La comisión, dirigida por el comisionado Oscar Dávila, tiene 37 personas laborando. El presupuesto vigente para 2021 es de Q11.5 millones, del cual a la fecha se ha devengado Q1 millón 454 mil 156. El año pasado, en noviembre, este techo presupuestario se redujo a Q9.8 millones, de lo cual se ejecutó Q5.7 millones en pago de planilla, materiales y suministros, propiedad y planta y equipo, entre otros.
En su primer informe anual de labores, la Comisión destaca como logros el haber interpuesto 14 denuncias, 12 penales en el Ministerio Público (MP) y dos administrativas en la Contraloría General de Cuentas, que involucran a 72 funcionarios de gobierno y 75 comerciantes individuales o colectivos. Además, detalla que se investigaron 117 eventos de adquisiciones en Guatecompras que suman Q380.96 millones.
No obstante, en la ciudadanía aún se percibe falta de probidad y transparencia en las instituciones gubernamentales. El Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional, por ejemplo, calificó en 2020 a Guatemala con 25 puntos, donde 0 representa el mayor nivel de corrupción y 100 el menor. El punteo decreció con relación al 2019, cuando fue de 26 puntos.
De igual forma, en un estudio de la firma ProDato, el 51 por ciento de encuestados guatemaltecos dijo que estaban “algo de acuerdo” o “poco o nada de acuerdo” con la forma como el presidente Giammattei gestiona la pandemia. Al consultar las razones, el 17 por ciento respondió por “robo o corrupción” y otro 14 por ciento por “malas decisiones”.
La percepción ciudadana podría empeorar, coinciden entrevistados, dado que en las últimas semanas altos funcionarios de gobierno han sido sindicados o involucrados en presuntos casos de corrupción.
Ejemplo de lo anterior es el allanamiento que realizó el la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la residencia de Giorgio Bruni, exsecretario privado de la presidencia, el 19 de febrero con el fin de recopilar información por el caso de los Q122 millones, o la denuncia por la venta de 30 mil pruebas de covid-19 falsas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Factores ajenos
Oscar Dávila, titular de la CPCC, considera que hay factores que afectan la percepción de corrupción que se salen de sus manos. Por ejemplo, el retraso de más de un año en que ha incurrido el Congreso de la República en el nombramiento de magistrados de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
De igual forma, según Dávila, afecta la percepción ciudadana en corrupción algunas resoluciones judiciales, sin especificar cuáles.
“Hay procesos legislativos que no avanzan, fueron tema de coyuntura durante el año pasado y todavía en este año que generan una percepción muy deplorable de Guatemala. Lamentablemente, los actores (involucrados) no hacen algo específico para cambiar esa situación. Por nuestra parte, y por instrucción del señor presidente, hacemos lo que nos corresponde para limpiar el Organismo Ejecutivo”, justificó Dávila.
Sin independencia
Eddie Cux, de Acción Ciudadana, comentó que desde un inicio se supo que la CPCC no tendría la independencia para investigar actos de corrupción puesto que depende jerárquicamente de la Presidencia de la República.
“La comisión es una pantalla que simula una lucha contra corrupción, pro cuando vemos casos de gran envergadura, se trata de disminuir su impacto, como sucedió en el caso de las pruebas falsas”, dijo Cux.
El entrevistado agregó que el gobierno ha tenido una mala gestión de las vacunas contra el coronavirus, lo que causó la pérdida de diez dosis un día después que fueran donadas. Esto, aunado a otros factores como la conformación opaca del presupuesto 2021, pueden afectar la percepción ciudadana.
Aunado a lo anterior, ya hay fiscalías en el MP, como la Feci, que investiga casos de alto impacto, por lo que el gasto del a CPCC podría ser focalizado en otras áreas donde se necesite, dijo Cux.
Por su parte, Enrique Maldonado, investigador asociado de Diálogos, comenta que la corrupción tiene muchos caminos y se relacionan con el nombramiento de funcionarios en puestos cable que no cumplen con el perfil profesional. O la forma en cómo en algunas áreas de salud aún se lleva el control de inventarios en papel.
“Se deben cerrar los caminos a la corrupción. La ciudadanía percibe a cada gobierno como más corrupto que el anterior y eso erosiona la moral tributaria. ¿Quién va a querer pagar impuestos si no hay mejoras?”, cuestiona el entrevistado”.
