¿Dónde está el dinero?, preguntan ciudadanos en redes sociales y en la Plaza de la Constitución. Se refieren a los fondos destinados para atender la emergencia causada por el covid-19.
La respuesta oficial es que en la página electrónica del Ministerio de Finanzas se desglosa la ejecución de cada préstamo. Además, esta semana, cada cartera informará sobre el gasto en los programas sociales, así lo anunció el presidente Alejandro Giammattei en el mensaje del domingo último.
Circular
La comisión anticorrupción emitió una alerta a Finanzas, porque localizaron un oficio de la pasada administración que permite el fraccionamiento en algunas compras.
“Una circular conjunta del año 2018, entre el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas (CGC), permite que se dé mucho el fraccionamiento (…) Son conductas que no pararon. Una compra no repercute mucho en el presupuesto, pero muchas compras ya hacen mella. Nosotros ya hicimos la recomendación ante el señor ministro de Finanzas, para que tome cartas en el asunto”, explicó Óscar Dávila, titular de la oficina anticorrupción.
“En el tema de la pandemia, hay unidades ejecutoras, sobre todo en Salud, que estaban aprovechándose de ese extremo, que es una de las denuncias que ya hemos presentado ante el Ministerio Público”, añadió.
La CGC añade que este tipo de compras no ocurren solo en la cartera salubrista, también en algunas municipalidades, que efectúan compras individuales menores a Q90 mil, por lo que dos comisiones de auditoría evalúan los eventos para emitir un dictamen, que servirán para las investigaciones, bajo reserva, que mantiene la Fiscalía contra la Corrupción, del MP.
“Debemos hacer énfasis en que solo el hecho de que una compra se fraccione no es constitutivo de un delito, el fraccionamiento inclusive es una figura que está establecida en la Ley de Compras del Estado y amerita una sanción económica. Lo interesante es identificar si existen otras maniobras artificiosas detrás por las cuales se pretenda defraudar o afectar los intereses económicos del Estado”, dijo el fiscal Stuardo Campo.
La oficina anticorrupción también prepara la Política Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que esperan esté lista a finales de año.
Esa herramienta permitiría a las oficinas públicas contar con insumos de buenas prácticas para erradicar la corrupción gubernamental.
Expectativas
Aunque la idea de una herramienta general que ataque la corrupción es esperanzadora, hay quienes dudan de su eficacia y objetividad, por haber surgido desde el Organismo Ejecutivo.
“Un punto de quiebre que determinó la forma como iba a trabajar este gobierno y la sociedad civil fue cuando el presidente sancionó la Ley de ONG. Desde ahí, cualquier trabajo en conjunto se torna difícil, y para la construcción de una política de ese tipo, donde también es necesaria la voz de comunidades indígenas”, señaló Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, aseguró que el titular de la oficina anticorrupción demuestra un buen papel, que se respalda con sus antecedentes dentro del MP y el Ministerio de -Gobernación, pero resaltó que una política nacional necesita de respaldo presidencial.
“Desde el presidente, hay mensajes contrarios, no son transparentes, hay secretismo, deniegan el acceso a la información pública. Más bien hay un rechazo al escrutinio público y de los medios. Como discurso, está bien. Como mesa, está bien. Pero si van a quedar solo del diente al labio estos esfuerzos y van a ser saboteados desde el seno del Gobierno, no serán efectivos”, puntualizó.
Hay sectores sociales que sí le apostaron a ese tipo de política nacional y consideraron que podría nacer en un momento crucial en el que Guatemala necesita atraer inversionistas que mitiguen la crisis económica actual.
“Los pilares de una política son que tenga una visión a largo plazo, que sea sostenible en el tiempo y que permita generar pruebas, seguimiento, certeza de castigo y que no sea solo un tema de cacería de brujas”, fundamentó Javier Zepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria.
José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), estima que la política citada por Dávila puede crear un momento propicio para medir la eficacia de la Contraloría, la institución que debe velar por el buen uso de los recursos públicos.
“En un sistema de pesos y contrapesos, lo ideal es que la parte de supervisión de fondos públicos no esté dentro de la misma organización”, dijo.
Las fuentes añaden que la Política Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción debe explicar el uso de los recursos para la crisis del covid-19, hablar de ampliaciones presupuestarias, fomentar buenas prácticas en oficinas públicas como privadas y educar a las nuevas generaciones.
