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Pero en la fase en la que se encuentra la pandemia, Guatemala ya se quedó atrás. No tiene vacunas. A finales del año pasado la aprobación de los antídotos dieron una luz de esperanza a toda la humanidad, y algunos países comenzaron incluso con jornadas de vacunación antes de llegar al 2021.
Grandes potencias Europeas y los Estados Unidos comenzaron con el proceso de inmunización para sus ciudadanos, pero también hay naciones cercanas a nuestro país, como El Salvador, quien ya comenzó con este proceso, pero Guatemala no tiene ni la fecha de entrega de un primer lote de vacunas, que evidentemente, será insuficiente para toda la población.
Las razones para no contar con vacunas podrían ser no contar con los recursos disponibles, inconvenientes en la legislación nacional que evitan agilizar las compras y muchas más, pero solucionar cada uno de esos problemas está ahora en manos del Congreso y cada minuto cuenta.
Pero no será la primera vez que los diputados conozcan alguna propuesta legal enfocada en este tema. El 4 de septiembre de 2017 se presentó la iniciativa 5342, ley de vacunación, que busca garantizar la gratuidad de los procesos de inmunización y masificar su alcance.
El paso de esta iniciativa, como muchas, ha sido lento. El 25 de febrero del año pasado fue aprobada en su tercer debate, pero la aprobación de cada uno de sus 34 artículos sigue pendiente.
La actual legislatura incluyó, en más de una ocasión, la propuesta dentro del orden del día, pero la falta de quórum, y sobre todo de acuerdos, impidieron que esta sugerencia, que podría ser útil contra la pandemia, se convirtiera en ley.
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Importación y gratuidad
El Ejecutivo ya presentó una iniciativa de ley para la adquisición de vacunas. Contempla la emisión de bonos del tesoro para su compra y hacer procesos de negociaciones directas, lo que causado dudas en más de un sector. Pero no es la única propuesta.
A finales del año pasado el bloque del Partido Unionista, durante una citación con autoridades del ministerio de Salud, manifestó estar de acuerdo con la elaboración de una iniciativa de ley para reformar, temporalmente, la ley de compras.
Actualmente nuestra legislación impide al país dar adelantados, y por ende, puede existir una seria desventaja para la adquisición del producto a comparación de países que no cuentan con esas limitaciones.
También el diputado Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), manifestó que elabora junto a un grupo de congresistas una sugerencia de ley que permita a entidades privadas la compra y distribución de las vacunas, para colaborar con el esfuerzo gubernamental.
“En mi caso lo que he venido trabajando es una propuesta orientada a que no solo el Estado compre la vacuna, sino que puedan sumarse a ese esfuerzo de adquisición de vacuna grupos del sector privado y que puedan traer la vacuna exonerada de impuestos; que pueda venir una corporación y diga yo voy a traer 8 mil dosis, voy a aplicar un porcentaje a mi personal permanente y voy aplicar con otro porcentaje al esfuerzo de vacunación nacional, en fin, abrir esas condiciones”, explicó Conde.
El legislador fue claro que uno de los temas que vigilará su propuesta será la calidad, el costo y que cualquier proceso de este tipo se dé bajo la supervisión directa del ministerio de Salud.
“Aquí tenemos que cuidar dos cosas importantísimas, primero la calidad y luego el costo. Si cuidamos la calidad y cuidamos el costo vamos a poder evitar la especulación, porque la especulación se vuelve un gran enemigo de estos procesos, nos pueden venir a inventar una vacuna para venir a competir por precios pero que en realidad no sirve, entonces si queremos que exista calidad y precio”, añadió.
Pero algo que es fundamental para este proceso es la gratuidad de la vacuna, según el diputado Manuel Rivera, del bloque Victoria, quien presentó una iniciativa que busca que la inmunización sea gratis para todos, sugiere además otra forma de financiamiento, para evitar una nueva deuda nacional por medio de bonos del tesoro.
“Nosotros planteamos el financiamiento de la vacuna recogiendo todos los montos no ejecutados de los ministerios en el 2020, también establecemos retirarle el seguro de salud a todos los funcionarios públicos, que al año erogan Q125 millones, para lograr acumular más dinero para la compra de las vacunas, también es el traslado y la cadena de frio que tiene que llevar, se necesita mucho dinero, no más endeudar al país”, indicó el congresista.
Sin aspectos técnicos
El dinero para la compra de las vacunas contra el covid – 19 para Guatemala es uno de sus problemas, pero no el único, A criterio del epidemiólogo José Ortiz, director del Observatorio Nacional de Salud, la propuesta que envió el Ejecutivo al Congreso no contempla temas técnicos.
“Vemos que hay una ausencia total de ese aspecto ya que debería de contemplarse tanto la cadena de frio que tanto se menciona, así como la entrega final a la población y como se va a hacer la vacunación para inmunizar a una buena cantidad de la población guatemalteca, no se sabe ni a qué población va a ir dirigida”, señaló el experto.
El tema de las vacunas contra el covid – 19 ya llegó incluso a la propia Corte de Constitucionalidad (CC), mediante una acción de amparo la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) busca que no sea solo el gobierno quien compre las vacunas. Recientemente la presidencia envió un informe al máximo tribunal quien deberá de programar el tema para discusión y emitir una postura.
