El punto resolutivo indicaba: “Demandar a todos los organismos y dependencias del Estado de Guatemala a utilizar y autorizar únicamente mapas de Guatemala que incluyan Belice con línea punteada y con la descripción: Diferendo territorial, insular y marítimo pendiente de resolver. Y sobre la línea punteada: Límite no definido”.
Además contemplaba respaldar las acciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado para que todas las instancias oficiales y particulares relacionadas con la producción y distribución de mapas.
El congresista Montenegro, durante la propuesta del punto resolutivo, que solo fue apoyado por 26 legisladores, dijo que en los centros educativos públicos y privados se está enseñando el mapa de Guatemala “cercenado”.
Durante su intervención, el diputado Mario Taracena dijo que entendía la buena intención del parlamentario Montenegro, pero que “la política exterior del país la lleva el presidente de la república”.
Con esta medida todas las entidades y organismos del Estado debían emplear mapas de Guatemala que incluyeran a Belice con la referencia mencionada.
Referéndum territorial
Desde el 19 de enero, el Senado beliceño aprobó la enmienda que retira las restricciones para validar una consulta popular, necesaria para que el diferendo con Guatemala se resuelva de una vez por todas.
En 2008 se negoció un acuerdo para que ambos países resolvieran en forma definitiva el histórico diferendo marítimo, territorial e insular, a través de una resolución en la CIJ, previo consultas populares en ambos países.
Sin embargo, durante las negociaciones, Belice endureció en silencio los requisitos para que un referendo en su país sea válido.
El Congreso y senado establecieron que para que una consulta popular sea válida debe participar un 60 por ciento del electorado, y que una de las respuestas tenga el 51 por ciento de los votos favorables, lo cual fue cuestionado por Guatemala durante años, porque, en general, a referendos asiste menos del 50 por ciento de las personas aptas para votar.
