La solicitud es una medida precautoria mientras finaliza la auditoría, aunque el objetivo es suspender en definitiva el proyecto.
Una segunda notificación emitida por la CGC busca cancelar el proyecto Diseño y Construcción de la Escuela La Reforma, un complejo educacional que estaría en la misma finca donde se construiría la urbanización para los damnificados.
La escuela fue adjudicada a la empresa Construsur, S. A., por Q52 millones 868 mil 718.20; sin embargo, la auditoría de la CGC detectó al menos 10 irregularidades, tanto en el área financiera como en criterios técnicos en la adjudicación.
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El documento de la CGC recomienda que, si se considera conveniente, se convoque a un nuevo evento que se ajuste a los requerimientos técnicos, legales y administrativos, que en ley corresponde y apegados a la Ley de Contrataciones del Estado.
Ambos proyectos fueron adjudicados por Comunicaciones amparados en el estado de Calamidad.
Cuestiona decisión
El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, cuestionó la decisión de la CGC sobre la suspensión del anticipo a la empresa encargada de la construcción del proyecto habitacional mencionado.
147 personas fallecidas por la erupción fue la cifra oficial anunciada ayer, tras la identificación de nueve personas.
Según Benito, hasta ayer todavía no tenía conocimiento de la nota enviada por la Contraloría; sin embargo, aseguró que será el departamento jurídico el que analice dicha recomendación.
El funcionario lamentó que se quiera suspender la obra, porque significaría un atraso en la construcción de las viviendas para los damnificados.
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Los hallazgos
En el caso de la escuela La Reforma, en el área financiera la Contraloría establece que la recepción, calificación y adjudicación del proyecto fue realizada por el director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, sin contar con un nombramiento previo por parte de la autoridad superior.
Por aparte, la oferta presentada por Construsur no incluye un programa preliminar de inversión y ejecución de los trabajos para la construcción de la obra.
2 mil 800 afectados se encuentran albergados y a la espera de viviendas temporales.
Según la auditoría, en el proceso de adjudicación del evento hay otras inconsistencias, por ejemplo, que la empresa beneficiada obtuvo el puntaje más alto respecto del precio, cuando otra empresa había ofertado Q4 millones más barato.
Una empresa interesada en la construcción del proyecto fue descartada por incumplir con algunos requisitos; sin embargo, la CGC estableció que no eran fundamentales, por lo que podrían haberse subsanado y tomar en cuenta la oferta, que era más barata.
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El proyecto también carecía de planos respectivos de ubicación y desmembración catastral de la finca La Industria, registrada a favor del Ministerio de Educación para construir ahí la nueva escuela, procedimiento indispensable para determinar si el área es suficiente y adecuada para el diseño del establecimiento educativo.
Aunque la CGC sostiene que el proyecto todavía está vigente, el ministro sostiene que ya fue cancelado, aunque por decisión propia.
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“Yo no aprobé lo actuado por la junta. La unidad ejecutora levantó el evento por requerimiento del Ministerio de Educación, pero lo levantaron muy tarde”, explicó Benito.
El ministro agregó que a pesar de que es necesaria una escuela en el lugar, no es urgente.
Urgencia lesiva
El jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, indicó que por acelerar los procesos se pudo caer en varios errores, los cuales no se pueden obviar.
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“Lo que se vio en el informe es que aceleraron demasiado el tema de la adjudicación, si bien es cierto el estado de Calamidad se legaliza por el Congreso de la Republica, por lo que no están obligados a la licitación y cotización, las normas mínimas de transparencia se mantienen”, explicó Mencos.
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Otro aspecto que resalta la Contraloría es que se desconocen las condiciones topográficas del terreno.
La UCEE debió considerar las recomendaciones que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo respecto de las medidas de mitigación y estudios técnicos; también si el suelo tiene la capacidad para que se desarrolle el diseño estructural.
El informe de la Conred, citado por la CGC, emitido el pasado 7 de junio, concluye que, de acuerdo con las observaciones de campo y la referencia de herramientas cartográficas, el terreno presenta indicios superficiales de inestabilidad por una corriente de agua principalmente de planicies, por lo que se considera “poco apto para su uso”.
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El vocero de la Conred, David de León, indicó que el informe es parte de un proceso de verificación de las condiciones de habitabilidad del lugar, por lo que este procedimiento se hizo en la finca La Industria, donde por procesos naturales, podría darse acumulación de agua y esto generaría dificultad a las personas del sector.
“En el informe lo que se hace es recomendar las medidas de mitigación que la empresa que va a encargarse de la construcción de las casas debe realizar, también se deben sumar los informes que el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros. Así como ocurrió allí, ese procedimiento se hace en todos los proyectos habitacionales”, explicó De León.
Compras dudosas
Desde principios de julio, la Contraloría comenzó a investigar por lo menos 10 compras que fueron hechas bajo el estado de Calamidad por la erupción del Volcán de Fuego, en los ministerios de Comunicaciones, Desarrollo Social y Agricultura.
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Según el portal Guatecompras, las adquisiciones hechas por el Estado por dicha emergencia sumaron cientos de millones de quetzales, y muchas llamaron la atención por presentar inconsistencias, como la sobrevaloración de sardinas y la construcción de una cancha sintética de futbol.
Q172.76 millones es el monto para la construcción de mil casas en el proyecto La Dignidad.
En el caso de la cartera de Agricultura, adquirió 297 mil 612 latas de sardinas por Q5 millones 654 mil 628, pero debido a las críticas por el alto precio pagado, el Ministerio anuló el evento.
Esa institución había comprado a casi Q17 la unidad, lo que suponía un sobreprecio de hasta Q4 por lata.
Dicha compra se había adjudicado a la empresa Agro Industrias Albay, S. A., la cual no tenía en su giro natural de negocio la comercialización de enlatados, lo que también provocó dudas. El Ministerio de Agricultura explicó que esos elementos eran para 16 mil 932 familias agrícolas afectadas por la erupción.
Otra adquisición que se anuló fue la construcción de una cancha sintética de 528 metros cuadrados por parte de la Municipalidad de Escuintla.
Por esa compra se habían adjudicado Q260 mil en materiales de construcción. La cancha iba a construirse para los vecinos que perdieron casa y familia por la catástrofe.
Modelo de las viviendas
Según las especificaciones técnicas, las mil casas serían construidas en la finca La Industria, Escuintla, a aproximadamente 20 kilómetros del Volcán de Fuego, y cada lote tendría un área mínima de 84 metros cuadrados.
Cada vivienda contará con dos habitaciones, sala-comedor-cocina, servicio sanitario y área para la pila.
En los aspectos técnicos se detalla que el diseño estructural de la vivienda deberá contemplar la capacidad para que pueda ampliarse en un futuro a dos pisos.
Según la propuesta del Fondo Social de Solidaridad, el tiempo de ejecución de los trabajos de urbanización no podrá sobrepasar los cinco meses y el período contractual para la empresa que brinde los servicios de Estudio, diseño y construcción será de 18 meses prorrogable.
Mientras se define si se construyen las viviendas para los víctimas de la erupción del Volcán de Fuego, se prevé que para el lunes se empiece con el traslado de las primeras familias a los albergues.
No obstante, todo dependerá de que terminen de instalar los servicios básicos en los albergues de transición unifamiliares.
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