Los exdirectivos del Congreso trataron de justificar sus actos y explicaron que la toma de posesión se encuentra en el mismo contrato de los trabajadores, y el permitir o no marcar a un empleado es un concepto establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. En sus diferentes pruebas de descargo, trataron de justificar que la responsabilidad de lo imputado era del director de Recursos Humanos, y no de la Directiva.
Sin embargo, los auditores de la CGC confirmaron el hallazgo a la Directiva presidida por Taracena, y la Dirección General y subdirección de Recursos Humanos, por considerar que no “velaron” porque se cumpliera la Ley. Agregan: “El presidente, la Junta Directiva y el director general son responsables de la administración del patrimonio del Congreso”.
Por ese hallazgo se presentó una denuncia penal contra todos los miembros de la directiva y contra Emilio Dávila y Edwin Martínez, subdirectores generales, y Édgar Ramírez, de Recursos Humanos.
Otro de los hallazgos ratificados corresponde al pago de bono 14 y aguinaldo a los diputados, reparo contra el subdirector de Recursos Humanos, quien debería reembolsar Q3.3 millones.
La CGC también ratificó el pago de Q2.2 millones por comisiones a varios diputados que cobraron sin haberse presentado a las plenarias.
¿Sin finiquito?
Para revertir los hallazgos, los exdirectivos solicitarán una contrarrevisión, y para hacerla la CGC tiene dos meses. Si se confirma el señalamiento y procede la denuncia, los congresistas podrían quedar inhabilitados por parte de la Contraloría para recibir finiquito.
Allegados a Taracena aseguraron que esa es una de las mayores preocupaciones del congresista, pues le imposibilitaría competir en la próxima contienda electoral.
