De estos, solo cuatro procesos continuaron su curso y dos de ellos corresponden al diputado Aldo Dávila, quien en una denuncia la CSJ resolvió quitarle la inmunidad. La razón es por haber agredido a un agente de la Policía Nacional Civil durante una protesta frente al Congreso.
La otra denuncia, que está en trámite, corresponde a un señalamiento hecho por el MP por un supuesto maltrato que hizo en una inspección ocular que realizó esta instancia en un caso por invasión a propiedad privada.
Los otros dos procesos de antejuicio se llevan contra el diputado de Viva, Rudy Wostbeli Gonzalez Cardona, por señalamientos de cobros que hizo a personas para obtener plazas en entidades estatales, y contra Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza que es denunciado por el abogado Llurandir Aleksander López Sandoval.
El antejuicio contra Wostbeli González se presentó en junio de este 2021 y sigue en pesquisas, mientras que según la página del Organismo Judicial, a Taracena le declararon su solicitud de antejuicio como “ha lugar con formación de causa”, aunque según el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aún no ha sido notificado sobre ello.
Los inlímine
Aunque el Ministerio Público es la institución que más recursos contra los diputados presentó, la mayoría de estos fueron rechazados y las causas contra Dávila son de las que más han avanzado.
En el 2020 se presentaron 110 solicitudes de antejuicio contra diputados, de las cuales 92 correspondían a una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Delitos Administrativos en hechos relacionados a la negativa de elegir a los magistrados de cortes pese a que existe una orden de la Corte de Constitucionalidad para ello.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no dar trámite a todas estas solicitudes, mientras el Congreso lleva más de dos años sin atender la elección de cortes.
Otro paquete de antejuicios que fue rechazado in límine fue el presentado por la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, contra los diputados de su mismo partido Óscar Argueta, Carlos Barreda, Mario Taracena y Karina Paz.
Otto Gómez contra los diputados
Durante el 2021, el OJ registra 37 procesos de antejuicio contra los diputados y es el polémico abogado Otto Rolando Gómez García quien ha presentado una veintena de ellos.
Gómez actualmente se encuentra ligado a proceso y bajo prisión sindicado de los delitos de obstaculización a la acción penal en forma continuada, simulación de delito, agresión sexual, discriminación y amenazas.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado lo señala de participar sistemáticamente contra la justicia presentando solicitudes de antejuicio basado en circunstancias espurias e ilegítimas. En los últimos cinco años Gómez presentó 37 solicitudes de antejuicio contra diversos actores.
Veinte de estas solicitudes fueron por el delito de sedición contra diputados de las bancadas Semilla, Movimiento de Liberación Popular (MLP), Winaq, Unidad Nacional contra la Esperanza (UNE), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Prosperidad Ciudadana, Podemos, Unionista, Partido de Alianza Nacional (PAN), Valor y uno contra un diputado del partido oficialista Vamos.
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Aunque los legisladores consultados señalan que estos procesos de antejuicio fueron rechazados, aún están registrados en la página oficial del Organismo Judicial como si estuvieran en trámite.
Aunque los antejuicios también son utilizados para sacar de la contienda electoral a rivales políticos y esto podría ser el objetivo de dirigirlos contra el diputado Dávila, el abogado y analista Edgar Ortiz explica que es contra los funcionarios municipales con los que se ha presentado este recurso para que no obtengan su finiquito y así no participar en las elecciones.
“Lo que me llama la atención es que la mayoría de las denuncias son absurdas, incluyendo el paquete de antejuicios de Otto Gómez. Pero también es la celeridad con la que han tramitado las denuncias contra Dávila”, reaccionó Ortiz.
Ha decir de Ortiz, el antejuicio tiene un fin y es no interferir con el trabajo de los diputados con denuncias espurias “aunque a veces se convierte en un caparazón de impunidad”, aclara. Tal es el caso de las denuncias presentadas contra el diputado Felipe Alejos y que fueron rechazadas en cuatro ocasiones o en el caso del diputado Jorge de Jesús García Silva que es señalado por el MP de dirigir una red de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Isivumeh), pero que aún no se han presentado cargos en su contra.
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“Sabemos que hay quienes ocupan cargos públicos que caen en abusos de autoridad y que se resisten a impulsar procesos de investigación y por otro lado hay una infinidad de antejuicios que no prosperan”, dice Geidy De Matta, directora del Instituto de Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).
A decir de Matta, en contienda electoral se utilizan recursos superfluos para obstaculizar procesos de inscripción, por ello la fiscalización ciudadana debe enfocarse en estos procesos para determinar en dónde están las intenciones de los procesos de antejuicios que se presenten.
“En la medida que estos antejuicios no vayan acompañados de procesos de investigación serios que le permitan a un juez a determinar resoluciones objetivas, no pasa a ser más que un show político”, agrega.
