Estas acciones, según analistas, han puesto en entredicho el sistema democrático de país y el estado de Derecho, algo que también preocupa a la comunidad internacional, que teme que la situación se degenere al punto que no se respete la voluntad popular expresada en las urnas, el elemento más visible de una democracia.
El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinkin, así como otros funcionarios de menor rango de esa agencia del gobierno estadounidense, han emitido contundentes pronunciamientos en contra de lo que consideran amenazas a la democracia guatemalteca.
De tal cuenta, a pedido del Legislativo estadounidense, el Departamento de Estado emitió el pasado 19 de julio una nueva lista de sanciones donde incluyó 10 nuevos actores guatemaltecos acusados de socavar la democracia.
Las sanciones aplicadas corresponden a la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados, que ordena al Gobierno de EE. UU. identificar a quienes “se vean involucrados en actos que socavan los procesos o instituciones democráticas, quienes se han involucrado en actos de corrupción o han obstruido las investigaciones de dichos actos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua”.
Además, en la reunión de la OEA del pasado 19 de mayo hubo muestras de preocupación de al menos 10 naciones por la situación del país, y un día después cuatro congresistas estadounidenses pidieron revisar la participación de Guatemala en el Tratado de Libre Comercio y restringir la cooperación y el apoyo en materia de seguridad.
Escenarios
Pero analistas coinciden en que el nivel de acciones y posicionamientos de países y organismos dependerá de cómo evolucione la democracia guatemalteca.
De momento la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) a cargo de Rafael Curruchiche insiste en las acciones que pretenden inhabilitar al partido Semilla, para lo cual ha contado con resoluciones favorables del Juzgado Séptimo Penal a cargo del juez Fredy Orellana. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por su parte, no ha acatado la orden judicial y la agrupación se mantiene vigente.
Esto ocurre en medio del amparo provisional concedido por la Corte de Constitucionalidad (CC), a través del cual garantiza que el balotaje debe celebrarse, según lo resuelto por el TSE, es decir entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
Hay quienes no descartan la posibilidad de que la OEA aplique al país la Carta Democrática. En 1993 con ocasión del autogolpe de Jorge Serrano, el organismo implementó la resolución 1080, el antecedente de la Carta, que se aplicaba ante el peligro de que un país dejara de ser democrático.
La aplicación de la Carta implicaría una reducción de la cooperación, reembolsable y no reembolsable, y una baja en la calificación de entidades internacionales, lo que afectaría seriamente al clima de inversiones.
No obstante, para que eso ocurra actualmente, afirma el internacionalista Roberto Wagner, deberían pasar acontecimientos que amenazaran con alterar el régimen democrático de una manera sustancial, como el que no se reconociera la participación de alguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta, que ya electo no se le permitiera asumir o que se iniciara una persecución y encarcelamiento en contra de opositores políticos.
De momento, enfatiza Wagner, EE. UU. se limitará a emitir sanciones y a hacer pronunciamientos y evitaría entrar en conflicto con la administración de Alejandro Giammattei, o calificar a su gobierno de antidemocrático porque eso podría disparar la migración irregular, y una declaración de ese tipo le obligaría a recibir a cuanto solicitante de asilo llegue a su frontera pidiendo protección, con el argumento de que huye de una persecución política.
El analista estima que Washington esperará a que el proceso electoral siga su curso, ya que, a pesar de la judicialización, protestas y muestras de inconformidad “el proceso sigue”.
“Hay rumores de que si disuelven al partido —Movimiento Semilla— los diputados se quedarían sin bancada, ahí EE. UU. no se mete y dirá que es cuestión de la legislación guatemalteca. Ahora, si empiezan a meter a la cárcel a varios de los diputados electos habría más presión y actuarían”, explicó Wagner.
Si se da el escenario de que por cualquier motivo Semilla no participara en la segunda vuelta, añade el analista, EE. UU. y “un montón de países” podrían no reconocer al siguiente gobierno, con lo cual se pondría en riesgo el comercio, la cooperación y las relaciones bilaterales para luego adoptar medidas más radicales, como cortar toda cooperación o gravar las remesas, entre otras.
“EE. UU. está viendo como la barca se va directo a la catarata, sabe que tiene los recursos para salvarla, pero van a esperar”, puntualizó.
Presión aumentará
El analista político Werner Castillo coincide con que si se insiste con la judicialización de la política y la democracia se deteriora al punto de existir un rompimiento del orden constitucional, “EE. UU. intervendría de una manera mucho más contundente” y pasará de las sanciones morales a las económicas.
“La preocupación de EE. UU. es grande y va en aumento. Les preocupa que se genere un conflicto profundo y se agrave en un país que normalmente ha sido un aliado incondicional”, subrayó.
El exembajador y exvicecanciller Luis Fernando Andrade expuso que los señalamientos al país desde la comunidad internacional no se daban desde la época de Romeo Lucas García. Ahora ocurren, dijo, porque “estamos en un punto en que la comunidad internacional ve en Guatemala la pérdida de la democracia”.
Al hablar de las consecuencias que el deterioro democrático podría traer al país enfatizó en la imagen de falta de certeza jurídica y democracia que podrían convertir al país en una nación paria incapaz de atraer inversiones.
“Tiene que haber presiones de sectores locales, no puede haber ambivalencia, si no, vamos a caer en una espiral de aislamiento internacional y lo vamos a pagar muy caro”, remarcó.
“La presión internacional va a ir creciendo y va a ser muy fuerte si sigue intentando desestabilizar el proceso electoral. No van a permitir —la comunidad internacional— que Guatemala se descarrile y que el régimen imponga sus condiciones a través de procesos judiciales espurios”, señaló Andrade.
