La estrategia del Ejecutivo para atender a la población afectada por los ciclones tropicales y las tormentas durante el 2022 consistió en decretar estados de calamidad mediante los cuales se restringían libertades civiles y se eliminaban controles de gasto para las dependencias estatales.
Esto, con la justificación de que era necesario atender con celeridad los daños en viviendas, centros educativos, puentes, carreteras, salud, economía y demás infraestructura. Sin embargo, en más de una ocasión los tanques de pensamiento advirtieron que los estados de calamidad facilitaban la corrupción y la malversación del gasto público.
Pese a las críticas, el Ejecutivo aprobó dos estados de calamidad a mediados y finales de año. El primero fue ratificado por el Congreso en junio mediante el decreto 35-2022 debido a los efectos de la tormenta Celia y el segundo se ratificó mediante el decreto 50-2022 por el Ciclón Tropical Julia.
La institución que más recursos erogó en compras por excepción, sin sujetarse a los controles que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) para contrataciones ordinarias, fue el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), el cual adjudicó Q2 mil 583 millones.
Esto quiere decir que una de cada diez adjudicaciones bajo esta modalidad fue realizada por una de las dependencias del Civ.
Entre estas, figuran 24 adjudicaciones por trabajos relacionados a dragados y protección de ríos, las cuales suman Q317 millones 678 mil 333.43. Este tipo de obras han sido cuestionadas ya que la misma Contraloría General de Cuentas (CGC) ha reconocido que fiscalizar y supervisarlas es casi imposible.
Esto se debe a que cuando se hacen los dragados, los auditores de la CGC no suelen estar presentes. Días después, cuando se pretende verificar la calidad de los trabajos, ya han ocurrido lluvias u otros eventos climáticos que no permiten establecer la empresa contratada laboró o no.
Pedro Prado, consultor económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera a la fecha no ha habido una evaluación de la calidad del gasto público con relación a estas compras.
“Lo importante es mostrar resultados a la ciudadanía sobre dónde fueron ejecutados esos concursos y cuál fue la calidad de las obras. Como país, hay mucho qué hacer en el marco de la transparencia. La infraestructura productiva es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico y desafortunadamente no se percibe una evaluación constante en relación con esos recursos”, explicó Prado.
Aseguró que en su momento se advirtió que estos recursos se estaban erogando sin respaldos técnico y sin planificación. Por ello, el riesgo de no alcanzar resultados óptimos siempre estuvo presente.
“En temas de infraestructura no solo se necesitan más recursos, sino que sean ejecutados de forma transparente. Visto desde esa perspectiva, Comunicaciones es un ministerio donde es urgente mejorar la calidad y la transparencia del gasto público”, enfatizó el entrevistado.
Ley de Infraestructura Estratégica
Además de los estados de calamidad, el Civ tuvo una ampliación presupuestaria de alrededor de Q3 mil 191 millones para erogarlos en infraestructura que el gobierno denominó “estratégica”. Posteriormente, se le recortaron Q400 millones para destinarlos al Fondo Emergente.
De estos se erogaron Q6 mil 577 millones. Desde que se aprobó el decreto, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió riesgos de sobrevaloración de obras y falta de planificación en la cartera de proyectos a priorizar. Asimismo, dijo que las preocupaciones se elevaban por la cercanía del proceso electoral y la amenaza en el uso clientelar de los recursos.
“El Icefi reitera que la importancia y la necesidad de recuperar y ampliar la infraestructura vial no debe usarse como excusa o cubierta para ampliar los caminos a la corrupción, la opacidad y la mala gestión de los recursos públicos”, advirtió el instituto.
El politólogo Jorge Aguilar Wong coincide con que estos gastos son demasiado recientes y por lo mismo no se ha hecho una auditoría que verifique la calidad del gasto.
“Sabemos que ese tipo de mecanismos que se aprueban por nacional como los estados de calamidad han servido para mover millones quetzales y generalmente no hay procesos de control que uno esperaría que liderara Contraloría General de Cuentas al respecto, pero no ha pasado y seguramente no va a pasar a estas alturas del año”, dijo el entrevistado.
Enfatizó que, al ser un año electoral, hay graves riesgos de que estos recursos hayan sido utilizados con fines clientelares para favorecer a determinados actores políticos. En ese sentido, también es importante el rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el encargado de verificar que los recursos públicos no sean malversados para estos propósitos.
Yo creo que lo que está fallando es el control ciudadano. Cualquier gobierno de cualquier estado del mundo va a ser feliz con que ciudadanos estén dormidos”, puntualizó Aguilar Wong.
