En varias oportunidades, diputados y los mismos empleados han denunciado que los trabajadores que no utilizan los sistemas electrónicos no llegan a trabajar, lo hacen en las empresas personales de los congresistas o están al servicio de esposas o hijos de estos.
“No conocemos ni a los trabajadores”, aseguró Taracena, quien afirmó que esta situación se controlará cuando sea reformada la Ley de Servicio Civil, aunque anunció que, como medida inmediata, la Directiva decidió que estas personas deben llegar al Congreso a marcar, “aunque sea una vez por semana. La idea es ubicarlos y saber quiénes son”, aseveró el presidente del Congreso.
En el 2015, la planilla del Congreso llegaba a dos mil 918 empleados, de los cuales, mil 696 están en relación de dependencia, por lo que están obligados a presentarse al Legislativo, y mil 222 efectúan labores que no los obligan a asistir.
Investigación
Según el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, ha sido difícil fiscalizar las plazas de los empleados que no llegan a marcar, porque no se sabe en dónde y a qué hora se desempeñan.
Desde hace varias semanas se han presentado al Congreso investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del Ministerio Público (MP), y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), para continuar con las indagaciones sobre plazas fantasmas.
Se sabe que han sostenido reuniones con algunos empleados específicos y con los jefes de los departamentos de Recursos Humanos, Archivos e Inventarios y del Jardín Infantil del Congreso. También han solicitado las actas de la Junta Directiva de 2010 a 2015.
El expresidente del Congreso Pedro Muadi enfrenta un proceso judicial, en el que se trata de probar que 15 empleados de ese organismo laboraban en una de sus empresas.
Por seguridad
Según Taracena, hay casos en los que se justifica que los trabajadores no marquen, pues están a tiempo completo con los diputados y les ayudan en su seguridad.
“Un caso es el de Luis Contreras —segundo secretario—, porque ha tenido amenazas de muerte; incluso su hijo murió”, refirió Taracena.
Contreras reconoció que solicitó apoyo con un empleado del Congreso, por seguridad. “Mi hijo no murió. A él lo mataron. Acaba de cumplir cuatro meses el hecho y yo he recibido amenazas de muerte. Tengo también seguridad de Gobernación”, detalló el parlamentario.
Para el diputado, la tarjeta debe regularse en casos especiales. “No en todos los casos hay corrupción, hay quienes sí necesitan apoyo de un guardia parlamentario; mi caso no es aislado”, enfatizó.
