La diputada Ligia Hernández, de la bancada Semilla, presentó una moción para que se excluyera del proceso de elección a los aspirantes señalados en el informe del Ministerio Público, pero su propuesta no fue aprobada.
Solo 10 diputados votaron a favor de la propuesta y 137 la rechazaron.
A las 23 horas el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, reunió a los jefes de bloques en el centro del hemiciclo para hacerles la propuesta de procedimiento de elección.
Luego, el pleno entró en discusión de la propuesta y hubo opiniones encontradas de varios diputados.
El diputado Cristian Álvarez, del bloque Creo, instó a sus compañeros legisladores para que dejaran a un lado la resolución de la CC y el informe del MP, ya que contravienen el principio constitucional de presunción de inocencia.
“Lo que se está jugando en este momento es la República. Quienes nos metieron en esto fueron una CC irresponsable, un MP que no funciona y unas postuladoras que no dieron la cara”, expuso el parlamentario.
La diputada Sandra de León, del bloque Bien, invitó a sus compañeros diputados a defender el principio de presunción de inocencia.
El diputado del bloque Humanista, Aníbal Samayoa, señaló que la resolución de la CC es una aberración jurídica y criticó al MP por haber intervenido en el proceso.
Manuel Conde Orellana, jefe del bloque PAN, indicó que es un error aplicar el artículo 113 de la Constitución en este proceso de elección, argumentando que los magistrados no son trabajadores el Estado.
En las primeras horas de la sesión extraordinaria las bancadas no dieron sus votos para que se priorizara la elección, sino que se evacuó la orden del día, que ponía a esta en el punto quinto. Antes prorrogaron el impuesto sobre circulación de vehículos y aprobaron un aporte único para pensionados y jubilados del Estado.
Amparo de la CC
Diputados sesionaron la noche del 23 de junio para intentar elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, ocho meses después de que los juzgadores debieron haber asumido y con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de nombrar personas capaces, idóneas y honradas.
La elección de magistrados vuelve a escena después de que la CC amparara al Ministerio Público (MP) contra el Legislativo para que este proceda con la última fase de este proceso. En un fallo del 6 de mayo la CC ordenó que sean excluidos aquellos cuya idoneidad y honorabilidad “estén comprometidas”.
A raíz de eso el MP planteó 20 nombres que no deberían ser elegidos dentro de un informe sobre la posible manipulación en la elección de jueces que involucra diputados, postuladores, candidatos y el operador Gustavo Alejos, preso por casos de corrupción y sancionado por Estados Unidos.
En total los diputados deben elegir 26 magistrados para la Suprema — 13 titulares y 13 suplentes — y 270 magistrados para las salas de apelaciones.
