A juicio de los obispos católicos, la confrontación pone en riesgo el Estado de Derecho, al mismo tiempo que ven con “satisfacción y alivio” las acciones “coherentes” llevada a cabo por la CC.
La CEG también rechazó la polarización puesto que esto podría derivar en violencia, lo cual tendrá graves consecuencias para la paz social.
Con la confrontación y polarización, afirman los obispos, se desperdician energías que deberían emplearse en solucionar los grandes problemas que enfrenta Guatemala en salud, desempleo, educación y desigualdad social, entre otros.
También se refirieron al próximo proceso electoral que está por comenzar y en ese sentido, expresaron en el comunicado su confianza de que este se desenvuelva “en condiciones de Estado de Derecho”.
“Dios quiera que todos pongamos el mejor empeño en asegurar que el próximo proceso electoral sea oportunidad para encontrar soluciones y no se vea empañado o abortado por la crisis y por intereses contrarios al bien común”, se lee en el comunicado.
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Por lo anterior hicieron el llamado al pueblo a “no dejarse robar la oportunidad de elegir a sus autoridades en conciencia y libertad”.
Conferencia Episcopal de Guatemala
Llamado a la cordura
Por aparte, la Alianza Evangélica de Guatemala hizo un llamado a todos los actores sociopolíticos para buscar la conciliación, cordura, mesura y el respeto a la Constitución, institucionalidad y Estado de Derecho.
La Alianza, que es la máxima representante de las iglesias evangélicas en el país, también hizo un llamado en general para evitar la confrontación, animadversión y polarización, así como a orar para que “las tinieblas no se aniden en nuestro país” y que desaparezca “toda agenda oculta contra la nación”.
Diócesis de Huehuetenango
Mientras tanto el obispo de la diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramzzini, difundió un comunicado de esa sede eclesiástica en el cual muestran preocupación por la decisión del presidente Jimmy Morales de dar por terminado el mandato de Cicig ya que esta es contraria a las normas y principios constitucionales y del derecho internacional.
Según Ramazzini, la decisión gubernamental “socava el estado de Derecho y lesiona el respeto a las leyes del país”, además, es contraria a los Acuerdos de Paz que establecen que se deben combatir las estructuras paralelas que propician corrupción e impunidad.
El obispo mostró respaldo a la CC a la vez que, afirmó, su diócesis exige que no se bloqueen los casos judiciales que ha comenzado la Fiscalía Contra la Impunidad —involucrada directamente con Cicig—. Concluyeron en que los actores políticos y sociales deben encaminar la solución a la crisis actual de cuerdo con el rumbo que marque la máxima corte de Guatemala.
Días álgidos
Desde el sábado último la vida política en el país ha convulsionado cuando autoridades de Gobierno intentaron impedir el ingreso de un investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, pese a que la CC había ordenado que se les permitiera permanecer en Guatemala e incluso ordenó que se les extendiera visa de cortesía.
Días antes, el 26 de diciembre pasado, la PGN presentó una solicitud de antejuicio en contra los magistrados de la CC, Gloria Porras, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela por supuestos delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.
— Arzobispado de Guate (@arzobispadogt) January 10, 2019
Los tres magistrados han amparado provisionalmente solicitudes de distintos sectores en favor de la Cicig y para revertir decisiones del presidente Jimmy Morales, como cuando ordenó la expulsión de Iván Velásquez en agosto del 2017 o la del embajador de Suecia, Anders Kompas.
Recientemente también revirtió la decisión del mandatario de dar por finalizado el mandato de la Cicig.
Todas estas decisiones y batallas legales han llevado a los guatemaltecos a pronunciarse a favor y en contra de la Cicig y del Gobierno, este último a su vez, no ha sido claro en si acatará los fallos de la CC, lo cual de acuerdo con analistas, sería el equivalente a un rompimiento constitucional.
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