Sin embargo, una buena cantidad de esta ayuda está condicionada a una serie de requisitos que deben cumplir los países, relacionados a migración, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción, cumplimiento que debe certificar el Departamento de Estado al Congreso de EE. UU.
La Ley destaca que los US$231 millones se destinarán al istmo bajo la iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica. Establece que dicha ayuda debe ser priorizada para programas que aborden la violencia, pobreza, corrupción y otros factores que contribuyen a la migración irregular, particularmente de menores no acompañados.
También, en planes para proteger los derechos de los pueblos indígenas, apoyar a la sociedad civil independiente, mejorar las condiciones económicas, así como combatir la corrupción, impunidad y grupos armados ilegales, incluyendo del narcotráfico.
Del total de fondos, US$100 millones —el 43 por ciento—, fueron aprobados para los países del Triángulo Norte de Centroamérica y deben ser dirigidos a programas que apoyen el desarrollo local.
Limitaciones
La disposición legal dicta que el 60% de estos recursos destinados para Guatemala y El Salvador, así como el 45% para Honduras serán comprometidos solo hasta que el secretario de Estado certifique el cumplimiento de ciertas obligaciones.
Estas son: combatir la corrupción e impunidad, incluso, investigar y enjuiciar a funcionarios de Gobierno del Ejército y de la Policía. También, implementar reformas, políticas y programas para fortalecer el estado de Derecho y fortalecer la independencia de la justicia y órganos electorales.
Otros requerimientos son, mejorar la transparencia del financiamiento de las campañas políticas, proteger a los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas y otros grupos civiles, incluyendo partidos de oposición.
Además, otros incisos hablan de la aplicación efectiva de la ley y limitar el papel de los militares en la seguridad pública, así como reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.
También, aplicar políticas para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico, que mejoren el entorno para la inversión extranjera reformar el sistema educativo y programas de formación para jóvenes en riesgo.
Por último, otra condición es que se debe informar a los guatemaltecos sobre los peligros de viajar de manera irregular a la frontera sur de EE. UU.
En la Ley se establece que si el secretario de Estado no certifica el cumplimiento de estas acciones la asistencia “se reprogramará” hacia “organizaciones de la sociedad civil en dicho país o para otros países de América Latina y el Caribe”.
Mucho apoyo
Detrás de Colombia, Guatemala es el segundo país del continente que más ayuda recibió en 2022. En total, US$241 millones en desembolsos, frente a US$486.8 que recibió el país sudamericano.
Detrás de estas dos naciones se ubican Haití, US$235.6 millones; Perú, US$175.9 millones; Honduras, US$149.7 millones; Venezuela, US$149.6 millones; El Salvador, US$108.1 millones; México, US$81.5 millones, República Dominicana, US$64.7 millones, y Nicaragua, US$38.3 millones.
Completan el listado, Costa Rica, Panamá, Cuba y Belice, cuyos desembolsos de la cooperación estadounidense en 2022 sumaron menos de US$20 millones.
Las principales áreas en las que se invirtió esa cooperación fueron, gobierno y sociedad civil, salud, educación, respuesta a emergencias, agricultura, protección del medioambiente, salud materno infantil y planificación familiar, asistencia y seguridad alimentaria, y programas de VIH, sida.
En estas áreas se invirtió el 87% del total del presupuesto desembolsado. Los principales socios fueron Catholic Relief Services, World Vision, Futures Group Global, Save the Children, Popoyan, ARD, Inc. y Jhpiego Corporation, quienes ejecutaron casi la mitad de los fondos.
Requisitos son solo trámite
Guatemala ha sido uno de los países privilegiados por EE. UU. en cuanto a cooperación, a pesar de las rencillas que ha habido con los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. En los últimos 10 años los desembolsos suman US$1 mil 922 millones.
“La cooperación muchas veces suele ser ajena al discurso político. Estos programas son de carácter político y ajenos a estos roces”, señala Roberto Wagner, internacionalista y profesor universitario.
La ayuda fluye, añadió, porque “se ha convertido en una especie de modus vivendi” que justifica, dentro del país cooperante, que “se está haciendo algo” y frente al que recibe los desembolsos que se le ayuda y por lo cual se esperan resultados.
Afirmó que estas regulaciones incluidas en el presupuesto de EE. UU. “siempre van a estar ahí” porque son impulsadas por ciertos congresistas de ambas cámaras que aún creen que algunos programas específicos dirigidos a la juventud pueden transformar al país y reducir la migración irregular.
Estos programas de apoyo son básicos, añade Wagner, quien ve difícil que sean recortados o cancelados porque “sería un golpe muy duro”, “reflejo del fracaso de la cooperación estadounidense en Guatemala y otros países”.
Añade que el cumplimiento de las obligaciones de los países es solo un trámite y que prácticamente se certifican de forma automática. Estos procedimientos solo cambiarían si un gobierno decide hacer una revisión integral de la cooperación estadounidense o a petición de algún congresista.
Recordó que pocas veces se han condicionado los desembolsos con seriedad. La última vez fue en 2014, cuando el senador Patrick Leahy condicionó la entrega ayuda a cambio de que se solucionaran los problemas por la adopción de niños de origen guatemalteco y de que se resarciera a las familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
“Son temas muy específicos donde un congresista halla algo, de lo contrario todo —la cooperación— es un monstruo que vive y trabaja por su cuenta”, señaló Wagner.
