Algunas de las funciones que establece el reglamento son: determinar los lineamientos del Instituto Guatemalteco de Migración, crear la Comisión Nacional para Refugiados y resolver todas las solicitudes de refugio.
Además, determinar a qué nacionalidades se les requerirá visa para ingresar a territorio nacional y actuar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuestiones relacionadas con la política migratoria exterior o internacional.
Lento avance
Para algunos sectores fue sorpresiva la publicación del acuerdo. El analista Pedro Pablo Solares, expuso que la creación de la institucionalidad avanza lento, debido a la falta de voluntad política del Gobierno.
“No ha habido movimiento visible como para creer que está en marcha, es posible que estén reglamentándolo, pero no creo que vaya a instalarse pronto”, indicó el analista.
Explicó que la Autoridad será un generador de políticas públicas y que queda pendiente la creación de otras instancias como el Instituto de Migración, que sustituiría a la Dirección General de Migración.
El Código de Migración que da paso a la creación de la nueva institucionalidad respecto del tema, fue aprobado por el Congreso de la República en octubre del 2016 y entraría en vigencia en diciembre del mismo año, pero un recurso legal en la Corte de Constitucionalidad ocasionó que no entrara en vigencia, hasta abril del 2017 cuando los magistrados de esa corte revocaron el amparo provisional que se había otorgado a un grupo de diputados, con lo cual dieron luz verde a la ley.
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