El Tribunal contaba con dos vacantes, porque al momento de ser electos por el Congreso, en marzo de 2020, uno de los suplentes no aceptó el cargo. También a inicios del año pasado otro de los suplentes presentó su renuncia al Congreso, argumentando tener problemas de salud. Estos dos puestos no fueron sustituidos por el Congreso hasta ahora.
Luego de un proceso de antejuicio que enfrentaron cuatro magistrados titulares del TSE, que terminó con su retiro de inmunidad y órdenes de captura activas, el pleno electoral quedó desintegrado y sin la cantidad necesaria de suplentes para continuar trabajando.
Desde el 1 de diciembre, los magistrados que perdieron la inmunidad abandonaron el país, lo que dejó al TSE solamente con una titular, su actual presidenta, la magistrada Blanca Alfaro.
Los suplentes son Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón, quienes solamente hacen cuatro de los cinco magistrados mínimos para integrar el Pleno y tomar decisiones de índole electoral.
Hace unas semanas la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la abogada Karen Fisher, quien también es una de las denunciantes contra los magistrados que perdieron la inmunidad, y la resolución a su favor le ordena al pleno del Congreso hacer la elección de los suplentes.
Por mayoría, la instancia de jefes de bloques acordó incluir la elección para la sesión del próximo jueves, que se espera pueda comenzar a eso de las 10 horas.
La no integración del pleno electoral ha impedido que el TSE emita una postura en relación con una serie de informes que trasladó el Ministerio Público (MP), en el marco de la investigación penal contra el partido político Movimiento Semilla y las elecciones generales del 2023.
En una rueda de prensa a finales del año pasado, el MP dijo que a su consideración las actas que validaron los resultados no eran válidas, pero que iba a trasladar los documentos al TSE, ya que ellos como órgano de investigación no pueden tener incidencia en la materia electoral.
Sin acuerdos
Durante la reunión, las posibles reformas a la ley de clases pasivas, que propone un aumento a las jubilaciones, acaparó buena parte de la sesión de los congresistas, pero el tema no tuvo una resolución concreta.
Diputados de los bloques Valor, Vamos, Todos y Unionistas consideran prudente que el tema se conozca en una comisión especial, para que la propuesta sea tomada como prioridad, y así posiblemente ya tener una contrapropuesta para los jubilados en un plazo de 30 días.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, dijo que están dispuestos a colaborar, y que en la brevedad estará informando si se tratará de una comisión presidencial o extraordinaria, aunque diputados de la Junta Directiva se inclinaban a que la iniciativa fuera traslada a la Comisión de Trabajo.
La distribución de oficinas fue otro tema en que la Junta Directiva no pudo dar solución, ya que se informó que existen algunos diputados que no han entregado espacios físicos, a pesar de tener hasta tres oficinas, pero indicaron que no era prudente revelar el nombre de esos congresistas.
Las agendas
Los Jefes de Bloque del Congreso acordaron, para la sesión del martes, conocer en primera lectura una propuesta que declara el día nacional de los idiomas indígenas.
Para segunda lectura proponen la ley marco para el consumidor, la ley reguladora del sistema portuario y la ley marco para la gestión de residuos y desechos sólidos.
Para tercera lectura incluyen la ley de tarjetas de crédito; y para su tercera lectura y redacción final un acuerdo sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.
Para la sesión del jueves, además de la elección de los magistrados suplentes del TSE, se acordó colocar en primera lectura reformas a la ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); y la declaración de dos nuevas áreas protegidas.
Así mismo para segunda lectura aparece una nueva declaración de área protegida y la ley que declara el día nacional de los idiomas indígenas; mientras que para tercera lectura se acordó incluir la ley de certificación de discapacidad.
Para la sesión de este jueves también se incluyen dos puntos resolutivos. El primero es por el aumento de casos de una enfermedad neurológica en la que se pide al Ministerio de Salud mayores acciones preventivas.
El segundo, insta a las fuerzas de seguridad del país a tomar acciones contra grupos de prestamistas, que son señalados de altos cobros de intereses y asesinatos.
