.
La SCEP, por su parte, asegura que remitió una propuesta al Ministerio de Finanzas sobre los criterios para asignar a los municipios los Q600 millones pero que esta “no fue acogida” por dicha cartera. Mientras que Segeplan precisa que no ha recibido los criterios bajos los cuales se asignarán los techos presupuestarios.
Será lamentable perder recursos
Y mientras el tiempo pasa los alcaldes ven cómo se va como agua entre las manos los recursos para ejecutar obras.
Abraham Rivera, jefe edil de la cabecera de Escuintla, aseveró que “sería una lástima” que esos recursos no se utilizaran este año y que fueran a parar al fondo común puesto que la ejecución de estas obras llevaría desarrollo a los municipios y reactivarían la economía, fuertemente golpeada durante la pandemia, tal como lo indica el propósito de la aprobación.
Rivera cree probable que se termine el año sin que se utilicen estos recursos “por los tiempos en que estamos y por lo largo que son los trámites” contemplados en la Ley de Compras y Contrataciones; sin embargo, ninguna comuna podría levantar un evento sin tener la certeza del financiamiento para comenzar a hacer los trámites.
“Deberíamos tener la resolución de la Secretaría Ejecutiva donde diga que los proyectos ya tienen un monto asignado”, expuso el alcalde.
El problema, añade Rivera, es que la normativa fue aprobada por el Congreso sin haberse establecido los mecanismos de distribución adecuados, por lo cual, lo ideal hubiera sido hacer las asignaciones con base a los procesos con los que se distribuyen los fondos ordinarios, algo que no se hizo “por falta de voluntad política”.
En algún momento, algunos acaldes aseguraron que las asignaciones iban dirigidas y solo se beneficiaría a ciertos municipios como pago de favores políticos, lo cual, según el alcalde escuintleco, podría ser cierto, si es que al final de cuentas no se hace una distribución equitativa de los fondos.
Aprobación fue por cuestiones políticas
Mientras tanto, Barreda señaló que la acción de algunos Codedes de ciertos departamentos de aprobar la distribución de recursos es ilegal puesto que, al regir el presupuesto 2019 —porque no fue aprobado el de 2020—, y siendo los Q600 millones parte de una ampliación presupuestaria, deben distribuirse con los mismos criterios que el año pasado que priorizan los niveles de pobreza, el índice de desarrollo humano y el porcentaje de población.
Otra ilegalidad, a consideración de Barreda, es que los proyectos propuestos por los Codedes no tienen ningún nivel de prefactibilidad y por lo tanto no cuentan con número del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Para el legislador, el hecho de que se haya pretendido repartir el dinero solo entre algunos departamentos demuestra que la aprobación de los Q600 millones son parte de las “negociaciones que se han dado de manera política entre el organismo Ejecutivo y sus aliados”.
Estimó que los recursos no serán ejecutados para fin de año puesto que de ser trasladados con los criterios inadecuados tanto el ministro de Finanzas como los titulares de la SCEP y Segeplan caerían en ilegalidades como abuso de poder e incumplimiento de poderes.
Aunque Barreda estima que la CC lo amparará, lo cierto es que bien sea que esto ocurra o no, estamos por ingresar al último cuatrimestre del año y la ejecución de Q600 millones es prácticamente imposible.
Los más seguro es que dichos recursos pasen finalmente al fondo común donde son capitalizados por la Tesorería Nacional y son utilizados por el Ministerio de Finanzas a principios del año siguiente para el pago, por ejemplo, de la segunda parte del aguinaldo, el último pago del situado constitucional o simplemente para el funcionamiento del Estado.
Esperan resolución
La oficina de Comunicación de la SCEP aseguró que esa secretaría “ha realizado las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 20-2020”, en donde se establece la asignación a los Codedes.
Añadió que la dependencia está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional “para dar cumplimiento a la misma”.
Según la SCEP “es importante recalcar que esta Secretaría no participa en la ejecución de proyectos, por lo que no está facultada para establecer los criterios de distribución para la inversión”.
