También añaden que en las sesiones de trabajo los diputados podrán conocer y discutir los diversos temas legislativos, realizar citaciones a funcionarios para que respondan los cuestionamientos que la comisión realice, constituirse en una herramienta para la resolución de conflictos entre la población y las instituciones del Estado.
“Las sesiones virtuales se realizarán a través de una plataforma tecnológica de uso institucional que esté a disposición del Congreso, quien deberá garantizar la seguridad informática de la misma”, incluye la reforma.
La comisión deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la publicidad de las sesiones, pudiendo solicitar a los directores de informática, así como al de comunicación social y relaciones púbicas el apoyo técnico y de servicio para que la sesión sea grabada. Pero sin acceso de la prensa a las sesiones.
El cambio establece que, dentro del plazo de 72 horas de haberse realizado la sesión con asistencia mediante modalidad virtual, el presidente de la comisión remitirá copia de la grabación a la dirección de informática y comunicación para resguardo correspondiente.
Las actas de comisión sustentan legalmente el pago de dietas correspondientes. Cada diputado recibe Q5 mil de dietas por asistir por lo mínimo a dos sesiones mensuales a cada comisión que forma parte.
También establecen que los diputados que comparezcan en la modalidad virtual deberán dejar constancia de su asistencia mediante firma electrónica en el listado que la comisión habilite para el efecto.
El diputado Óscar Argueta presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional considera que es en este momento es trascendental porque la curva ascendente del virus ha estado complicando las reuniones de trabajo y citaciones, por lo que es importante que el Congreso en estas condiciones se adapte a hacer reuniones virtuales cuando sea oportuno y conveniente.
“La prensa debería de darle acceso a las plataformas que se empleen como si fueran integrantes de la comisión y puedan participar en toda la actividad y puedan hacer su trabajo y acceder a las fuentes de información tal y como lo establece la Constitución”, señaló el diputado.
El diputado Samuel Pérez presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor manifestó que ellos tienen la suerte que los legisladores que integran esa sala de trabajo son del departamento de Guatemala, pero indicó que los diputados que residen en los departamentos son los que más problemas tienen para asistir a las sesiones de trabajo.
“A diputados como Eduardo Zachrisson o Adela Camacho les funcionaría la participación virtual por su condición y a otros que tiene problemas de venir a la capital”, explicó Pérez.
El parlamentario señaló que sería correcto que la prensa participe como oyentes en las reuniones virtuales o que los presidentes de comisiones estén en algún salón del Congreso para informar sobre el trabajo realizado.
Mientras que Mónica Marroquín de Congreso Visible considera que estas bien trabajar por videoconferencias por la crisis, porque se sabe que el Congreso busca cualquier pretexto para no continuar con el trabajo.
“Sobre todo que sean públicas para poderlas seguir fiscalizando y auditando porque definitivamente en años anteriores el trabajo legislativo bajo y si hay temas que se les debe de dar continuidad y tratar. Se prevé que para agosto podrían estar las reformas de la Ley Electoral al Congreso y para eso se van a tener que reunir los diputados, porque si no todos los temas van a quedar pendientes”, aseguró la entrevistada.
Aunque la modificación al reglamento no explica nada sobre el trabajo de la prensa de cómo se podrá tener acceso a las discusiones dentro de la sala legislativa. Sin embargo, el artículo 33 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que las sesiones de las comisiones sean estas ordinarias, extraordinarias o específicas, deberán ser registradas por medio de sistemas electrónicos de audio y audiovisuales, y archivadas donde corresponde.
Los registros de las sesiones de comisión son de carácter público.
Por aparte el artículo 40 de la misma normativa señala que las comisiones están obligadas a rendir los dictámenes en el plazo que no exceda de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban los expedientes de que se trate, salvo que justifique la prórroga de dicho plazo mediante informe que deberá presentarse al Pleno y aprobado por éste.
“En caso de no ser aprobada la prórroga por el Pleno, la comisión deberá emitir su dictamen o informe en un plazo improrrogable de diez días, contados a partir del rechazo de la prórroga”, continua el artículo.
La mayoría de los decretos aprobados por el Congreso han tenido el visto bueno de los diputados sin dictamen. Aparte, las iniciativas para la disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) aún no ha sido discutida en la comisión de Gobernación del Congreso, a pesar de que la preside un diputado oficialista y que fue presentada por el presidente Alejandro Giammattei.
La otra iniciativa que también fue presentada por Giammattei para modificar el Código Penal en la que se propone modificar la legitima defensa como causa de justificación para eximir la responsabilidad penal a los ciudadanos y a los elementos de la Policía Nacional Civil contra los criminales tampoco ha sido conocida por la comisión de Gobernación.
Mientras que la que declara como terroristas a los pandilleros, no ha sido agendada por los diputados para ser aprobada en el pleno.
