La discusión de la iniciativa comenzó el 27 de septiembre en el Congreso, pero se presentó una moción privilegiada por la diputada Petrona Mejía para consultar a la CC sobre su viabilidad debido a las críticas y cuestionamientos que ha enfrentado.
La iniciativa, conocida como Ley 6099, aglutina 10 artículos y ha generado un debate entre los diputados debido a que busca otorgar amnistía y anular las condenas por crímenes ocurridos durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala.
Los opositores consideran que la propuesta busca generar impunidad, mientras que los oficialistas la ven como una forma de conciliar las divisiones sociales que dejó el conflicto armado en el país.
La iniciativa establece una amnistía para integrantes del Ejército, miembros de otras fuerzas de seguridad del Estado y miembros de la guerrilla. Si existen condenas previas por estos crímenes, estas serán anuladas, y los condenados serán liberados de inmediato.
Además, la iniciativa prohíbe solicitar al Estado guatemalteco cualquier tipo de resarcimiento, describe el texto.
Aprueban moción
La diputada Mejía propuso la consulta a la CC al considerar que se trata una iniciativa de ley que ha sido “muy criticada y cuestionada porque adolece de inconformidades”.
“Sabemos que esta iniciativa ha provocado muchas reacciones sociales, quizás por desconocimiento de una memoria histórica. Nosotros como legisladores tenemos la obligación de aprobar leyes que no riñan con la Constitución Política de Guatemala”, declaró Mejía ante el pleno la tarde del miércoles 27 de septiembre.
La moción se aprobó con 86 votos a favor, y posteriormente, se votó por la aprobación de un acuerdo legislativo para enviarla a consulta, obteniendo 95 votos a favor y 22 en contra.
Dos escenarios
- Una vez que la iniciativa de ley ha sido enviada a consulta a la CC, esta instancia realiza un análisis para determinar si es constitucional. Si la CC concluye que la iniciativa lo es, el proceso legislativo continúa su curso normal en el Congreso de la República.
- Sin embargo, si la CC considera que la iniciativa no es constitucional, el Congreso tiene dos opciones. La primera opción es modificar la iniciativa para que cumpla con los requisitos constitucionales y luego volver a enviarla a consulta a la CC. La segunda opción es archivar la iniciativa, lo que significa que no avanzará en el proceso legislativo y no se convertirá en ley.
Debate
Los diputados opositores argumentan que esta iniciativa es contraproducente y ofensiva para las víctimas del conflicto, mientras que los oficialistas que son partidarios de aprobarla la ven como una solución necesaria para poner fin a un conflicto histórico.
Walter Félix, jefe de bloque de URNG – Maíz, considera que “lo que busca generar — la iniciativa — es impunidad y confrontación”, además de considerar que “el lenguaje con el que está escrito su contenido es tan confrontativo”.
Anteriormente, Félix había intentado sin éxito que la iniciativa no se incluyera como parte de la agenda de la sesión para este miércoles. “Hago un llamado a que reflexionemos bien lo que estamos haciendo, porque lejos de generar paz, podemos generar una confrontación en el país”, abogó.
La diputada Vicenta Jerónimo, jefa de bloque del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), mencionó también que “la iniciativa es una ofensa a las víctimas”, y reiteró que no es posible brindar un perdón a los crímenes de guerra. “Deben ser juzgados por estos delitos”, afirmó.
Del lado contrario, el diputado Manuel Conde, excandidato presidencial del partido Vamos, quien ha promovido las discusiones entre bancadas para que la iniciativa se convierta en ley, sostiene su determinación.
“El enfrentamiento armado interno no fue para el exterminio de una etnia; fue multiétnico, pluricultural y multilingüe porque fue entre guatemaltecos, pero eso no se ha querido reconocer”, señaló Conde, quien interviene en la reunión de jefes de bloque como representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Conde hizo énfasis en cómo “muchos se enriquecieron” tras el conflicto social, haciendo alusión a particulares y fundaciones que, según señala, “cobraron fuertes sumas de dinero en concepto de resarcimiento”.
Javier Hernández, jefe de bloque de FCN – Nación, estima que a la fecha el conflicto no se ha detenido. “Señores, seguimos en guerra”, resumió.
“Considero que la guerra solo se cambió de ámbito, de pelearse en las montañas hoy se está peleando en los juzgados”, describió.
Para él, y otros diputados que apoyan que la iniciativa se convierta en ley, es “vital dar un paso hacia adelante”.
El diputado Lázaro Zamora, subjefe de bloque de Partido Unionista, cuestionó cómo algunos sectores continúan levantando la idea que en el país hubo genocidio. Estima que a la fecha no se visualiza justicia en algunos procesos, “dicen que no es venganza, pero se convierte en resarcimiento”.
Antecedentes
Durante los últimos cinco años, esta es la tercera ocasión en la que un proyecto de ley con un objetivo similar se presenta en el Congreso de la República.
Antes de la iniciativa 6099, los diputados discutieron sobre la iniciativa 5377 como la 5920. Ambas tenían como objetivo eliminar la persecución penal por supuestos crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala.
El primer intento se remonta al año 2017, en la octava legislatura, cuando se presentó la iniciativa 5377. Esta propuesta planteaba reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y avanzó hasta su segundo debate en marzo de 2019.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una acción de amparo que prohibió su discusión y aprobación en el Congreso, argumentando que era violatoria de acuerdos y tratados internacionales.
Más recientemente, aunque con poco apoyo parlamentario, diputados del bloque legislativo Valor presentaron la iniciativa 5920 en la novena legislatura. Esta propuesta buscaba la creación de la Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación. Sin embargo, la iniciativa 5920 ni siquiera consiguió un dictamen favorable en el proceso legislativo.
