Este año la CCP tiene un presupuesto vigente de Q11 millones 500 mil. Supera por Q1 millón 350 mil al del 2021, cuando tuvo Q10 millones 150 mil y es Q1 millón 715 mil superior al del 2020, cuando se le asignaron Q8 millones 500 mil.
De acuerdo con su acuerdo de creación, la CPCC tiene 12 atribuciones, entre las cuales destacan promover la política pública contra la corrupción, establecer mecanismos para detectar actos de corrupción en instituciones del Estado y promover estrategias para prevenir y luchar contra la corrupción en las dependencias del Ejecutivo.
Actualmente, tiene contratadas a 28 personas con remuneraciones que oscilan desde los Q5 mil 627 hasta los Q35 mil 301.65, para el caso del director Oscar Dávila, quien recientemente entregó su expediente a la Comisión de Postulación para el puesto de fiscal general del Ministerio Público.
Retrocesos
Este año, Guatemala obtuvo 25 puntos en Índice de Percepción de Corrupción de Corrupción (IPC) que realiza Transparencia Internacional. Con esto bajó a la casilla 150 de 180 países evaluados, que es el puesto más bajo obtenido por Guatemala desde que se empezó a publicar el informe del IPC en 1996.
Ante esta realidad, Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, considera que la CPCC es una dependencia inoperante que fue creada por el presidente para fingir que se está luchando contra la corrupción.
“Giammattei con eso (con la CPCC) intenta quedar bien con ciertos sectores de la comunidad internacional, pero estos actores debieran ver que esta comisión no ha ayudado en lo absoluto. Ha servido como un mecanismo para proteger al presidente”, dijo Montenegro.
Advirtió que cualquier dependencia anticorrupción que dependa jerárquicamente de la presidencia no puede tener independencia para investigar. No obstante, desde el Ejecutivo se ha demostrado que no hay un interés en luchar contra este flagelo.
“El presidente ha sido parte activa en desbaratar todo el sistema de justicia y cooptar las instituciones. Se metió hasta el fondo en la elección de corte de constitucionalidad, nombró personas vinculadas a él con conflicto de interés, atacó a al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Eso, más todos los escándalos de corrupción, demuestran que es parte activa de la corrupción”, dijo Montenegro.
María del Carmen Pelaez, investigadora de Diálogos, comenta que, si la comisión funcionara correctamente, el presupuesto erogado a la fecha sería razonable. Sin embargo, a la fecha son pocos los resultados que se han visto.
“La forma de nombrar a sus autoridades depende de decisiones políticas del presidente. Luego de tener a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de tener resultados exitosos se esperaba que se formulara un organismo con independencia, pero es muy poco lo que podemos esperar por el condicionamiento político de la comisión.
La entrevistada cree que es necesario replantear el diseño de esta comisión. “Como está concebida actualmente no debiera seguir existiendo. Sería más prudente y oportuno considerar otros mecanismos donde se promueva más independencia de la entidad y considerar incluso institucionalizarlo en una ley para tener más estabilidad”, dice.
José Echeverría, el Movimiento Cívico Nacional (MCN), dice que es difícil que, por su diseño, es difícil que la comisión pueda combatir la corrupción dentro del Organismo Ejecutivo, pero hay que evaluarla a la luz de sus objetivos.
Por tal motivo, considera que es importante que la entidad fortalezca la comunicación para informar a la población cuáles son sus campos de acción y la ciudadanía, de igual forma, debe interesarse por conocer cuáles son los objetivos de esta entidad.
“Tenemos buenos resultados”
Oscar Dávila, director ejecutivo de la CPCC, considera que han tenido buenos resultados en la prevención de la corrupción, así como en el combate de este problema.
“En relación con la prevención hemos elaborado varias propuestas. Está el código de ética que está por salir y lo va a impulsar el Ministerio de Trabajo. Presentaremos a la presidencia la segunda semana de febrero la política gubernamental de prevención y lucha contra la corrupción para que todas las instituciones del Organismo Ejecutivo tengan una base sólida para actuar”, dijo Dávila
Respecto a los casos de corrupción que se han denunciado en el Organismo Ejecutivo, Dávila explicó que no siempre pueden intervenir, puesto que a veces ya hay una investigación en marcha en el Ministerio Público y ellos no pueden interferir en las pesquisas.
“Nosotros tenemos nuestra forma de trabajar. Cuando recibimos una alerta de corrupción, que es información que la ciudadanía traslada, empezamos a analizar la información. Verificamos los antecedentes para ver si no hay ya investigación iniciada en el Ministerio Público o Contraloría General de Cuentas para que no interrumpamos o no entorpezcamos pesquisas que estas instituciones llevan iniciadas”, dijo Dávila
