La Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), casi triplicó sus quejas durante el 2020, pasando de recibir ocho mil reportes, en promedio, a contabilizar 23 mil 653 quejas por alzas.
“En algunas farmacias, los artículos están un poco más baratos o un poco más caros, pero es una economía de libre mercado. Alguna lógica tendrá en esa libertad que hay en los precios”, explicó Carlos Vásquez, vocero de la Diaco.
No obstante, varios parlamentarios aseguran que la ley de competencias es una herramienta legal que forma parte de un paquete de normas económicas, que podría ayudar a mitigar la pandemia y cualquier otra enfermedad que requiera la compra de medicinas e insumos médicos.
Pruebas y medicinas
La iniciativa fue presentada el 11 de mayo del 2016, y cinco años después apenas ha caminado en su primera lectura, haciendo que los beneficios de la norma no pasen del papel a la realidad.
El diputado Carlos Barreda, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y expresidente de la Comisión de Economía, que dictaminó la ley, explicó que dentro del Congreso hay quienes se oponen a los beneficios sociales que implica aprobar esta norma.
El parlamentario explico que entre las principales regulaciones destaca la no concertación de precios y permitir que otras marcas compitan en igualdad de condiciones en el mercado nacional, lo que podría ayudar a comprar medicamentos más económicos para tratar el coronavirus, por ejemplo.
La ley de competencia, no obstante, no tendría efectos inmediatos, ya que ordena la creación de una intendencia que regulará el mercado y su competencia, para lo cual expertos estiman que se necesitaría por lo menos un año más para su aplicación.
Lea también: El servicio vital que se encareció y comienza a afectar a los empresarios de la región
Retorno a Comisión
Pese a que existen consensos en el Congreso al respecto de los beneficios de la ley de competencia, las opiniones se dividen sobre cuál es el mejor momento para aprobarla. Hay un grupo que advierte que la ley no está lista y debe regresar a la Comisión de Economía para volver a discutir su dictamen.
La última vez que la iniciativa se conoció en el pleno fue el 10 de abril del 2018, cuando se aprobó en primer debate, y desde entonces ha quedado inactiva. A criterio del nuevo presidente de la Comisión de Economía, Rodolfo Neutze, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), la propuesta debe de ser actualizada.
“Es una iniciativa bien hecha, técnicamente soportada, pero creo que ya no cumple para la realidad de Guatemala y la post pandemia (…) considero que es mejor regresarla a Comisión y hacer un nuevo dictamen (…) mi compromiso, como presidente de la Comisión de Economía, es revisarla y sacar el nuevo dictamen en 30 días”, indicó.
La diputada Evelyn Morataya del bloque Bienestar Nacional (Bien) apoya que regrese la iniciativa a comisión, si es necesario, pero que el dictamen se agilice.
“Aprobamos una ley de emergencia donde se estipula los medicamentos que se tienen que comprar, y sabemos que los proveedores son pocos. Esta ley permitiría al Ministerio de Salud que otros proveedores pudieran suministrar los medicamentos; Guatemala es el país de la región que más caro compra la medicina”, señala Morataya.
Mineco buscará cambios
Mientras tanto, el Ministerio de Economía (Mineco) está a favor de que la propuesta regrese a la Comisión para un nuevo dictamen, considerando que hay algunos aspectos que podrían limitar su aprobación dentro del pleno.
Jorge Miguel Castillo, jefe de la Dirección de Promoción a la Competencia, del Mineco, señala que un nuevo dictamen “permitiría simplificar la normativa, pues tiene muchos detalles operativos que solamente dificultan su implementación, como sucede con la ley de las Alianzas Público-Privadas”.
Castillo advierte que la actual legislatura no cuenta con acuerdos políticos sólidos y eso también afectaría la aprobación de la actual ley de competencia, que necesita 107 votos para avanzar, porque plantea la creación de una Superintendencia de Competencia, como máxima autoridad.
“Al regresar a la Comisión se podrán estructurar los cambios pertinentes para que la superintendencia funcione dentro del Ministerio de Economía con autonomía técnica, independencia en sus investigaciones, y fortalecida con términos de capacidades”, explicó.
Por ahora el Mineco trabaja de cerca con el Congreso y estará presentando las propuestas de cambio para facilitar su posible aprobación de la ley de competencia.
Entre las modificaciones que propone el Mineco está “crear crecimiento económico sostenible a largo plazo, adaptarla a las necesidades y demandas que la pandemia nos ha enseñado y que favorezca el desarrollo de Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) en el país, por ello es conveniente aclarar que los problemas de competencia no se vinculan estrictamente con proteger al consumidor, muchos de los problemas que existen en el mercado de Guatemala son entre empresas, dónde las Mipymes sufren altos precios y baja oferta, producto de prácticas anticompetitivas relativas”, señaló Castillo.
