“Ya se firmó con AstraZeneca hoy en la mañana 4 millones de dosis de las cuales vendrán dos al IGSS, que le permitirán cubrir a un millón de afiliados sin importar la edad”, dijo el presidente Alejandro Giammattei el 14 de agosto.
Lo cierto es que a Guatemala no ha arribado ninguna de esas vacunas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no ha erogado ningún pago a la farmacéutica. De los Q1 mil 500 millones disponibles para compra de vacunas contra el covid-19, se han gastado Q912 millones 806 mil 713. De estos, Q614.5 millones se entregaron a Human Vaccine para la compra de AstraZéneca y el resto han sido pagos consecutivos al mecanismo Covax, según consta en el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas (Sicoin).
El MSPAS ha dicho que este contrato lo firmó la exministra de salud, Amelia Flores, previo a cesar del cargo, aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha contradicho esto al asegurar que aún no se formaliza la negociación.
Dejando a un lado las inconsistencias, Prensa Libre solicitó vía acceso a la información pública que el MSPAS informara qué funcionarios han participado en las negociaciones de la compra de vacunas AstraZéneca y que se especificara el tipo de asesoría brindada.
La secretaría ejecutiva del MSPAS se negó a proporcionar esta información con la excusa de que la compra era confidencial y cualquier dato relacionado con la negociación no se podía divulgar. Sin embargo, en ningún momento se requirió que se revelara el contenido del contrato, sino únicamente los funcionarios que participaron en la negociación.
Por su parte, el ministro de salud, Francisco Coma, se excusó de responder aduciendo que él tomó posesión el 16 de septiembre del año en curso y que “la información real y exacta de todas las personas que asesoraron y en qué medida lo hicieron, únicamente es de conocimiento de la exministra, autoridad superior que en su momento efectuó y llevó a cabo tale negociaciones”.
Para Karin Slowing, analista en salud pública, la respuesta del ministro carece de sentido, ya que la ministra no firmó los contratos a título personal, sino lo realizó en representación del MSPAS, ente rector de la pandemia en Guatemala. “Debe haber un expediente de compra y este debe ser público. Mínimamente, si no pueden dar detalles por la confidencialidad, deben informar quiénes son los funcionarios que negociaron los contratos”, dijo Slowing.
Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al que supuestamente se le entregarían 1 millón de los 4 millones de dosis adquiridas, según el presidente, dijo por medio de su oficina de comunicación social que ha celebrado reuniones con el MSPAS relacionadas a la firma del contrato. “El MSPAS, como ente rector, nos ha informado que el ingreso está próximo y coordinaremos con ellos el proceso de entregas para continuar este esfuerzo”. Sin embargo, al consultarles si contaban con una copia del contrato, no hubo respuesta.
Retención de información
Luego de que el MSPAS se negara a informar quiénes asesoraron a la exministra en la firma de los contratos, se planteó un recurso de revisión para que las autoridades reconsideraran la negativa. Nuevamente, rechazaron informar lo solicitado.
Eddy Cux, de Acción Ciudadana, considera que es evidente la intención de mantener en secreto información que es pública. Con esto, se vulneran derechos como el de acceder a registros públicos y el de la libertad de expresión.
Cux considera que para que una información se mantenga bajo reserva, la autoridad superior, en este caso el ministro o la exministra en su momento, debieron emitir una resolución que se publicara en el Diario Oficial explicando por qué era reservada y el tiempo y razón de por qué se mantiene en ese estado. Esto nunca sucedió.
Por su parte, Mario Fuentes Destarac comenta que la Ley de Acceso a la información Pública establece en su artículo 22 qué información es confidencial y cuál no. En este apartado no figura el dato de los funcionarios que participan en negociaciones estatales, por lo cual el argumento del MSPAS carece de sustento.
“Ese argumento no es válido. Se trata de información pública que consta en los registros del MSPAS. El derecho a saber es una garantía constitucional”, dijo Destarac.
Retrasos
El 16 de agosto Giammattei dijo que las vacunas vendrían la primera semana de octubre, pero un mes después siguen sin venir los fármacos. Aunque no hay ningún indicio que el contrato se haya firmado, el MSPAS insiste aun así en que solo está a la espera del cronograma de entregas.
José Ortiz, epidemiólogo del Observatorio de Covid-19 en Guatemala, prevé que cualquier compra que planee realizar el gobierno se verá afectada por los retrasos, y que países industrializados ya están adquiriendo vacunas para aplicar una tercera dosis y difícilmente Guatemala será un mercado atractivo.
Por su parte, Slowing comenta que el nivel de urgencia de adquirir vacunas es alto, ya que en las últimas semanas se ha visto cómo hay personas que aún carecen de su segunda dosis. Entre estos se encuentran los adolescentes y adultos mayores.
“Es un asunto urgente. ¿Por qué se ha demorado el contrato? ¿Cuál es el cronograma de entrega? No hay que cometer los mismos errores que con Spuntik, no se puede cometer la irresponsabilidad e comprar y pagar vacunas sin un cronograma de entrega”, dijo Slowing.
A la fecha, 5 millones 473 mil 684 personas se encuentran vacunadas con la primera dosis y 3 millones 469 mil 587 ya tienen esquema completo de vacunación, según el tablero de covid-19 del MSPAS.
El departamento con el menor porcentaje de personas con esquema completo es Alta Verapaz, con apenas el 12 por ciento, y el que tiene el índice más alto es Guatemala, con un 46.3 por ciento de la población.
Según se puede observar en el tablero, el ritmo de vacunación empezó a disminuir a partir e la segunda quincena de octubre.
