El Congreso le ganó el pulso a la presidencia de Bernardo Arévalo. La ley que le permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos que no ejecuten en el año, será una realidad.

Los diputados aprobaron el acuerdo legislativo 6-2025 en el que desconocieron el veto presidencial a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Ordenando la publicación inmediata de la ley que había sido vetada por el presidente Bernardo Arévalo, que argumentó aparentes inconstitucionalidades al decreto 7-2025.

La decisión del presidente Arévalo ni siquiera se conoció en el pleno del Congreso. Los diputados de oposición argumentaron un error técnico en el veto, lo que generó un debate que terminó ganando la oposición con 86 votos.

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El acuerdo de la presidencia al emitir el veto no incluía un artículo de vigencia, que según el diputado Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, hizo que el Ejecutivo no tomará una decisión que tuviera respaldo legal entre los 15 días que marca la Constitución y, en consecuencia, el veto no fue reconocido.

“Dicho acuerdo no ha entrado en vigencia, entonces, como Congreso no podemos entrar a conocer un acuerdo que no está vigente, y segundo, no podemos entrar a conocer un veto del que ya pasó su plazo constitucional para ser vetado”, explicó Arzú.

El tema fue apoyado por el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos: “No puede someter a consideración del pleno algo que no ha cobrado vigencia, el veto entra a la vida el jueves, pero el plazo ya venció ayer”, dijo.

Los diputados de oposición atribuyeron el error a la Secretaría General de la Presidencia, al haber omitido un artículo que, aseguran, era vital para cualquier documento legal de este tipo.

“No debería de ser llamada la Secretaría General, debería de ser llamada la Secretaría Copy/Paste. Hasta han citado artículos que no existen en la ley... no es la primera vez”, criticó el diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor.

Defendieron el veto

Ante esta serie de argumentos, diputados oficialistas explicaron que el artículo 178 de la Constitución explica que el veto debía de ser devuelto al Congreso, sin explicar la vigencia o no de esa decisión presidencial.

“El veto no es una norma jurídica, es un mecanismo de control político constitucional. En este sentido el veto que se deja sin efecto desde la presidencia podría no ser publicado, porque lo que da valides es remitirlo al Congreso quien lo da por devuelto”, justificó el oficialista Raúl Barrera.

Incluso el presidente del Congreso, Nery Ramos, trato de respaldar este mismo punto ante los constantes argumentos de la oposición. “En vigencia o no vigencia se recibió, porque la Constitución establece el término devolverlo”, dijo Ramos, sin que sus argumentos tuvieran eco en el pleno.

¿Error intencional?

Los argumentos del oficialismo no convencieron a la mayoría parlamentaria. Tan solo 51 congresistas votaron en contra de la propuesta de la oposición y 23 diputados estuvieron ausentes.

Para Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), la decisión que tomó este martes el Congreso tiene vacíos legales, al igual que el veto emitido por la presidencia de Arévalo.

“Dos cosas quedan claras, una es la torpeza del secretario general de la Presidencia, y la otra es que no se tenían los votos para rechazar el veto. Pero esa güisachada nos impide pronunciarnos sobre la pertinencia de la ley en cuestión”, advirtió Blanco.

El diputado José Chic, del mismo bloque, incluso puso en duda del veto del Ejecutivo, al considerar que se pudo tratar de un error intencional para no desgastar la imagen pública del presidente, al mismo tiempo de quedar bien con diputados y alcaldes.

“Parece un error intencional, con esas falencias para decir que no fue el Ejecutivo sino el Legislativo”, dijo Chic. Añadió que ahora sería oportuno que el Ejecutivo siga rechazando la ley por medio de acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el único camino que les queda.

Qué dice la ley

El camino que recorre una norma antes de convertirse en ley en Guatemala se desarrolla en varias etapas: 

1. Aprobación en el Congreso: El Organismo Legislativo debate, modifica y aprueba el proyecto de ley. 
2. Envío al Ejecutivo: El documento es remitido al Presidente de la República para su revisión. 
3. Sanción o veto presidencial: En un plazo de 15 días, el mandatario puede sancionar el proyecto, lo que implica su aceptación, o vetarlo si considera que no debe entrar en vigor. 
4. Promulgación y Publicación: Si la ley es sancionada, se promulga y se publica en el Diario Oficial, momento en el que adquiere carácter obligatorio.