Política

Congreso no especifica destino de Q400 millones aprobado por Eta

La madrugada del pasado miércoles 11 de noviembre se ratificó el estado de Calamidad por los daños que causó la depresión tropical en 10 departamentos, sin embargo se rechazó crear aportes directos a las familias damnificadas y protegerlos contra el corte de servicios de energía eléctrica por falta de pago.

La ratificación del estado de Calamidad por los daños causados por Eta, fue autorizado pasando las cuatro de la mañana del miércoles 11 de noviembre.  Fotografía: Congreso.

La ratificación del estado de Calamidad por los daños causados por Eta, fue autorizado pasando las cuatro de la mañana del miércoles 11 de noviembre. Fotografía: Congreso.

La designación de recursos públicos para mitigar los daños que causó el fenómeno natural se dio mientras la mayoría de guatemaltecos dormía. Las redes sociales del parlamento apuntan que la reunión de Pleno, que comenzó el martes y finalizó la madrugada del miércoles, duró 11 horas.

Como un primer punto el Legislativo acordó ratificar la medida de excepción de urgencia nacional, es decir, en una sola sesión, pero los argumentos previos se extendieron tanto que la parte medular del documento fue discutida en plena madrugada.

Tanto diputados de la alianza oficial, así como congresistas de la oposición, presentaron un paquete de enmiendas que pretendían añadir estrategias de respuesta ante la emergencia, pero no todas las sugerencias fueron aceptadas.

Entre lo aprobada destaca la utilización de los Q300 millones del Fondo Para la Protección del Empleo que estaban frenados por ya no estar vigente el estado de Calamidad por la pandemia; también se utilizarán Q50 millones para programas de riego en los departamentos afectados, que no fueron ejecutados por el Ministerio de Agricultura.

También se ordenó designar Q10 millones más al Registro Nacional de las Personas (Renap), para que  pobladores de aldeas afectadas tramiten de forma gratuita el Documento Personal de Identificación (DPI); así mismo, un aporte adicional de Q2 millones al Ministerio de Cultura, para reparar sitios arqueológicos dañados por Eta, primordialmente la zona arqueológica de Quirigua.

Adicionalmente se autoriza al Ejecutivo utilizar Q400 millones del fondo de emergencia, en caso sea necesario, para transferir recursos a entidades de gobierno para responder durante la crisis, lo anterior hace un total de Q762 millones.

Se rechazó

Entre lo que no se aprobó destaca el intento de entrega de un bono de Q2 mil a las familias afectadas, la sugerencia volvió a ser presentada reduciendo el beneficio económico a la mitad, pero ni así recibió el apoyo de la mayoría de diputados.

Tampoco se pudo crear un Fondo de Emergencia por Eta, que se sugería fuese de Q150 millones, estaría a cargo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), y así responder a las principales necesidades de los afectados.

La propuesta de prórroga para la suspensión y corte de los servicios básicos en los 10 departamentos afectados, de las últimas enmiendas en ser presentadas, tampoco tuvo eco en el hemiciclo parlamentario.

Dudan de la ejecución

Aunque el monto que el Congreso autorizó para la emergencia tenga un destino claro, exceptuando los Q400 millones, analistas consideran que difícilmente los recursos serán ejecutados de la manera correcta, lo que dejaría como principal efecto que la ayuda no llegue a las personas necesitadas o que llegue tarde.

“La forma en que se aprobó tan rápido, de madrugada, casi que a escondidas, creo que este estado de Calamidad es otra forma de ver como los recursos pasan a bolsillos personales y no a los verdaderos beneficiarios de la emergencia, no queda claro realmente como va a impactar esto en la población”, argumentó Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).

David Gaytán, consultor en temas de transparencia, asegura que un ejemplo claro de mala ejecución presupuestaria se dio durante los meses del estado de Calamidad por el Covid – 19, por lo que señala primordial una auditoria constante.

“La necesidad de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) verifique el cumplimiento desde el principio, que se permita la fiscalización ciudadana también y que se rinda cuentas, esos son tres pasos importantes a implementar porque un estado de Calamidad lo que abre es una enorme puerta para la corrupción, la experiencia con el manejo de fondos que se tuvo este año para las personas afectadas por el Covid – 19 nos demostró que no propiamente las personas más necesitadas se vieron beneficiadas”, refirió.

Falta un plan

Para diputados de la oposición si es necesario, en esta oportunidad, contar con un estado de Calamidad, pero dudan que los fondos aprobados se reflejen en una ayuda directa para las familias afectadas.

Carlos Barreda, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lamentó que los bonos y transferencias no se aprobaran, ya que sin esto no hay una garantía que la ayuda llegue de manera rápida.

“Lo veo difícil, si bien quedó un fondo de emergencia de Q400 millones lo que vemos es una debilidad en la coordinación interinstitucional del Gobierno, hay mucho desorden en el apoyo que están recibiendo las familias guatemaltecas, creo que nuevamente vuelve a ponerse en la polémica la función del Centro de Gobierno versus Conred”, refirió.

En un sentido similar opinó Samuel Pérez, diputado de Semilla, “parece ser insuficiente de nuevo, el estado de Calamidad es un instrumento que tiene que ir acompañado siempre de un plan y esa ausencia de plan puede salir muy caro (…) puede haber mucha opacidad en esos Q400 millones, ya hemos visto que en muchas veces los estados de Calamidad se utilizan para el saqueo, vemos que sin estado de Calamidad se pierden Q135 millones, entonces esto si es muy peligroso”.

Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo), destacó que aunque muchas buenas propuestas no se aceptaron, hubo otras que sí.

“Como bancada propusimos resolver el tema del Fondo de Protección al Empleo y afortunadamente si contó con el apoyo de otros diputados, esto es importante porque con esa aprobación le estamos dando herramientas a los ministerios para poder continuar con ese fondo que tenía Q300 millones todavía disponibles”, indicó.

Temas pendientes

Diputados que integran las bancadas de la alianza oficial también se mostraron complacidos por la forma en que se ratificó la medida, aunque dijeron que hubo buenas propuestas que no recibieron apoyo en los eventos de votación.

Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso e  integrante de la bancada Visión con Valores (Viva), resaltó que si era necesario, al menos, destinar fondos para la compra de una aeronave.

“Quedamos pendientes con dotar de equipo a Conred, se pretendía un helicóptero con todas las capacidades, incluso para apagar incendios, para hacer rescates a distancia; vimos en un video como un helicóptero estaba muy cercano a las láminas, en las áreas rurales las láminas no están bien sujetas, en cualquier momento se desprenden y puede ocasionar otro tipo de tragedia”, señaló.

Para Napoleón Rojas, jefe de bloque de la Unión del Cambio Nacional (UCN), una buena sugerencia era utilizar los Q122 millones incautados en Antigua Guatemala, pero tampoco decidieron apoyarla porque era necesario un estudio legal a profundidad.

“Las enmiendas que pasaron eran las necesarias, aunque creo que todavía nos faltó el tema de la incautación que hubo, que si se puede utilizar para muchas cosas; nosotros tampoco la apoyamos porque legalmente había que revisarla bien, si era Constitucional o no, el objetivo era bueno pero tal vez no se podía legalmente, todas las enmiendas que pasaron eran las necesarias, había unas más populistas que lo necesario”, resaltó.

La ratificación del estado de calamidad se dio con 118 votos  a favor y la medida rige a los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Huehuetenango.

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