“No está funcionando la Terminal, no se está generando ningún ingreso, entonces se nos está acabando el dinero para pagar a los empleados y para pagar los préstamos, etcétera”, expresó Marston.
Recordó que no tenían acceso a toda la información del negocio y que Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), anterior propietaria de TCQ, no entregó todo lo que esperaban.
“Recibimos un informe sobre la compañía para poder evaluar si era una empresa sólida. No fue suficiente, así que solicitamos más información. Tuvimos una lista de información, eran documentos para revisar, también algunas visitas directas a Guatemala, entrevistas con la gerencia, haciendo preguntas específicas sobre sus prácticas de negocios, etcétera, y lo que recibimos después fue lo que ellos —TCB— decidieron compartir con nosotros”, explicó la alta ejecutiva.
Investigación propia
APMT comenzó una investigación propia, con la asistencia de un bufete contratado con asesores financieros e informáticos, la cual se encuentra en 50 por ciento, indicó Marston.
Esa investigación interna ha permitido el hallazgo de documentación e información que hubieran querido tener desde el principio con las primeras solicitudes de datos.
“Los indicios iniciales nos dicen que sí ha habido algunas irregularidades que queremos resolver en nuestros reclamos”, indicó la ejecutiva.
Será al terminar esas revisiones cuando la propietaria de TCQ decidirá qué tipo de acciones legales presentan y contra quién.
Dentro del Ejecutivo tienen la teoría de que, si deciden accionar, sería contra TCB y Ángel Pérez Maura, empresario español contra quien el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidieron una orden de captura internacional.
De hecho, Pérez Maura pidió una orden judicial en España para prohibir a APM Terminals brindar información del proceso y relacionada con TCQ.
“Únicamente puedo imaginar o adivinar cuáles son sus preocupaciones personalmente. Realmente sí cuestiono, me pregunto qué es lo que le preocupa. Realmente no entiendo de qué debiera preocuparse realmente si él es inocente”, comentó la vicepresidenta de APMT.
El acuerdo de compra-venta, agregó, tiene diferentes recursos para elegir cuando finalice la investigación interna.
“Pensamos que sí tenemos un acuerdo de compra-venta muy sólido que permita reclamos por daños en caso de violación, y definitivamente vamos a continuar con esos reclamos”, advirtió Marston.
Diálogo permanente
Tanto APMT como el interventor de TCQ, Alexánder Aizenstatd, resaltaron que se mantienen en comunicación constante.
“TCQ, si bien es una sociedad anónima guatemalteca, es parte de una estructura multinacional, no es una pieza independiente. Son dos propietarios, y si no lo hiciera, —comunicarse con ellos— pudiera haber responsabilidad del Estado”, explicó el interventor.
Aizenstatd indicó que hay tres licencias pendientes para el proyecto, y una de ellas es la de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para actuar como “depósito aduanero temporal”.
Personal de la SAT hizo ayer una verificación en la terminal, lo que será informado a las autoridades de la entidad recaudadora, para emitir una resolución favorable o desfavorable.
Las otras dos licencias pendientes son de la Comisión Portuaria Nacional y del Ministerio de la Defensa.
Marston manifestó preocupación porque las ganancias de la terminal, una vez opere, terminen como extinción de dominio, porque desalienta la inversión y repercutiría en el despido de personas.
Al respecto, Aizenstatd señaló: “De conformidad con la Ley de Extinción de Dominio, si está bajo intervención, las ganancias se deben depositar a una cuenta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio”.
Polémico negocio
TCQ ha causado polémica desde julio del 2012, cuando se firmó el contrato entre esa compañía y la Empresa Portuaria Quetzal.
- El usufructo fue entregado el Miércoles Santo del 2013 a TCQ.
- El 12 de abril último, Juan Carlos Monzón Rojas, como colaborador eficaz, dio detalles del negocio al MP y la Cicig.
- El 15 de abril se efectuaron varias capturas, incluidos directivos de TCQ, y se sumaron más señalamientos contra los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
- Pérez Molina y Baldetti son acusados de haber recibido US$8.2 millones en sobornos a cambio de entregar el usufructo a TCQ, compañía que fue intervenida posteriormente.
