Los vicepresidentes acordaron tener dos reuniones semanales y mientras Cabrera dijo que la prioridad está en el Congreso, por el tema de presupuesto, Fuentes Soria aseguró que la actual administración agilizará resolver los asuntos que tienen plazos, para que no los tome el nuevo gobierno.
Según el vicemandatario, durante el primer acercamiento con el equipo de los gobernantes electos, se abordaron temas sobre la atención del medio ambiente, medidas de trasparencia que se implementan en el Ejecutivo y la baja recaudación tributaria, entre otros.
Prioridades
La coordinadora técnica del proceso de transición y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Ekaterina Parilla, informó que la entidad recibió 144 informes de entidades directas del Ejecutivo, de los Consejos Departamentales de Desarrollo y de los gobernadores departamentales.
Según Parrilla, de la información obtenida se detectaron 68 prioridades, de las cuales 25 se consideran urgentes pues se trata de situaciones que tienen algún plazo o deben tener continuidad inmediata, como los programas de seguridad alimentaria, compromisos con cooperantes y préstamos.
Las otras 43 prioridades, consideradas como no urgentes, son programas de largo plazo.
Parrilla dijo que lo ideal para el proceso de transición sería que el nuevo gobierno envíe a los jefes de los principales ministerios para que reciban de forma directa la información y que esta no sea enviada a través de una comisión.
Cabrera ha dicho en declaraciones previas que el equipo designado para la transición es capaz de llevarla a cabo y no es necesario el nombramiento de los ministros para que lleven a cabo las tareas.
Analizan continuidad
Ambos equipos decidirán sobre la continuidad o modificación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico y de la Secretaría Específica de la Presidencia. Además, se informó que el Presidente Alejandro Maldonado trasladó el programa de Diálogo Nacional, que estaba a cargo de la Secretaría Privada de la Presidencia, al Ministerio de Trabajo.
Entre otras modificaciones efectuadas por Maldonado, también se rescindieron 150 contratos en distintas dependencias del Ejecutivo, pues se afirmó que estas no son necesarias para la labor del Gobierno.
