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Indicó que el Estado brindó protección a Villaseñor entre 1994 y 2013, cuando se desempeñó como jueza, pero no investigó hechos ocurridos en 1994, cuando enfrentó actos de intimidación ni situaciones de peligro que sufrió en años posteriores.
En el fallo se menciona que la jueza sufrió amenazas directas, como la advertencia del secuestro de su hija, así como daños “intencionales” a sus bienes y actos de vigilancia. Uno de los guardias asignados para su seguridad fue retenido, golpeado, drogado e interrogado para obtener información del actuar de la profesional.
“Distintas fuentes indican que durante la década de 1990 y al menos hasta 2012, existió en Guatemala una situación de inseguridad respecto de operadores de justicia, quienes podían verse expuestos a diversos actos de intimidación o agresión relacionados con su función”, señaló la sentencia de la CIDH.
Agregó que ello comprometió la independencia judicial sin que hubiera una respuesta del Estado para garantizar los derechos de Villaseñor y los de sus familiares.
“Quedó acreditado que el Estado tuvo conocimiento de todos los hechos señalados como intimidatorios por diversos medios, inclusive distintas presentaciones y denuncias efectuadas por la jueza en el ámbito interno”, apuntó la sentencia.
El tribunal interamericano ordenó a Guatemala publicar la sentencia y pagar a la jueza una indemnización por daño inmaterial.
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